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CATARAMA, Los Ríos. Gloria Llumitagsi estuvo casada con Luis Guerrero, la primera víctima del licor adulterado.
Hoy, esas familias sienten viva la cicatriz por la pérdida de sus seres queridos, sienten el mismo desconsuelo y hasta molestia por lo que ellos consideran el olvido estatal, pues no se han cumplido las ofertas de ayuda. Hay hogares disgregados, viudas que luchan por mantener a sus hijos, hombres que batallan con sus problemas de salud.
Fue a inicios de julio del 2011 cuando Ricaurte vivía los festejos por la Virgen del Carmen. Decenas de personas bebieron licor artesanal, que se fabrica en zonas de Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí y otras provincias y que después las autoridades de salud determinarían que había sido adulterado con metanol o alcohol industrial.
Luis Alfredo Guerrero Cortez fue la primera víctima mortal, el 12 de julio. Vivía en Catarama. Desde esa fecha, en un lapso no mayor a quince días fallecieron otras 19 personas en Los Ríos. Los más de cien afectados se recuperaron poco a poco, pero al menos una decena tuvo efectos graves en sus organismos y al menos tres aún sufren de ceguera parcial.
Estos casos fueron solo el detonante para una cadena de muertes que se extendió al menos a siete provincias y que, entre julio y septiembre, cobró 62 vidas y registró alrededor de 300 afectados. No fue solo el licor artesanal el culpable; se detectaron, además, 14 marcas de vinos y licores elaborados en fábricas clandestinas, entre ellos Papelito, Tentador, San Francisco y otros que tenían registro sanitario falso. Estos se vendieron en otras provincias y también causaron muertes.
El 17 de julio del 2012, el gobierno decretó ley seca en todo el país, por 72 horas, que en Los Ríos se extendió una semana más. También un estado de excepción sanitaria por 30 días en todo el Ecuador.
Desde entonces se prohibió la venta de licor artesanal. Se iniciaron juicios contra al menos cuatro dueños de fábricas clandestinas, aunque aún no hay sentencias. El presidente Rafael Correa ofreció un censo de productores y la entrega de un código industrial, que poco se ha cumplido, según fabricantes de licor artesanal.
A pocos días de cumplirse un año de este episodio, entra en vigencia un alza de aranceles para licores importados. Dirigentes de gremios comerciales e industriales advierten que esta medida puede alentar el consumo de los preparados artesanales.
En Ricaurte, Catarama y sectores aledaños existe descontento por el incumplimiento de las ofertas estatales. Hace un año, Ximena Ponce, ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), señaló que se realizaba un levantamiento de información entre los familiares de los intoxicados para determinar el tipo de ayuda que les brindarían, aunque estos aseguran no haberla recibido. “…A las personas que se están censando se los podría incluir en el bono”, manifestó Ponce. Indicó que su cartera contaba con talleres de capacitación para las personas que queden con alguna secuela.
Mientras, Jesús Narváez, gobernador de Los Ríos, anunció entonces que estaba en análisis la inclusión de las familias en los programas de vivienda y bonos de desarrollo humano. Las personas con discapacidad también tendrían apoyo, al igual que los huérfanos, con becas de educación. Nada se ha cumplido, insiste la mayoría de afectados en Los Ríos. Al respecto, este Diario pidió al gobernador Narváez una entrevista, pero no hubo respuesta.
Gloria Llumitagsi, de 32 años, dice que le ofrecieron “todo tipo de ayuda, pero hasta ahora no ha llegado nada” (le ofrecieron becas para sus hijos y bono de la vivienda). Es la esposa de Luis Guerrero Cortez, la primera víctima del metanol. Recuerda que él ingirió el “trago malo” en las fiestas de la Virgen del Carmen, entre el 10 y 11 de julio. El día 12 se puso grave y al llevarlo al hospital “ni los doctores sabían qué era; después de que murió se supo la causa”, señala.
Tiene tres hijos, uno de ellos, que aún carga en brazos, es de Guerrero. Ella reside en la vivienda de su padre. El techo de zinc de la morada tiene perforaciones. No trabaja porque no tiene con quién dejar a sus pequeños. “Hubo muchos ofrecimientos. Lo que hubiera querido es que me ayuden al menos a poner un pequeño negocio”, afirma. Tampoco es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, porque –según ella– en el MIES le dijeron que no califica. “Ya todo volvió como antes; de nuevo veo que venden trago en esos lugares donde compró mi esposo”, refiere.
