miércoles, 19 de octubre de 2011

Presidente desestima pronunciamientos de la SIP sobre libertad de prensa en Ecuador

***SNN






El Presidente Correa desestimó las declaraciones del titular de la SIP.



El Presidente de la República, Rafael Correa, desestimó este martes, las declaraciones el titular de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sobre un supuesto atentado a la libertad de prensa en el Ecuador. El Primer Mandatario se refirió al tema durante el conversatorio que mantuvo con medios de comunicación de la provincia del Guayas.

 
"Qué solvencia intelectual, moral, democrática, tiene el señor Marroquín, que no sea haber tenido plata para comprarse unos cuantos periódicos en Guatemala?", cuestionó el Primer Mandatario, al tiempo que agregó, "así que puede decir lo que sea, que ni me va ni me viene".

 
Justamente, para democratizar la comunicación, ahora, específicamente, en el espectro radioeléctrico, servirá la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que fue presentada a la Asamblea por parte del Ejecutivo.


"Estamos planteando un sistema mucho más transparente, participativo", dijo el Jefe de Estado y recordó que siempre estuvo enquistada una gran red de corrupción en la asignación de frecuencias.

 
En otros temas, negó que se hayan desalojado 2.000 familias en la comunidad Río Verde, Chone para construir el proyecto Multipropósito y aclaró, que sólo se "desalojó" al señor Alfredo Zambrano a quien se ya se le pagó la propiedad.


"Un propiedad de 36 hectáreas en la que ya hemos ganado todas las instancias judiciales, ya se le depositó $180 mil, pero el señor no quería salir e incluso a sus hijos que lo trataron de convencer les cayó a machetazos", reveló el gobernante.


Catalogó como "irresponsable" la propuesta de la asambleísta Nivea Vélez sobre la jubilación de las mujeres tras 25 años de labores. "Son cosas que demuestran tan solo la irresponsabilidad, demagogia y mediocridad de ciertos asambleístas y grupos políticos", dijo.


Explicó, que materialmente es imposible hacerlo en estos momentos, pues eso representaría al Estado $200 millones anuales de los $500 millones que costaría.


Mencionó que incluso si fuera posible, económicamente hablando, habría que plantearse si es socialmente aceptable, que una mujer, que por ejemplo, empezó a trabajar a los 18 años, se jubile a los 43.



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