Ecuador se convertirá en el segundo país latinoamericano en prohibir los casinos y salas de juego después de Brasil, luego de que la propuesta del Presidente Correa, ganara en una consulta popular, aunque los empresarios del sector avisan que la medida fomentará la clandestinidad.
En el resto de América Latina el juego está regulado y en Brasil, hasta ahora el único país que lo tenía prohibido, se debate actualmente en el Congreso un proyecto de ley para permitirlo y poner fin a las salas de juego ilegales, según la Asociación Nacional de Propietarios y Administrados de Salas de Juego (Anpasju) de Ecuador.
El presidente del país, Rafael Correa, dijo tras el cierre de las urnas el 7 de mayo que la supresión de los casinos "no va a ser de golpe, se va a establecer un proceso, puede ser un año, dos años".
El mandatario enfatizó que el objetivo es crear "un ambiente más sano" para los jóvenes y evitar que por "el vicio del juego" un padre de familia pierda su salario.
En la campaña electoral, Correa advirtió de que Ecuador debería evitar seguir el camino de Perú, que en su opinión está "inundado" de salas de juego, "hasta en la selva amazónica".
La presidenta de la Anpasju, María Augusta Díaz, reconoció en declaraciones a Efe que las cosas "se fueron de las manos" en Perú, donde llegó a haber más de 600 salas de juegos, pero dijo que ahora esos establecimientos se han regulado.
A su juicio, Ecuador está en el momento perfecto para diseñar un "control integral" del juego, pero prohibirlo llevará a la apertura de salas de juego clandestinas, que fomentarán las actividades mafiosas y tendrán el efecto contrario al que están buscando.
"Ninguna adicción se cura con prohibición", añadió.
Díaz afirmó que, tras los resultados de la consulta, "el diálogo es lo último que se puede perder", y explicó que pedirá formalmente al Gobierno que "involucre a todo el sector" perjudicado.
Anpasju mantiene que en Ecuador existen 160 salas de juego, casinos y bingos, y el "sí" en la consulta se traducirá en la pérdida de 25.000 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos.
El catedrático de Derecho de la Universidad Católica de Ecuador, León Espinosa, niega que el juego sea una lacra para el país.
"La gente no asiste de una manera masiva a los casinos, es un segmento social, la clase media-alta y las elites", sostiene.
Aunque no hay cifras sobre Ecuador, a nivel latinoamericano un 0,3 % la población es ludópata, según datos de la Organización Mundial de la Salud citados por Díaz.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, explicó a Efe que mediante la prohibición de los casinos se pretende terminar con el blanqueo de activos, relacionado al crimen organizado en este país andino.
"Estamos buscando eliminar estos ambientes favorables y propicios para el lavado de dinero, sabemos que los casinos, aunque puedan tener actividades que no sean ilegales, son la oportunidad adecuada para el lavado de dinero", dijo.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador, y gerente del Casino Plaza de Quito, Jorge Castro, se mostró "sumamente indignado" con estas acusaciones.
Afirmó que los 32 casinos del país son "regentados y controlados" por la Unidad de Análisis Financiero.
Castro recordó que los casinos "legalmente constituidos" aportan 12 millones de dólares anuales a las arcas públicas del país y que funcionan bajo el Reglamento de Casinos y Bingos.
El Gobierno de Ecuador ha prometido reubicar a los empleados de esos establecimientos, pero entre ellos reina el escepticismo.
"Somos un grupo demasiado numeroso, 40.000 personas internamente o externamente. A un grupo pequeño se le puede dar trabajo, pero a uno tan grande es imposible", dijo Paco Gustavo Novoa, gerente de operaciones del Casino Plaza, de 45 años.
Una jugadora habitual del mismo casino, una ingeniera electrónica de 32 años que no quiso que se divulgara su nombre, relata haber llegado a ganar 16.000 dólares en una noche, pero afirma que en ocasiones ha perdido hasta ¿8.000?.
"La mayoría de gente viene por divertirse, no es siempre una enfermedad, pero yo sé que a veces sí nos afecta a algunos. Lo que me preocupa es la gente que trabaja aquí, ellos dependen mucho de esto". EFE
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