Los periodistas cumplen labores profesionales que deben ser remuneradas de acuerdo a la ley(Andes).- Una investigación de Diario El Telégrafo pone al descubierto la situación de los periodistas que se sienten afectados en sus derechos laborales. El 25 de abril pasado Oswaldo Carrasco Andrade denunció ante el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) a sus ex jefes por despido intempestivo.
El comunicador colaboró en Radio Morena Telescucha S.A., propiedad del asambleísta de Sociedad Patriótica, Luis Almeida, desde el 1 de marzo de 1996 como operador y locutor vespertino. En ese tiempo, asegura Carrasco en su denuncia, recibió un salario de $ 320, no se le reconoció el pago de horas extras ni utilidades y cuando fue despedido tampoco le cancelaron los montos correspondientes a las vacaciones no gozadas por los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010.
El motivo del despido, según consta en la denuncia, fue porque Carrasco se ausentó durante 18 días a consecuencia de una cirugía de emergencia que le practicaron el 4 de abril de este año y que le obligó a tomar reposo por orden médica.
En la misma declaración, según el Decano de la Prenas Nacional, Carrasco indica que sus jefes fueron inmediatamente informados sobre su dolencia y que, incluso, el día previo a la cirugía envió a su hijo para que lo cubriera en el turno de la tarde.
También asegura que tras la cirugía, su madre fue a la radio guayaquileña con la documentación que certificaba el período de reposo, pero se negaron a recibirla. Pese a ello, el locutor se reincorporó al trabajo el 20 de abril, en donde le informaron que, por disposición de la gerente y esposa de Almeida, Jenny Morán Rodríguez, no podría retomar su cargo.
A la semana siguiente, Morán le ratificó que junto a su esposo decidieron “prescindir de sus servicios” y que al día siguiente podría retirar su liquidación: $ 2.432 por 16 años de servicio. Ante ello, Carrasco demandó a sus ex empleadores por “despido intempestivo” y una indemnización de $ 5.440, además del pago proporcional al décimo tercer sueldo, vacaciones no gozadas, horas extras y utilidades.
La demanda es investigada por el MRL que el próximo 15 de junio inspeccionará la emisora. Sin embargo, Almeida al ser consultado por El Telégrafo, dijo desconocer el caso y argumentó que desde hace varios meses dejó la administración de la emisora y que cualquier información sea consultada al personal a cargo en Guayaquil. Y pidió “no mezclar temas administrativos con asuntos políticos”.
Las estrategias que utilizan ciertos medios de comunicación para evitar obligaciones laborales son varias. Xavier Bucheli supera el temor a las represalias y denuncia que sus ex empladores le obligaron a renunciar tras conocer que el salario básico de los periodistas, congelado en $ 205 desde 2005, se incrementó a $ 482 en enero de este año por resolución del MRL.
El cronista deportivo laboró en Radio Sucre desde septiembre de 2006 con un salario mensual de $ 282 y fue apenas en 2009 cuando lo afiliaron al IESS. A inicios de este año, su jefe inmediato le informó que por disposición de Gabriel Arroba, gerente de la emisora e hijo del propietario, Vicente Arroba, debía presentar su renuncia para continuar como colaborador independiente y cobrar su sueldo mediante factura, con lo cual se suspenderían los aportes al IESS.
Ante la necesidad del empleo, Bucheli aceptó pues le indicaron que la radio no podía costear el alza salarial y los beneficios laborales de ley. Y pese a que cumplió la orden, el mes pasado su editor le comunicó nuevamente que por falta de presupuesto la emisora decidió separarlo de la institución.
Desde entonces, asegura el periodista, no ha logrado comunicarse con el gerente de la emisora y tampoco le han indicado cuándo le pagarán los cuatro meses de sueldo que quedaron pendientes. Además, menciona con indignación, que tras renunciar voluntariamente en enero pasado, la emisora le pagó $ 500 de indemnización por cinco años de trabajo.
El comunicador no descarta demandar a la emisora por los haberes pendientes y asegura que atropellos de ese tipo lo sufren varios de sus colegas. Ahora labora para un medio en línea y dice gozar de todos los derechos laborales.
Mientras esto ocurre en Guayaquil, los trabajadores de Diario La verdad, de Imbabura, que entró en un proceso de liquidación por problemas financieros hace dos meses, aspiran a que se les pague las liquidaciones, una vez que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social embargó equipos y maquinaria por no haber cumplido con las obligaciones laborales.
La deuda sumada a los intereses por mora es de $ 20.000, por lo que los propietarios plantearon la conciliación de la deuda y la posibilidad de realizar un convenio de purga de mora para saldar obligaciones.
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