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QUITO | El Juzgado 21 de Flagrancia dictó la orden de prisión preventiva en contra de los exrectores, exvicerrectores y autoridades administrativas de las 14 universidades suspendidas por matricular ilegalmente a 8.999 estudiantes después de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Hasta el momento están detenidos para investigaciones Vicente Rojas, exrector de la Universidad Autónoma de Quito, su hijo Vicente Rojas Ayala, exvicerrector de la institución, Luis Ayala, jefe de administración y Freddy Huilca, rector encargado; Enrique Proaño, exvicerrector de la Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL), y Joel Leones, exdirector Administrativo Financiero de este último centro de estudios.
El abogado de la UCL, Fabián Cevallos, consideró ilegal la detención de las autoridades porque se los quiere acusar como un delito de flagrancia, según indicó.
El presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez, indicó en mayo pasado que 6.056 alumnos matriculados tienen menos de 50 créditos aprobados, es decir, deben empezar sus carreras nuevamente.
Además, señaló que hubo apertura de cursos de nivelación pagados y no autorizados. Agregó que por esas matrículas consideradas ilegales, el CES presume que recaudaron al menos $ 8,5 millones en el 2011.
Las 14 universidades fueron suspendidas el pasado 12 de abril. El CES emprendió acciones legales en mayo, y en este mes, la Fiscalía General del Estado inició una indagación previa.
Entre los problemas detectados por la CES, están las cuentas en cero, ausencia de activos y presunta transferencia de bienes inmuebles a familiares y promotores, y cuentas paralelas.
Con amparo, UCL reclamará ‘vuelto’ de su patrimonio
A dos meses de la suspensión de catorce universidades, los exrectores de la Cristiana Latinoamericana (UCL), Alfredo Pérez Guerrero, Autónoma de Quito, OG Mandino y Tecnológica San Antonio de Machala coinciden en que el Consejo de Educación Superior (CES) no ha logrado configurar ningún delito en su contra, y califican de despropósito la indagación previa sobre la admisión de estudiantes después de octubre del 2010 –cuando entró en vigencia la Ley de Educación Superior–. Según ellos, esta no impedía nuevas inscripciones.
Marco Lucio Muñoz, de la UCL, explicó que en la transitoria tercera se determina que las de categoría E “no podrán ofertar nuevos programas académicos de grado ni realizar cursos de posgrado”, pero no indica “estudiantes nuevos”. Añadió que desde septiembre, al regir la transitoria del reglamento, ya no se matriculó.
Él y su abogado, Fabián Zevallos, explicaron que el patrimonio de la UCL era de $ 4 millones. “La deuda no llega a más de $ 1,6 millones y sobrarían unos $ 2,4 millones que reclamaremos”. Lo harán con un amparo de protección, “porque no es patrimonio del Estado, es privado... Si ya se toma y paga las deudas, ¿el vuelto de quién es? o van a cogerse los vueltos para la campaña de la revolución ciudadana”, dijo Zevallos.
El exrector de la Autónoma de Quito, Vicente Rojas, ratificó que “no existe estafa académica ni fraude académico”.
Las exautoridades de la OG Mandino y de la Tecnológica San Antonio defendieron la contratación de familiares. “Mi asistente era mi esposa, pero tenía actividades propias. Dos hijas mías trabajaban conmigo. Tres frente a más de 300 personas que laboraban”, dijo Manuel Ávila Loor sobre esta última. Y Jesús Vintimilla, de la OG Mandino: “Cuando uno es padre de familia puede meter a quien considere pertinente, mis dos hijas y la vicerrectora que era mi esposa trabajaban”.
Sueldos impagos
La Alfredo Pérez Guerrero, según el CES, no puede cubrir el pago de seis meses de sueldo a unos 50 docentes y trabajadores. Su exrector, Jorge Enríquez Páez, dijo que la administración temporal debe cancelarlos. “Existe un patrimonio aproximado de $ 750 mil por dos oficinas y las deudas ascienden a $ 400 mil”. Justificó que esa deuda se generó porque no tenían nuevos alumnos.
Fuente: EL UNIVERSO*
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