Ministro del Interior pide remoción y destitución de malos Magistrados

***SNN
Boletin: Ministerio de Gobierno

El Ministro del Interior, doctor Gustavo Jalkh, presentó ante el Consejo de la Judicatura, dos denuncias en contra de jueces que actuaron fuera de la Ley. Pidió la suspensión inmediata de los dos magistrados y se activen los sumarios para su remoción y destitución.

La primera imputación es, en contra del doctor Benigno Torres, juez de la provincia de El Oro, quien emitió providencias a favor de los empresarios de INVERMUN, que importaron y pusieron en funcionamiento 4 mil máquinas tragamonedas, sin cumplir con los trámites legales correspondientes; por tanto, contraviniendo decisiones legales del Ministerio de Turismo y acciones adoptadas por el Ministerio del Interior, a través de las Intendencias de Policía.

El Ministro Jalkh aseveró que los empresarios de INVERMUN no presentaron los sustentos jurídicos para la internalización de dichas máquinas; y en vez de presentar las facturas o certificados de importación legítimos, "acudieron a un juez que ha encubierto estas acciones fuera de las regulaciones de la Ley y del Ministerio de Turismo, que tiene a su cargo este tema".

Consideró que la actuación del juez Torres, es realmente alarmante, de escándalo; que siendo un juez con jurisdicción en la provincia de El Oro, en Machala, hizo que su decisión tenga efectos a nivel nacional, para que en todas las provincias donde actuó la autoridad, igualmente tenga efecto su decisión y se quite el sello de clausura de las máquinas que fueron inmovilizadas por la Intendencias.

Manifestó que el mencionado Juez no tenía jurisdicción para hacerlo, ni siquiera en la provincia de El Oro, menos en todo el país, porque el operativo realizado en forma conjunta por el Ministerio de Turismo, la CAE, el SRI y el Ministerio del Interior, estaba debidamente fundamentado.

El segundo caso refiere al juez de la provincia de Esmeraldas, que dejó en libertad a los detenidos acusados de los incidentes violentos en el recinto La Concordia, amparado en el recurso de hábeas corpus. Señaló que este es un caso de impunidad grave, un atentado contra todas las normas constitucionales y legales. Insistió que no existe ningún sustento legal para la liberación de los detenidos en este caso.

"Estas decisiones dicen mucho del estado en que se encuentra la Función Judicial, por lo que el Consejo de la Judicatura debe tomar las medidas pertinentes para sancionar y excluir a los malos elementos; y apoyar y promocionar la carrera de los buenos jueces", enfatizó el Secretario de Estado. M.D/elch