Estefanía Montalvo, desde Santa Cruz, Galápagos/ EL COMERCIO
Aunque los 159 alcaldes del país estuvieron reunidos durante tres días en Santa Cruz, Galápagos, el tema de la inseguridad en el país no fue puesto en la agenda. Se conformaron cuatro comisiones para tomar resoluciones específicas, pero ninguna habló de medidas en contra de la delincuencia.
No obstante, los alcaldes están preocupados por el incremento de la inseguridad en sus ciudades. Por lo que ya analizan medidas para frenar la violencia. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Paúl Granda, lo reconoce, pero asegura que será motivo de una próxima asamblea, en la que todas las municipalidades del país se comprometan a trabajar de forma coordinada.
“Los gobiernos seccionales son los más próximos a las personas, por lo tanto, esa es nuestra misión, aunque el Gobierno central también debe aportar soluciones”, manifiesta Granda.
Justamente, en el Código de Ordenamiento Territorial se establece que es competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados trabajar en el frente de la seguridad ciudadana.
Es así que el alcalde de Pelileo, Manuel Caizabanda, dice que en su cantón se han formado las juntas de campesinado como una forma de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia de una forma organizada y proactiva. Pese a su labor, también reconoce que el Gobierno, desde sus ministerios debe abonar con lo que son las reformas legales necesarias para que haya sanciones más estrictas.
Para el alcalde de Macas, Hipólito Enza, esa es una acción urgente que es responsabilidad de la Asamblea y del Ejecutivo. “No deben tener miedo, deben actuar por el bien de la ciudadanía”. Por eso cree que es necesario hacer un plan nacional de seguridad en el que se coordine con los cabildos y las autoridades de control como la Policía y los militares.
Justamente, Vicente Carvajal, de La Troncal, señala que es importante que los ciudadanos se involucren en los procesos que se realizan en los comités cantonales de seguridad para tomar acciones conjuntas.
Según el informe de la Presidencia de la AME, en el país solo existen 30 consejos de seguridad.
Con Carvajal coincide Fernando Cedeño, de Santa Ana, y recalca que hay que basarse en un problema de fondo que es el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes en todo el país. “En esto, deberíamos trabajar con el Gobierno para combatir el problema de raíz”.
Esta postura es apoyada por el alcalde del Tena, Washington Varela. Pero cree que también se pueden hacer reuniones periódicas con la policía local, para comprometerle a un mejor trabajo.
Granda agrega que es clave que haya un trabajo coordinado con otras instituciones que conforman la cadena de la seguridad, como la Fiscalía y la Judicatura. “Los municipios no son un ente policial ni pueden suplir lo que debe hacer la Policía, pero debe ser un articulador del trabajo de todas estas instituciones”.
Asimismo, da un voto a favor de la participación ciudadana y una política pública sobre esta.
En ese sentido, Julio Robles, burgomaestre de Tulcán, reconoce que es clave trabajar en las reformas penales, pero también que el Gobierno sea partícipe de la ejecución de políticas y trabajo conjunto con los cantones fronterizos, que aún es un déficit.
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