- La asamblea aún no inicia el trámite del proyecto
- El tema ha generado división en PAIS, rechazo de gobiernos locales y reparos en otras fuerzas políticas. El Primer Mandatario dejó la ‘papa caliente’ al Legislativo.
Cita. En el Concope la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa; la ministra Doris Soliz, el prefecto de Imbabura, Diego García, y el secretario de la Senplades, René Ramírez.
El presidente Rafael Correa abrió un compás de espera en el debate sobre el proyecto de Ley de Fijación de Límites. Ayer, en la sesión solemne por los 190 años de provincialización del Guayas, admitió que puede haber errores y, si es el caso, el Legislativo deberá corregirlos.
El proyecto establece 422 tramos de límites, de los cuales 54 son interprovinciales y 369 intercantonales. “Con esa cantidad de trabajo por supuesto que puede haber errores y para eso está la Asamblea y los representantes del Guayas, para corregir cualquier imprecisión”, dijo el Mandatario.
Así, el Presidente trata de morigerar la tensión suscitada por una ley que coloca sobre el tapete conflictos territoriales que, en casos, llevan décadas. De paso, pone presión en una Asamblea que ahora tiene tres factores adversos para tramitar el proyecto: la división en el oficialismo, los reparos del resto de fuerzas políticas y el rechazo de los gobiernos seccionales.
Una prueba de esto último fue el acalorado debate de ayer entre la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, y la ministra de la Política, Doris Soliz, en una reunión del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope). Su intensidad opacó por instantes la reunión.
La Prefecta tildó de “mero capricho” la propuesta del Ejecutivo para que la pertenencia del cantón La Concordia (entre Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas) se decida por consulta popular. Su argumento es que la Constitución indica que los referendos deben realizarse solo en los casos donde no existan límites. Según ella, la demarcación de La Concordia fue establecida en el Registro Oficial 219, en 2007.
La Ministra se parapetó tras las disposiciones constitucionales y la capacidad del Ejecutivo de enviar propuestas de ley para resolver 39 casos de límites.
El Concope, que buscará bajar las tensiones y mediar en la controversia entre el gobierno provincial y el central, inició el análisis de la norma que llegó al Parlamento el 20 de octubre. Desde entonces y hasta la fecha, la propuesta ni siquiera ha sido calificada a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), debido a la polémica que ha generado.
En el oficialismo, sobre todo entre los asambleístas del Guayas, Esmeraldas y Azuay, hay rechazo a las consultas populares planteadas para resolver los conflictos de Manga del Cura, La Concordia y Matilde Esther. Incluso, ha habido quienes, como Gabriel Rivera, han buscado dialogar sobre el tema con el presidente Correa. Adicionalmente, los oficialistas de otras provincias ven con recelo las posibles divisiones territoriales incluidas en la propuesta.
En la Comisión de Descentralización, que es la que tramitaría el proyecto, no ha existido mayor debate sobre cómo sacarlo adelante. Sin embargo, para Gina Godoy, de PAIS, el aspecto técnico es esencial en ese debate. Por ello se espera que el Instituto Geográfico Militar remita el mapa cartográfico para dimensionar el impacto que tendrán los límites planteados en la normativa.
Rolando Panchana está en la misma línea. Es más, ha solicitado a la Comisión Especial de Límites Internos de la República (Celir) que hasta el 14 de noviembre entregue los documentos históricos, legales y socioculturales en los cuales se basa el proyecto. De no existir suficiente sustento la norma, para él, ni siquiera debería ser calificada por el CAL. Esa salida implicaría su archivo.
Panchana asume la posición más radical en el oficialismo. Hay otras voces, como la de Marllely Vásconez, vicepresidenta de la Comisión de Descentralización, que señalan que el trámite no puede ser evadido porque consta en la Constitución como tarea obligatoria.
Paco Moncayo (Alianza Libertad) y los municipalistas liderados por Alfredo Ortiz coinciden en la necesidad de aprobarlo para superar los problemas limítrofes que enfrentan a poblaciones. Pero en PAIS se sabe que el proyecto -tal como lo planteó el Ejecutivo- no tiene respaldo. El debate interno se avizora conflictivo.
Las minorías, por su lado, afinan contrapropuestas. Por ejemplo, el municipalismo mantendrá, la semana entrante, una reunión con el secretario de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Jhonny Firmat. Paco Moncayo tiene otra salida: que el proyecto de ley en lugar de fijar límites establezca procedimientos para la solución de conflictos: negociación, arbitraje, consulta, etc.
Jairala hace llamado a defender territorio
El presidente Rafael Correa dijo ayer en Guayaquil, en referencia a la Ley de Límites enviada a la Asamblea, que “si ha habido deseo expreso de perjudicar a una provincia, si me lo demuestra, tenga la seguridad que se aplicarán todas las sanciones del caso”.
Sus declaraciones fueron en respuesta a lo expresado por el prefecto Jimmy Jairala, quien le dijo que, con ese proyecto, Guayas pierde más de 800 kilómetros cuadrados de los 1.700 que disputa con las provincias vecinas. El mayor conflicto es con Azuay, provincia con la que mantiene más indefiniciones.
