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El caso Teleamazonas. La estación fue sancionada en tres ocasiones durante la presidencia de Correa.
Teleamazonas se encuentra otra vez en la mira de los organismos de control de Telecomunicaciones.
La estación televisiva es investigada porque supuestamente violó el polémico artículo 80 del Reglamento Ley de Radiodifusión y TV.
Esa norma hace referencia a las infracciones que pudiera incurrir el medio. Entre ellas, la transmisión de información que no haya sido verificada y que pudiera causar conmoción nacional.
Este expediente contra Teleamazonas se inició por el reporte en vivo que hiciera su reportero Freddy Paredes, desde el Regimiento Quito, durante la sublevación policial del 30-S.
El periodista manifestó que recibió la llamada de un oficial del Ejército, quien lo había autorizado a informar que los militares, especialmente de esa Fuerza, se iban a unir a la protesta policial.
Para el Gobierno, el 30 de septiembre el país no solo vivió una insubordinación de policías y militares, sino también que hubo el intento de derrocar y de asesinar al presidente Rafael Correa.
Justamente, fue el Primer Mandatario quien cuestionó públicamente a Paredes. Él aseguró que eso demostraba un manejo “irresponsable” de la información.
15 días después, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones abrió un expediente a Teleamazonas por ese reporte.
Rubén León, secretario nacional de Telecomunicaciones, confirmó ayer a este Diario la apertura del expediente. Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre si existiría una infracción, pues dijo que se encuentra en indagación y Teleamazonas tiene derecho a presentar su descargo o pudiera adelantar su criterio y eso atenta contra las leyes nacionales.
A Freddy Paredes le tomó por sorpresa esa nueva investigación. En la tarde de ayer, dijo que había escuchado comentarios, pero que él no pudo confirmarlo.
Este momento, la Secretaría alista el informe, que deberá ser enviado al Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Este es un cuerpo colegiado que decidirá si hubo o no infracción.
La conformación actual del Consejo es evidentemente gobiernista, pues de sus seis miembros cinco son parte del Régimen. Solo existe un delegado de las Cámaras de la Producción del país.
El escenario de Teleamazonas es complicado en caso de que se detecte que cometió una infracción. La estación ha recibido tres sanciones previas. La primera por difundir una corrida de toros fuera del horario establecido, por la cual pagó una multa de USD 20.
La segunda por emitir la noticia de un supuesto centro de cómputo ilegal en Guayaquil en las elecciones del 2009. El canal fue multado con USD 40.
Mientras que en la tercera, sus transmisiones fueron suspendidas durante tres días, del 22 al 25 de diciembre del año pasado.
La información cuestionada fue puesta al aire el 22 de mayo del 2009, en la cual se dijo que “la explotación de gas en la isla Puná preocupa a sus moradores, pues el 90% vive de la pesca, y se les ha comunicado que ese trabajo se suspenderá por unos seis meses”. Esa explotación estaba a cargo de la petrolera venezolana Pdvsa.
En caso de que se concretara la sanción a Teleamazonas, esta sería la cuarta y significaría una posible suspensión de hasta 90 días, como lo señala el Reglamento de la Ley de Radiodifusión y TV.
Otra condición que perjudicaría a Teleamazonas sería la decisión que tomó la Corte Constitucional el 18 de noviembre pasado. Ese día, los magistrados dejaron sin efecto un fallo que favorecía a la televisora y dejaba sin efecto la tercera sanción al canal.
Para los miembros del organismo constitucional, los jueces de la Corte de Quito actuaron ilegalmente y ratificaron la amonestación impuesta al medio.
Marx Carrasco tiene dudas de la venta del canal
El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció que investigará cómo se realizó la venta de Teleamazonas. El 20 de octubre pasado, el banquero Fidel Egas dejó de ser propietario del medio, para cumplir con una disposición señalada en la Constitución vigente.
Egas vendió sus acciones a un fideicomiso integrado por un grupo de 140 trabajadores del canal, el cual posee el 48% de ese paquete. Para el pago, los empleados recibieron un préstamo financiado por Banco Pichincha, a través de un crédito a 12 años plazo, con dos de gracia para el pago. Esta entidad financiera es de propiedad de Fidel Egas.
El resto de acciones se vendió a la corporación Plural TV, un conglomerado de medios de Perú, que se quedó con el 30% de las acciones. Esta semana, el canal estatal EcuadorTV emitió una serie de reportajes sobre los dueños de este grupo, que maneja los diarios La República, El Comercio y América TV del Perú.
El otro 22% está repartido entre personas cercanas a Egas, que el banquero ha llamado como sus “amigos de Quito y Guayaquil”.
Para el director del SRI, Marx Carrasco, pudiera existir algo oculto dentro de este negocio, por eso anunció la investigación.
“No vaya a ser, y es una preocupación legítima nuestra, que exista gato encerrado y que de verdad la transferencia del dominio no haya cambiado”.
El SRI esperará que se cumpla el plazo para que el canal actualice su nuevo Registro Único de Contribuyentes (RUC). “Una vez que se dio la transacción, tienen 30 días hábiles para actualizar el RUC y esos 30 días estarían cumpliéndose a mediados de diciembre”, manifestó Carrasco.
Fuente: EL COMERCIO
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