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En el sector Sueño de Bolívar, en Santo Domingo. Los negocios cercanos deben ser removidos para dar paso a una superautopista.
Las manos le tiemblan cuando escucha la palabra expropiación. En 1976 perdió parte de su propiedad por la construcción de la vía Santo Domingo-Quevedo y ahora nuevamente podrían quitarle lo que queda de su inmueble.
Fanny Ortega, de 60 años, vive en el kilómetro 3 de esa vía. Por ahí pasará la superautopista que el Gobierno pretende construir hasta el 2014.
Será de 10 carriles y su construcción implicará la expropiación de las casas de las familias que están cerca. El Comité Pro Segundo Anillo Vial, de Santo Domingo, dice que 10 000 personas serán afectadas.
En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en cambio, se aseguró que la cifra se conocerá en septiembre, cuando terminen los estudios.
Según la Ley de Caminos (1964), las personas que hubieran construido una vivienda a partir de los 30 metros, desde el eje vial (centro de la vía), tendrán derecho a una indemnización si se construyera o ampliara una vía. Solo los cerramientos o líneas de fábrica se pueden levantar a 25 metros de la carretera.
La casa de Ortega está a 30 metros de la actual vía, por lo que tendría derecho a una compensación. Pero ella teme que pase lo mismo que hace 36 años cuando, pese a las ofertas oficiales, no recibió una indemnización.
Entonces, para construir la carretera, de 107 kilómetros, expropiaron a 200 personas. Ortega perdió 8 500 metros cuadrados de terreno. “No niego que la primera obra fue un avance para la ciudad, pero no quiero salir de nuevo perjudicada”, dice la santodomingueña. “A mi edad es difícil empezar desde cero. Cuando compré el terreno, el sector era una finca sin vías ni caminos”.
A 200 metros de su casa vive Luis Huilca, quien tiene una mecánica. A diario repara entre 20 y 30 vehículos. “No sabemos qué pasará. Hemos tratado que nos explicaran el proyecto, pero nos dicen que están en estudio”.
Carmen Rendón esperará la socialización para hacer los trámites de cambio de dirección de su negocio. Ella tiene desde hace 11 años la ferretería Riego Sistemas, en el kilómetro 4 de la vía Santo Domingo-Quevedo.
“He leído la Ley de Caminos y sé que tengo derecho a una indemnización, por cada metro cuadrado de la propiedad. Será difícil empezar, pero confiamos en los clientes fijos que tenemos”.
Ortega también perdió un negocio en la primera expropiaron de su inmueble. Tenía una carpintería, que era el sustento económico de la familia.
Ella recuerda que el día que llegó la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas decidió no estar en la demolición. “Paré un taxi y di vueltas por Santo Domingo por cinco horas. Cuando llegué vi que el fruto de mi trabajo de nueve años se había convertido en escombros”. Hoy tiene una casa de cemento, con dos habitaciones, una sala y un baño.
Mario Maldonado, director de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en Santo Domingo, aseguró que las indemnizaciones llegarán a todas las personas afectadas, pero que es un deber que colaboren en la construcción de la autopista que descongestionará el tráfico vehicular de 30 000 vehículos que circulan a diario por Santo Domingo.
La ampliación del anillo vial de Santo Domingo es la primera fase de la nueva superautopista. En la segunda se harán los estudios del trayecto hasta Quevedo.
Además, se construirán dos pasos laterales en la parroquia de Santo Domingo, Luz de América, y en Patricia Pilar, de Buena Fe (Los Ríos).
Los moradores de Luz de América se encuentran preocupados porque dicen que la actividad comercial pudiera verse afectada.
Henry Rivas, secretario de la Junta Parroquial, asegura que el 60% de los 12 000 habitantes subsiste de la venta de alimentos para los turistas que pasan por el kilómetro 23 de la vía Santo Domingo-Quevedo.
Allí hay 40 restaurantes. Freddy Macías es propietario de uno. Él recuerda que hace tres meses hicieron las mediciones en la carretera. “Pensamos que era una ampliación de la vía y no saldríamos perjudicados, pero los carros pasarán fuera de la parroquia. Ya no tendremos clientes”.
El jueves pasado, una delegación de los posibles perjudicados fue a Quito para hablar con las autoridades del Ministerio y de la Presidencia. Ortega no pudo ir por su estado de salud, pero su hijo la representó. Solicitaron que se cambiará el diseño del anillo vial, para que pase fuera de Santo Domingo y no por los poblados.
Las autoridades ofrecieron reuniones en Santo Domingo para analizar el tema.
Punto de vista
Luis Aguilar / Cámara Construcción
‘No es necesario un anillo vial con 10 carriles’
Hace alrededor de 30 años se planificó que Santo Domingo necesitaría una ampliación de carriles. La proyección era para seis. En la actualidad ese proyecto está en vigencia. Como gremio no estamos de acuerdo en una ampliación a 10 carriles.
Por eso solicitamos que socialice el proyecto y así dar sugerencias a tiempo. Habrá una reunión en la Cámara de Comercio, el 15 de agosto, a las 16:00. Allí podrán ir los moradores afectados y constructores.
La idea es que el proyecto nos beneficie a todos. La Ley de Caminos es muy clara con las indemnizaciones por expropiación de un terreno.
En Santo Domingo el encargado de evaluar el costo de la propiedad es el Departamento de Catastro del Municipio. En reuniones con el MTOP se acordó pagar según el precio comercial. La tarifa es de USD 100 el metro cuadrado que tenga la infraestructura.
Fuente: EL COMERCIO*
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