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Víctor Jiménez, de Covial, reconoce que la Ley de Tránsito vigente es severa al incorporar, por ejemplo, cárcel por exceso de velocidad, pero expresa que es la ley que merece el país.
A Fondo: Educación vial
A prisión, sin difusión masiva del reglamento de la Ley de Tránsito
Un vigilante repartía, el jueves pasado, volantes con datos sobre límites de velocidad a transeúntes y conductores, en la calle Boyacá, en el centro de Guayaquil.
Los infractores que fueron a prisión dicen que en su aislamiento tampoco se les habló de educación vial ni de la Ley.
La rutina de Édgar Proaño cambió el 24 de julio, a las 06:55. A esa hora detuvo la marcha de su auto por pedido de policías que, asegura él, estaban escondidos. Iba a 125 km/h por la av. Simón Bolívar, en Quito, en donde el límite de velocidad máximo permitido es de 90 km/h, según los parámetros establecidos en el país.
Una foto captada por un sistema con radar fue la prueba física de la infracción. La sanción fue de tres días de prisión, una multa de una remuneración básica unificada ($ 292) y la reducción de diez puntos en la licencia, como determina la reformada Ley de Tránsito, vigente desde el 29 de marzo del 2011.
Sin embargo, esta no regía completamente, ya que faltaba el reglamento que debía determinar los parámetros para su aplicación. Recién este 25 de junio entró en vigor dicha normativa, casi quince meses después de la vigencia de la Ley.
Proaño, un médico cirujano, estaba contrariado el día de su detención. Desconocía que ya regía la prisión por el exceso de velocidad. Dice que jamás escuchó campañas informativas sobre los rangos de velocidad que establece el reglamento ni sobre la legislación de tránsito.
“El desconocer la Ley no me exime de culpa. Y toda persona que maneja un carro debe conocerla. Suena bonito lo que se escucha, pero en nuestro país no se da eso porque nadie nos ha dado una educación vial. Hay que ser autodidacta”, expresa el médico, quien reclama medidas preventivas, como la difusión.
La promoción de las campañas masivas de educación, concienciación, prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, el tránsito, la seguridad vial y el medio ambiente se estipula en el literal 17 del artículo 29 de la Ley vigente, en la que se le atribuye esta función al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT).
Pero estas campañas, insistían los primeros apresados, no las escucharon por ningún medio. Casi un mes después de que empezó a regir el reglamento, Proaño se convirtió en el primer detenido en los operativos de la Policía de Tránsito que, hasta el 30 de julio, reportó a 53 choferes presos (tres días) en las 21 provincias de su jurisdicción.
Hubo también 6.433 conductores multados del 26 de junio al 30 de julio, con penas económicas y reducción de puntos en la licencia. Menos en Guayas, Santa Elena y Los Ríos, en donde se aplazó la prisión hasta difundir los límites de velocidad permitidos, pues en estas jurisdicciones opera la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Inicialmente se dijo que este mes empezaría la detención.
Para Guillermo Abad, director de Justicia Vial, es penoso que la gente reforme su conducta vial por el miedo, mas no por conocer las ventajas de respetar las leyes de tránsito. Él considera que los esfuerzos de las autoridades por educar y capacitar en seguridad vial son deficientes.
Por eso cree importante sancionar también a la autoridad que no cumple con las obligaciones que establece la Ley.
Pone un ejemplo. En febrero del 2009 venció el plazo fijado por la Ley para que la ANT y el Ministerio de Educación firmen un convenio para incorporar la materia de Seguridad Vial en el pénsum de escuelas y colegios. Pero esto no se ha cumplido.
Según la web de la ANT, en el 2011 se ejecutó un presupuesto de $ 875.000 en un proyecto de educación vial, pero no se ofrecen detalles sobre el contenido. También se menciona un fondo de $ 3’155.800 para señalización, en el rubro de Seguridad Vial.
En la planificación del presupuesto de inversión para este año aparece, de junio a diciembre, una partida de $ 743.925 para la difusión de campañas sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, de un monto total de $ 1’000.000 para esta temática. De febrero a mayo no se registra ninguna inversión.
Este Diario solicitó, esta semana, una entrevista por vía telefónica y por correo electrónico con el titular de la ANT, Mauricio Peña, pero el área de Comunicación no dio respuesta.
Expertos en seguridad vial, conductores no profesionales y profesionales, peatones e infractores detenidos –entrevistados por este Diario en Quito, Guayaquil y Cuenca– creen que primero se debieron difundir el reglamento y la Ley de Tránsito, antes de aplicar la prisión.
“De los nuevos límites de velocidad y de las sanciones por infringirlos me enteré por la prensa. Habría sido bueno que se implemente todo esto en un periodo de educación previo”, expresa Rodrigo Narváez, un recaudador que trabaja todo el día movilizándose en su motocicleta por las calles de Quito.
Pichincha es la provincia con mayor cantidad de infractores sancionados: 4.376 en total, del 26 de junio al 30 de julio. Le siguen Manabí, con 751; Chimborazo, con 281; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 144; Imbabura, con 124; Cotopaxi, con 120; Azuay, con 112; y Pastaza, con 111 infracciones por superar los límites y rangos moderados de velocidad.
