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QUITO. El pasado 31 de agosto, el Ministerio de Relaciones Laborales incautó los equipos del medio de comunicación.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) conocerán la demanda por daño moral que la revista Vanguardia interpuso ayer en contra del presidente Rafael Correa.
El presidente ejecutivo de Vanguardia, Francisco Vivanco, y su abogado Carlos del Pozo Larrea oficializaron la presentación de la querella ante la oficialía mayor de la CNJ.
En el documento piden una indemnización de $ 2 millones (más los gastos procesales) como reparación al daño provocado a la imagen de la revista y al prestigio de sus socios
La demanda tiene como fundamento las declaraciones públicas realizadas por el mandatario durante el enlace sabatino del pasado 4 de agosto.
El presidente dijo que la revista “no paga a sus trabajadores, que incumple las leyes laborales, que su propietario es un abusivo, que se cobran multas ilegales, que no se han pagado decimotercero y decimocuarto sueldos, que no hay afiliación al IESS, que no hay roles de pago y contratos legalizados”.
Días antes, el 31 de julio, funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales y policías ingresaron a las oficinas de la revista para embargar sus equipos alegando incumplimientos de obligaciones patronales.
En el operativo, los gendarmes detuvieron al abogado Del Pozo por poner resistencia.
El medio recuperó sus equipos luego de pagar una multa de $ 29.370,16.
El pasado 21 de agosto, a través de una carta publicada en su edición de esa semana, los directivos de la revista solicitaron al presidente una rectificación ya que, según ellos, cumplieron con sus obligaciones al enrolar a personas con discapacidad.
“Señor presidente, sus declaraciones, basadas en hechos que no son reales, han causado un grave daño a nuestro prestigio empresarial y profesional y a nuestra honra. Estamos de acuerdo en que nadie está por encima de la ley, pero este axioma debe ser cumplido por las autoridades del Estado”, decía la comunicación.
La misiva se sustentó en el artículo 66 de la Constitución de Montecristi que se refiere a los Derechos de Libertad.
Como ese pedido no tuvo respuesta del mandatario, los ejecutivos de Vanguardia resolvieron plantear la querella.
La demanda incluye como pruebas de la infracción, 16 documentos relacionados a la declaración del presidente y otros que supuestamente demostrarían que el mandatario estuvo equivocado en sus afirmaciones del pasado 4 de agosto.
El medio impreso afrontó, en diciembre del 2010, otra incautación de sus equipos.
En esa ocasión, el Fideicomiso CFN-AGD No Más Impunidad se llevó sus computadoras con el argumento de que la compañía había incumplido el pago del arrendamiento de las oficinas.
Fuente: EL UNIVERSO*
El presidente ejecutivo de Vanguardia, Francisco Vivanco, y su abogado Carlos del Pozo Larrea oficializaron la presentación de la querella ante la oficialía mayor de la CNJ.
En el documento piden una indemnización de $ 2 millones (más los gastos procesales) como reparación al daño provocado a la imagen de la revista y al prestigio de sus socios
La demanda tiene como fundamento las declaraciones públicas realizadas por el mandatario durante el enlace sabatino del pasado 4 de agosto.
El presidente dijo que la revista “no paga a sus trabajadores, que incumple las leyes laborales, que su propietario es un abusivo, que se cobran multas ilegales, que no se han pagado decimotercero y decimocuarto sueldos, que no hay afiliación al IESS, que no hay roles de pago y contratos legalizados”.
Días antes, el 31 de julio, funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales y policías ingresaron a las oficinas de la revista para embargar sus equipos alegando incumplimientos de obligaciones patronales.
En el operativo, los gendarmes detuvieron al abogado Del Pozo por poner resistencia.
El medio recuperó sus equipos luego de pagar una multa de $ 29.370,16.
El pasado 21 de agosto, a través de una carta publicada en su edición de esa semana, los directivos de la revista solicitaron al presidente una rectificación ya que, según ellos, cumplieron con sus obligaciones al enrolar a personas con discapacidad.
“Señor presidente, sus declaraciones, basadas en hechos que no son reales, han causado un grave daño a nuestro prestigio empresarial y profesional y a nuestra honra. Estamos de acuerdo en que nadie está por encima de la ley, pero este axioma debe ser cumplido por las autoridades del Estado”, decía la comunicación.
La misiva se sustentó en el artículo 66 de la Constitución de Montecristi que se refiere a los Derechos de Libertad.
Como ese pedido no tuvo respuesta del mandatario, los ejecutivos de Vanguardia resolvieron plantear la querella.
La demanda incluye como pruebas de la infracción, 16 documentos relacionados a la declaración del presidente y otros que supuestamente demostrarían que el mandatario estuvo equivocado en sus afirmaciones del pasado 4 de agosto.
El medio impreso afrontó, en diciembre del 2010, otra incautación de sus equipos.
En esa ocasión, el Fideicomiso CFN-AGD No Más Impunidad se llevó sus computadoras con el argumento de que la compañía había incumplido el pago del arrendamiento de las oficinas.
Fuente: EL UNIVERSO*
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