El presidente Rafael Correa aclaró ayer que la Policía Judicial está bajo el mando del presidente de la República y del Ministerio del Interior, por lo que hay toda la capacidad legal y constitucional para someter a los miembros de la institución policial a la prueba del detector de mentiras.
Esta medida que la anunció el ministro del Interior, José Serrano, tiene como objetivo establecer medidas de confianza entre la ciudadanía y los uniformados, además de disminuir los índices delincuenciales.
Pesántez dijo, el pasado miércoles, que había enviado una carta al mandatario exponiendo las afectaciones que tendrá la aplicación de esta prueba. “Desde lo penal, es inaceptable que se utilice el polígrafo como un método de investigación. Aunque quizás el presidente tomó esa decisión sin asesoramiento”, dijo el fiscal y advirtió que el polígrafo atenta contra los derechos humanos previstos en la Constitución y demás tratados internacionales de los que el Ecuador es suscriptor.
Sin embargo, Correa señaló ayer que esa carta “creo que recién nos llegó hoy (ayer); vamos a responder, pero por si acaso los fiscales pasan por el polígrafo, los fiscales que trabajan con la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.). Y son polígrafos extranjeros, y eso sí es una vergüenza”.
“Nosotros hablamos con él de esto en diciembre pasado, con el ministro de Justicia (José Serrano, en ese entonces). Decir que él es el que dirige la Policía Judicial... ¡Por favor...! O sea, la Policía está bajo el mando del presidente de la República y del ministro del Interior, así que tenemos toda la capacidad legal y constitucional para implementar las medidas de confianza”, expresó.
Pero para Pesántez, el polígrafo no solo afecta derechos humanos, sino también las normas que rigen a la PJ y a la Fiscalía, pues según explicó, en el Consejo Directivo de la PJ, la Fiscalía es la que organiza y dirige un sistema integrado de investigación y control en medicina legal y ciencias forenses de este órgano, por lo que “no permitiremos que se lo pretenda destruir con novelerías. (Además) deben enterarse que existe un reglamento de la Policía Judicial, publicado hace 10 años, que también está bajo el control de la Fiscalía”, advirtió el funcionario.
Pese a esto, Correa aseguró que no se obligará a nadie a pasar por el detector de mentiras, sino que se les consultará si desean hacerlo. Pero aquellos que no pasen esta prueba se los reubicará, porque “estamos hablando de la Policía Judicial, de la que investiga los crímenes, los asesinatos, los delitos; tenemos que tener en esa unidad gente de absoluta confianza”.
Ayer el mandatario sostuvo una reunión con Serrano para evaluar los avances de la aplicación de esta prueba.
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