Los conductores no profesionales (sportman con licencia tipo B) han sido los más sancionados con multas del 30% de una remuneración básica unificada ($ 87,60) y con la reducción de diez puntos en la licencia. Hay 4.273. Le siguen los choferes de camiones pesados y extrapesados (licencia tipo E), con 1.628 infractores.
Víctor Jiménez, de Covial, reconoce que la Ley de Tránsito vigente es severa al incorporar, por ejemplo, cárcel por exceso de velocidad, pero expresa que es la ley que merece el país.
Basa su afirmación en estadísticas. Dice que el 95% de los siniestros de tránsito es causado por las personas (conductor, peatón o pasajero) y tan solo el 5% corresponde a elementos externos (neblina, problemas en las vías, falta de señalización).
“Una ley severa es la que nos va a permitir forjar las conductas y actitudes. Es la única manera en la que podemos reducir tanta mortandad: 13 personas mueren al día en Ecuador en siniestros de tránsito y 139 quedan heridas”, insiste Jiménez.
En Azuay, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) promociona cursos de educación vial a entidades públicas y privadas, desde antes del 25 de junio, según su titular, Lenin Pérez. Pero, hasta el último jueves, solo dos cooperativas (Cuenca y Tomebamba) habían accedido a los cursos.
En Guayaquil, los conductores intercantonales e interprovinciales esperan, para mediados de agosto, la capacitación sobre el reglamento que les dará la CTE.
Víctor Jiménez, de Covial, reconoce que la Ley de Tránsito vigente es severa al incorporar, por ejemplo, cárcel por exceso de velocidad, pero expresa que es la ley que merece el país.
Basa su afirmación en estadísticas. Dice que el 95% de los siniestros de tránsito es causado por las personas (conductor, peatón o pasajero) y tan solo el 5% corresponde a elementos externos (neblina, problemas en las vías, falta de señalización).
“Una ley severa es la que nos va a permitir forjar las conductas y actitudes. Es la única manera en la que podemos reducir tanta mortandad: 13 personas mueren al día en Ecuador en siniestros de tránsito y 139 quedan heridas”, insiste Jiménez.
En Azuay, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) promociona cursos de educación vial a entidades públicas y privadas, desde antes del 25 de junio, según su titular, Lenin Pérez. Pero, hasta el último jueves, solo dos cooperativas (Cuenca y Tomebamba) habían accedido a los cursos.
En Guayaquil, los conductores intercantonales e interprovinciales esperan, para mediados de agosto, la capacitación sobre el reglamento que les dará la CTE.
Así indican que les han informado en sus respectivas cooperativas. “A todos en la terminal (terrestre) nos dieron este papel que dice ‘prisión’, pero yo no entiendo eso de los rangos. Solo sé que por todo me van a cobrar dinero”, comenta Alfredo, de 34 años, un conductor de la coop. Señor de los Milagros.
Según el departamento de Relaciones Públicas de la CTE, se elaboraron 500.000 volantes para Guayaquil, que se han repartido desde fines de julio en calles céntricas, en peajes y en universidades. No obstante, durante la mañana del jueves –en un recorrido realizado por un equipo de este Diario– no se evidenció esa entrega.
Según el departamento de Relaciones Públicas de la CTE, se elaboraron 500.000 volantes para Guayaquil, que se han repartido desde fines de julio en calles céntricas, en peajes y en universidades. No obstante, durante la mañana del jueves –en un recorrido realizado por un equipo de este Diario– no se evidenció esa entrega.
En la tarde se encontró a tres vigilantes repartiendo las volantes a peatones (unos sin vehículo y sin licencia) y conductores por avenidas céntricas, como Boyacá.
“¡Pero esto es para conductores! Yo quiero uno para peatones”, le exigió Luis Morales a uno de los uniformados.
A representantes de gremios de transportistas, la ANT les ha ofrecido, ante sus insistencias, efectuar capacitaciones a mediados de este mes. Así lo indica Napoleón Cabrera, de la Confederación de Transportistas del Ecuador.
“¡Pero esto es para conductores! Yo quiero uno para peatones”, le exigió Luis Morales a uno de los uniformados.
A representantes de gremios de transportistas, la ANT les ha ofrecido, ante sus insistencias, efectuar capacitaciones a mediados de este mes. Así lo indica Napoleón Cabrera, de la Confederación de Transportistas del Ecuador.
En cambio, José Zapata, de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros (Fenacotip), afirma que ellos ya empezaron una capacitación con la Dirección Nacional de Tránsito. Otros, sin embargo, todavía permanecen en espera, como la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas.
Detalles: Lo que dice la ley
Cuándo se aplica prisiónEl literal d del artículo 145 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sanciona con prisión de tres días, multa de una remuneración básica unificada ($ 292) y reducción de diez puntos en la licencia al conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. En cambio, el literal h del mismo artículo señala que a quien ocasione un accidente en el que resulte herida una persona, produciendo enfermedad o incapacidad física menor a 15 días, no se le aplicará prisión.
Fuente: EL UNIVERSO*
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