Virginia Molina, viuda de Lenín Picado, otro fallecido por el licor, se niega a hablar con la prensa porque –asegura– de nada sirvió que su caso haya sido uno de los más difundidos en los medios. Ella se quedó con cinco hijos menores que mantener y su caso era más crítico. “Vinieron periodistas, cámaras, ¿y qué he ganado? Por eso ahora no quiero saber más”, indica. Refiere que debe dejar abandonados a sus hijos, de entre 2 y 17 años, para trabajar en una peluquería de su cuñada. Recibe la mitad de lo que produce, unos $ 10 cuando es buen día, como el sábado, y durante los otros un promedio de $ 5.
La familia sin padre vive en una casa en Ricaurte que le facilitó un pariente, pero que pronto debe desocupar. La energía eléctrica la toma mediante una conexión directa desde los cables del frente, sin medidor.
“Ya me dijeron que iban a venir a cortar la luz y ya de esta casa debo salir porque viene otro dueño, no sé qué voy a hacer”, dice. Incluso –cuenta– la guardería donde deja a su pequeña, va a cerrar.
La muerte de José Ignacio Leyton Avilés por ingerir licor adulterado con metanol hizo que se desgrane su familia de seis miembros, quienes vivían felices en Catarama. Para ellos era más importante estar juntos y no importaba compartir una casa de caña.
Valeria Viviana, de 18 años, es hija de José y la única que queda en esa vivienda. Su hermano fue a vivir a Guayaquil y su hermana a Quito. La madre viuda, como no tenía en qué emplearse, también se fue a la capital con su hermana menor. Valeria Viviana se unió a un joven para –dice– darle un padre a su hijo de once meses. “Ya con la muerte de él, cada uno tuvo que ir por su lado para sobrevivir, porque no teníamos de qué subsistir. Mi papá trabajaba y construyó esta casita de caña donde todos vivíamos tranquilos, pero eso se acabó con su muerte”, afirma.
Señala que a su madre le ofrecieron bono y becas para que ella y sus hermanos sigan estudiando. Hasta una casa estaba entre las ofertas que ella no precisa de dónde provenían.
“Solo nos dieron una ración alimenticia del MIES, de ahí no llegó nada. Todavía esperamos que se cumplan las promesas, ya es un año y tampoco se sabe si han capturado a esa persona que vendió ese trago”, agrega.
Emilio Astudillo Cox asegura que por causa del licor adulterado conoció la muerte, que volvió a vivir luego de haber estado siete días en coma y diez más internado en el hospital de Infectología, de Guayaquil. Pero ahora enfrenta una especie de agonía, por las secuelas en su salud y las económicas.
Pese a ello no pierde la fe. Reside en una pequeña casa de caña, elevada por unos pilares, en la parroquia La Unión de Clementina, de Babahoyo. A sus 52 años tiene a cargo a su esposa, a una hija que es madre soltera y a tres nietos. Sufre constantes problemas de salud. Se le duermen los pies, no puede comer grasas, ni harinas, ni carne. Estuvo casi dos semanas con ceguera completa, ahora ve solo de cerca, a medias.
Así trabaja en el campo, dos o tres días por semana. Gana $ 8 diarios; su salario semanal no rebasa los $ 24. “Habían ofrecido tantas cosas, pero no se ha recibido nada. Ni el bono me dieron porque dicen que ya coge mi esposa. Mire, debo ponerme una inyección semanal, pero no la compro porque es cara, vale más de un dólar”, se lamenta.
También quedó con ceguera parcial Gorky Hernández, de Catarama, aún así, suele trabajar en una bananera doblando cartones. Pero los problemas visuales en él se evidencian, ya que no puede caminar solo. Se queja porque no recibió nada. Llegaron miembros del programa Manuela Espejo, lo revisaron y concluyeron que su deficiencia visual no ameritaba ser incluido en el programa.
Gorky Fernández
Sobreviviente del metanol
“Veo parcialmente y no puedo salir solo. Me ofrecieron ayudar, vinieron los del Manuela Espejo, pero no hubo ayuda”.
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Industriales licoreros de Tungurahua señalan que aún hay producto ilegal.
Fuente: EL UNIVERSO*
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