El ex prefecto fue destituido y sancionado con una multa de 5.280 dólares
Umaginga y la nueva prefecta, Blanca Guamangate
El informe de la Contraloría determinó irregularidades entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009. El funcionario estuvo 12 años en el cargo.
Aumentos ilegales a su remuneración y por ende a favor de la viceprefecta y demás consejeros provinciales, a más de nepotismo, son las irregularidades detectadas en el Informe Especial DR9-0012-2010 de la Contraloría General del Estado que, hace varios días, motivó la destitución del prefecto de Cotopaxi, César Umaginga.
El documento determinó que, entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, la Cámara Provincial aprobó diversos incrementos en la remuneración de Umaginga, incumpliendo la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca) vigente en aquella época.
La resolución se tomó en una sesión extraordinaria del 12 de diciembre de 2007, según la cual, resolvieron por unanimidad incrementar el sueldo mensual del prefecto en un 20% desde enero del siguiente año. Con ello, la remuneración mensual unificada de Umaginga pasó a 7.365 dólares.
Ello contradijo una de las disposiciones de la Loscca, en la cual se establece: que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mensual superior o igual a la del Presidente de la República, quien ese año percibía un sueldo de 4.250 dólares, de acuerdo a la tabla salarial fijada por la Senres. Mientras que el salario de un prefecto estaba fijado en 4.150 dólares, es decir, Umaginga ganaba un 44% más que el Primer Mandatario.
En marzo de 2008, el Consejo Provincial aprobó un nuevo incremento, fijando el salario del prefecto en 8.000 dólares mensuales, a los cuales se sumó, en 2009, una bonificación de 80 dólares a favor del mismo funcionario. Para ese momento, Umaginga no podía ganar más de 4.830 dólares, por lo que la Contraloría identificó un pago indebido de 43.491,67 dólares en 2008 y de 41.383,34 en 2009.
Por lo tanto, de la indagación realizada por el organismo de control, se estableció que durante ese período la Prefectura desembolsó 133.314,72 dólares de más a favor de Umaginga (incluyen 10.935,71 dólares por aportes patronales pagados en exceso).
Del mismo informe se desprende que también hubo errores en el pago de la remuneración de la viceprefecta Blanca Guamangate (actual sucesora de Umaginga), pues se le habría cancelado 22.593,31 dólares por dietas (pagos por asistir a sesiones ordinarias) de reuniones a las que no asistió.
Del mismo modo se registraron pagos indebidos a favor de los consejeros: Blanca Velásquez, Edmundo Rivera, Carlos Huilca, Galo Ibáñez, Vicente Proaño, Carlos Espín, Nelson Bayardo y sus respectivos suplentes que, en total, representan 151.428,72 dólares.
En ese período, Umaginga, como presidente del Consejo Provincial, también expidió nombramientos y contrató a hermanos e hijos de los mismos consejeros y por cuyos salarios la entidad desembolsó 136.501,04 dólares, sin que el director financiero, Jaime Viteri, y el tesorero Milton Culqui, realicen reparo alguno.
La Loscca establece aquello como nepotismo, acto que, según la misma ley, se sanciona con la destitución del funcionario, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.
Por ello, la Contraloría pidió la remoción de Umaginga y solicitó una multa por 5.280 dólares (equivalente a 20 salarios básicos de 264 dólares) en su contra. Entre los contratados están un hermano político de Umaginga como chofer, la hija de un consejero como técnica grado B y otros parientes de los consejeros.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
El documento determinó que, entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, la Cámara Provincial aprobó diversos incrementos en la remuneración de Umaginga, incumpliendo la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca) vigente en aquella época.
La resolución se tomó en una sesión extraordinaria del 12 de diciembre de 2007, según la cual, resolvieron por unanimidad incrementar el sueldo mensual del prefecto en un 20% desde enero del siguiente año. Con ello, la remuneración mensual unificada de Umaginga pasó a 7.365 dólares.Ello contradijo una de las disposiciones de la Loscca, en la cual se establece: que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mensual superior o igual a la del Presidente de la República, quien ese año percibía un sueldo de 4.250 dólares, de acuerdo a la tabla salarial fijada por la Senres. Mientras que el salario de un prefecto estaba fijado en 4.150 dólares, es decir, Umaginga ganaba un 44% más que el Primer Mandatario.
En marzo de 2008, el Consejo Provincial aprobó un nuevo incremento, fijando el salario del prefecto en 8.000 dólares mensuales, a los cuales se sumó, en 2009, una bonificación de 80 dólares a favor del mismo funcionario. Para ese momento, Umaginga no podía ganar más de 4.830 dólares, por lo que la Contraloría identificó un pago indebido de 43.491,67 dólares en 2008 y de 41.383,34 en 2009.
Por lo tanto, de la indagación realizada por el organismo de control, se estableció que durante ese período la Prefectura desembolsó 133.314,72 dólares de más a favor de Umaginga (incluyen 10.935,71 dólares por aportes patronales pagados en exceso).
Del mismo informe se desprende que también hubo errores en el pago de la remuneración de la viceprefecta Blanca Guamangate (actual sucesora de Umaginga), pues se le habría cancelado 22.593,31 dólares por dietas (pagos por asistir a sesiones ordinarias) de reuniones a las que no asistió.
Del mismo modo se registraron pagos indebidos a favor de los consejeros: Blanca Velásquez, Edmundo Rivera, Carlos Huilca, Galo Ibáñez, Vicente Proaño, Carlos Espín, Nelson Bayardo y sus respectivos suplentes que, en total, representan 151.428,72 dólares.
En ese período, Umaginga, como presidente del Consejo Provincial, también expidió nombramientos y contrató a hermanos e hijos de los mismos consejeros y por cuyos salarios la entidad desembolsó 136.501,04 dólares, sin que el director financiero, Jaime Viteri, y el tesorero Milton Culqui, realicen reparo alguno.
La Loscca establece aquello como nepotismo, acto que, según la misma ley, se sanciona con la destitución del funcionario, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.
Por ello, la Contraloría pidió la remoción de Umaginga y solicitó una multa por 5.280 dólares (equivalente a 20 salarios básicos de 264 dólares) en su contra. Entre los contratados están un hermano político de Umaginga como chofer, la hija de un consejero como técnica grado B y otros parientes de los consejeros.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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