Una de las extensiones de la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres se encuentra en el cantón La Concordia. Foto: CortesíaSegún el informe del Consejo de Educación Superior, había estudiantes que pagaban $ 14 por matrícula. En la extensión de La Concordia hay solicitudes de devolución por $ 42.000.
Desde julio pasado, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTE-LVT) era investigada por casos de corrupción y cobros indebidos a los estudiantes.
Luego de meses de investigaciones, de audiencias con las autoridades de la institución y de recopilación de denuncias de los estudiantes, el Consejo de Educación Superior (CES) resolvió intervenir integralmente al centro educativo.
¿Por qué ocurre la intervención?
Ya en enero de este año, el vicerrector académico de la UTE, César Saavedra, solicitaba al CES que era urgente suspender los procesos de graduación. Según Saavedra, en la universidad se realizaban graduaciones sin autorizaciones del consejo de facultades, y sin enviar la documentación a la Secretaría General del centro superior.
Efectivamente, de acuerdo con el reporte del CES, basado en la información recopilada, en 2009 la UTE-LVT y su extensión en Quinindé “pretendieron incorporar como abogados y doctores en Derecho a más de 50 estudiantes provenientes de distintas universidades”.
“En la universidad se han producido hechos de violencia que han atentado contra la integridad física de miembros de la comunidad”. Comisión de Investigación del CES
En ese entonces, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UTE desconoció la graduación. Un año más tarde el rector subrogante, Guillermo Mosquera, autorizó el trámite de las carpetas tratando de seguir adelante con la incorporación. Han pasado tres años desde estos hechos irregulares y el Consejo Superior de la UTE aún no ha sancionado a los responsables.
“En definitiva, tanto de las múltiples comparecencias como de la documentación entregada se concluye la existencia de una serie de graves irregularidades respecto a estos supuestos estudiantes de Derecho de Quinindé”, señala el informe del CES.
Entre las irregularidades se destacan inexistencia de matrículas, calificaciones y tesis de grado. Hay además evidencia de actas de incorporación ficticias, certificaciones de egresados ilícitas, un plan de contingencia no autorizado e incluso, cobros por supuestos cursos para solucionar el problema.
Más información del organismo rector indica que en la matriz y las extensiones de la UTE se efectuaron cobros por concepto de primera matrícula posterior al 2008, cuando se implementó el derecho de la gratuidad universitaria.
El CES comprobó que la UTE cobraba a sus estudiantes por servicios como “bonificación al fomento de la cultura, uso del laboratorio, derecho a publicar una investigación”, e incluso el papel para solicitar la matrícula.
Documentos recopilados muestran que los estudiantes de la extensión La Concordia de la UTE pagaron 14 dólares por la matrícula, valores que luego eran depositados en el Banco de Fomento.
Otra de las causas para la intervención de la Universidad de Esmeraldas radica en los actos de violencia que se produjeron en octubre de 2012.
En ese entonces, el rector de la UTE, Luis Felipe Pacheco, recibió un disparo en su vehículo mientras conducía en Esmeraldas.
“Este hecho se produce en el marco de un conflicto al interior de la UTE-LVT, entre quienes apoyan y quienes se oponen al actual rector”, especifica el informe del CES.
El artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) resuelve que una institución puede ser intervenida cuando existan situaciones de violencia que atenten contra el funcionamiento de dicha institución y la comunidad.
En cuanto al cogobierno, la universidad no ha convocado elecciones a sus representantes desde 2012, lo que viola el periodo de dos años que deben estar en funciones.
Además, el Consejo Superior de la UTE-LVT, mediante una transitoria creada internamente, escogía a los miembros del cogobierno entre estudiantes con mayor promedio.
Esto constituye una falta a la elección universal y secreta que persigue el CES.
Con la intervención en la UTE se da inicio a un proceso para “introducir, consolidar y monitorear, según sea el caso, correctivos concretos, especialmente de orden administrativo y de gestión”, concluye el informe.
Fuente: EL TELÉGRAFO
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