A esta conclusión llegó la Prefectura después de hacer un estudio técnico de los límites que fijó el proyecto del Ejecutivo.
En su discurso expresó que su deseo es tener una provincia “unida” e “inseparable”. “Hemos estado trabajando sin descanso para no perder más territorio, porque sabemos el valor de la tierra... Nuestro pueblo es positivo, tiene confianza en que las cosas van a salir bien por esta provincia... Sin embargo, no nos vamos a quedar callados por defender lo que nos corresponde como guayasenses”.
Además, indicó que “vamos a agotar todos los recursos que hay en nuestras manos”, dentro de los parámetros legales.
Daule y Samborondón en litigio por 70 km2
El proyecto de ley de fijación de límites reavivó un viejo litigio entre los cantones de Daule y Samborondón, ambos de la provincia del Guayas. El primero, según su alcalde, Pedro Salazar, pierde 70 kilómetros cuadrados por un error de la Comisión de Límites Internos de la República (Celir).
Apoyado en documentos públicos que datan del año 1866, explica que la Celir no respetó los límites fijados históricamente y “generosamente” entrega ese vasto territorio al Cabildo vecino, que tampoco ha dado muestras de querer resolver el conflicto.
Salazar, de filas del Partido Social Cristiano (PSC), detalló que de aprobarse la normativa, a la espera de trámite en la Asamblea Nacional, ocho urbanizaciones y ocho lotizaciones pasarían a formar parte de la jurisdicción samborondeña (ver gráfico).
Según un listado elaborado por el Municipio de Daule, las urbanizaciones involucradas en el litigio son Fuentes del Río, Puerta Real, San Antonio, Bonaterra, Málaga, Brisas del Norte, Castilla y Compostela. También hay tierras que tienen cultivos de arroz y ganado.
“Este problema tiene más de cinco años, pero se agravó luego que la Celir hizo un trabajo para la creación de la parroquia urbana La Puntilla y de la parroquia rural Tarifa (ambas de Samborondón). Allí cambiaron los límites de Daule; hemos impugnado, pero no recibimos respuesta”, detalla.
Entre las medidas a las que recurrió el Cabildo estuvieron un pedido de mediación a la Procuraduría Regional, del que no obtuvieron respuesta, y varios reclamos a la Celir.
Por historia y por ley, dice Salazar, su cantón tiene una extensión de 485 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Santa Lucía; al sur Nobol; al este Salitre y Samborondón, y al oeste Lomas de Sargentillo.
Como parte de las acciones que ejecutan la Municipalidad, instituciones públicas y organizaciones sociales de Daule está el envío de un oficio a Fernando Cordero, presidente del Legislativo, para exponerle el problema a la comisión especializada que reciba el proyecto de ley para su análisis y trámite.
El jueves, el burgomaestre presidirá, a las 16:00, un cabildo popular en el que la ciudadanía participará en las resoluciones sobre el tema.
“No queremos confrontación con nadie, pero los límites de Daule deben respetarse”, enfatiza el alcalde Salazar.
En las calles de Daule el ambiente todavía no toma un tinte conflictivo. Los dauleños prefieren dedicarse a sus quehaceres comerciales o agrícolas que empaparse del tema limítrofe.
El también socialcristiano José Yúnez, alcalde de Samborondón, desestimó la denuncia de su correligionario y manifestó que prefiere que el tema no se torne conflictivo. El primer edil señaló que luego emitirá un pronunciamiento.
Lista la primera mancomunidad
Ayer quedó listo el borrador para la creación de la primera mancomunidad entre Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que se presentó en la sede del Concope.
El documento lo prepararon los prefectos de Imbabura, Diego García; de Esmeraldas, Lucía Sosa; el viceprefecto del Carchi, Guillermo Herrera; la ministra de la Política, Doris Soliz, y el secretario de la Senplades, René Ramírez. El gran ausente a la cita de ayer en la sede del Concope en Quito fue el prefecto de Sucumbíos, Orlando Grefa.
La propuesta permitirá a estas provincias tener una competencia directa en áreas como salud, seguridad, vialidad, riego, educación... y concertar, entre ellas, proyectos de desarrollo conjunto. Guillermo Herrera hizo hincapié en que esta nueva estrategia política requerirá de la inversión del Estado.
En el cronograma previsto, las provincias tienen plazo hasta el 18 de noviembre para socializar las propuestas en los concejos cantonales, previo a la aprobación definitiva. Se estima que el 19 de noviembre, en Tulcán, se suscribirá un convenio para que esas provincias consoliden su integración que fue decidida el 6 de octubre en Tulcán, provincia del Carchi.
Más que un planteamiento del Gobierno, René Ramírez, titular de la Senplades, resaltó que la intención es ir hacia una propuesta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, “y la mancomunidad ayudará fuertemente a lograr este objetivo”.
Su creación está respaldada en el artículo 243 de la Constitución, que dispone que “dos o más regiones, provincias o cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias”.
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