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Cléver Jiménez, asambleísta de Pachakutik
Quito, 04 ago (Andes).- El asambleísta Cléver Jiménez, del opositor partido de extrema izquierda Pachakutik, presentó una denuncia penal contra el presidente de la República, Rafael Correa, a quien responsabilizó del delito de lesa humanidad, por los hechos del 30 de septiembre de 2010. Audio:
Jiménez, quien llegó acompañado a la Fiscalía por el sindicalista petrolero Fernando Villavicencio, dijo que no es posible que Correa busque chivos expiatorios y culpe a otras personas de lo que él mismo causó.
El legislador indicó que basan sus acusaciones en videos, notas de prensa y en el informe presentado por las Fuerzas Armadas. De acuerdo a Jiménez, en este informe consta que Correa dio la orden para que se dispare contra el hospital.
No obstante, en ninguna parte del informe de 16 páginas se especifica este hecho.
Jiménez dijo que, además de las instancias nacionales, el objetivo fundamental es presentar una demanda contra Correa en la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad, conmoción interna, incitación a la sublevación pública de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La figura de conmoción interna ya fue utilizada por Jiménez para exigir la renuncia del presidente Correa, a las 10:30, el mismo 30 de septiembre, cuando los sucesos estaban aún en desarrollo. Ese día convocó a “todas las organizaciones del movimiento indígena, a los trabajadores, hombres y mujeres democráticos a construir la unidad y preparar nuevas acciones en rechazo al autoritarismo de Correa, en defensa de los derechos y garantías de todos los ecuatorianos”.
Jiménez justificó hoy ese pedido y dijo que lo había hecho porque “las cosas ya estaban dadas”.
Fernando Villavicencio, asesor de Jiménez, manifestó que todo lo que sucedió el 30 de septiembre “fue un golpe de efecto” creado por el Gobierno.
Informe militar
El lunes, el ministro de Defensa, Javier Ponce, precisó que las Fuerzas Armadas nunca recibieron la orden de disparar ni atacar el hospital de la Policía Nacional donde estaba retenido contra su voluntad el presidente Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010, por parte de policías insurrectos.
Ponce dijo a periodistas que la decisión de rescatar al presidente se tomó entre el Comando Conjunto y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, luego de que a través de las radio patrullas de la Policía se llamaba a matar al mandatario ecuatoriano.
Indicó que a las 14:30 –luego del fracaso de varias conversaciones de Correa con los insurrectos- se decidió que la ejecución del rescate tenía que ser de inmediato.
“Habría que preguntarse quién ordenó la insurrección policial y no quién ordenó disparar”, subrayó y explicó que únicamente parte de los elementos militares (el grupo de avanzada) que participó en el rescate utilizó armamento no letal.
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