Vélez es oriundo de la parroquia Canuto del cantón Chone Provincia de Manabí.
La Corte aseguró en la sentencia, publicada hoy en su página de internet, que Vélez "sufrió física y emocionalmente a causa de la privación arbitraria de su libertad, por las condiciones crueles, inhumanas y degradantes a las que estuvo sometido durante su detención" y que fue "sometido a un proceso migratorio sin las debidas garantías".
Los jueces determinaron que Panamá es responsable por violaciones a los derechos de libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y a la integridad personal, y además que incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la Justicia.
"Ha quedado demostrado que Vélez no contó con dicha asistencia (judicial), lo cual tornó inefectiva la posibilidad de acceder y ejercer los recursos para cuestionar las medidas que dispusieron su privación de libertad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la Justicia", explicó la CIDH.
Los hechos de este caso se relacionan con la detención en Panamá y posterior procesamiento de Vélez Loor por delitos relacionados con su situación migratoria, sin las debidas garantías y sin la posibilidad de ser oído y de ejercer su derecho de defensa.
La víctima también denunció falta de investigación de denuncias de tortura presentadas ante autoridades panameñas, así como condiciones inhumanas de detención entre el 11 de noviembre de 2002 hasta su deportación a Ecuador, el 10 de septiembre de 2003.
La Corte ordenó a Panamá "adoptar las medidas necesarias para disponer de establecimientos con capacidad suficiente para alojar a las personas cuya detención es necesaria y proporcionada en el caso concreto por cuestiones migratorias".
Estos sitios deben "ofrecer condiciones materiales y un régimen acorde para inmigrantes, cuyo personal sea civil y esté debidamente calificado y capacitado".
Además, le ordenó implementar programas de formación y capacitación sobre derechos humanos de inmigrantes, garantías del debido proceso y asistencia consular, dirigidos al personal del Servicio Nacional de Migración y Naturalización y funcionarios que tengan trato con inmigrantes.
La CIDH también señaló que el Estado panameño debe "continuar eficazmente" la investigación penal iniciada en relación con los hechos denunciados por Vélez, con el fin de identificar a las responsables.
El Estado panameño deberá pagar a Velez la suma de 7.500 dólares por concepto de tratamiento y atención médica y psicológica especializada, además de 41.500 dólares por los daño materiales e inmateriales causados.
La CIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus sentencias son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros del organismo hemisférico.
Fuente: EL DIARIO
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