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Según la pagina web del Ministerio del Interior, la investigación se centró en este caso desde el 12 de junio del 2012.
"La Policía verificaba desde entonces los alcances de una poderosa organización internacional narcodelictiva que operaba en Guayaquil, Quito y Santo Domingo", señaló un comunicado publicado en esa página.
Sin embargo, se vincula a este caso con la llamada operación "Búmeran", ejecutada el 21 de noviembre del 2011, en la que se desmanteló un laboratorio de drogas en el cantón Cumandá, provincia de Chimborazo.
Tras la investigación, el miércoles 1 de agosto la Policía y la Fiscalía desplegaron un operativo en el que se allanaron ocho inmuebles, entre ellos uno ubicado en la urbanización Villa Club Cosmos, en Guayaquil, donde se encontraron cuatro sacos de yute con 100 paquetes de cocaína cuyo peso fue de 115,8 kilos (poco más de 255 libras).
La Policía calcula que cada kilo de droga cuesta 70.000 dólares en Europa. Así, el cargamento costaría 8,1 millones de dólares.
También se incautaron cinco carros, 35.000 dólares, cuatro pistolas con alimentadoras y municiones, equipos de comunicación y teléfonos celulares.
En la audiencia de formulación de cargos, los once detenidos fueron acusados de tráfico de drogas, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Tres de ellos recibieron cargos por posesión de armas.
El jefe Antinarcóticos del Guayas, Wladimir León, dijo que el departamento de Criminalística investigará si las armas fueron utilizadas en asesinatos.
El juez Ángel Moya dispuso que César Fernández, por su edad, 70 años, permanezca bajo arresto domiciliario.
Ayer, en breves declaraciones a periodistas, manifestó que se quedará en Guayaquil.
En el expediente consta que estará en una casa en esa ciudad; pero hasta ayer seguía detenido en la Policía Antinarcóticos porque, según los uniformados, faltaba la orden del juez.
Los otros diez detenidos fueron enviados a la cárcel.
Leonidas Lema Muñoz, fiscal Antinarcóticos de Guayas, aseguró que se abrirá un proceso de investigación por un lapso de treinta días para tratar de encontrar más nexos entre los acusados, a quienes se los investiga por presuntamente transportar drogas desde el puerto de Guayaquil.
León mencionó que para esto es necesaria, también, la complicidad de guardias, manipuladores de grúas y contenedores, inspectores, ente otras personas que, según el oficial, son "desechables" porque si son detenidas se las libera.
Según el ministro del Interior, José Serrano, Fernández lideraría o al menos sería una de las cabezas principales de una red de narcotráfico que operaba con envíos al exterior desde Guayaquil, bajo la modalidad de gancho ciego.
“Esta es una banda que nos estaba haciendo mucho daño durante varios años y que estaba enviando droga en una modalidad que se conoce como gancho ciego”, acusó Serrano.
Antecedente. Para Fernández es la segunda detención bajo sospecha de narcotráfico. El 23 de octubre del 2003 fue apresado en la Operación Aniversario, en la que se decomisó un aproximado de 450 kilos de clorhidrato de cocaína, una avioneta mexicana y se apresó a 14 personas entre ecuatorianos, colombianos y mexicanos.
Se presumió entonces que habría vínculos con carteles mexicanos y colombianos.
Si es culpable, la pena de Fernández se duplicaría
Rubén Franco, quien defendió a César Fernández en el caso Aniversario, aseguró que el exgobernador es inocente. Franco dijo conocer bien las actividades del acusado.
Además aseguró que sabe que la Policía Nacional no lo detuvo con ninguna evidencia, solamente lo vinculan por una llamada telefónica.
"En la etapa de investigación que abrió la Fiscalía Provincial del Guayas, la Policía debe demostrar las acusaciones que han hecho en contra de Fernández", dijo el jurisconsulto.
Franco está seguro de que el procesado va a ser declarado inocente, pero de ser culpable de algún delito y por ser reincidente la sanción que pueden aplicarle sería el doble de la pena estipulada para estos casos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del país.
El profesional manifestó que durante el tiempo que demore la investigación, Fernández estará detenido en el domicilio que ha escogido para cumplir la prisión preventiva. En el país no hay una cárcel especial para las personas de la tercera edad, como establece la Constitución.
Fuente: EL DIARIO*
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