El sicariato en la costa Guayas
En lo que va de 2011, la Fiscalía ha receptado 147 denuncias por homicidios. De ellos, 89 corresponden al de estilo sicariato; 58 ocurridos
La madrugada del 22 de junio de 2010, Juan Camilo Gañán Monsalve sufrió un atentado junto con dos compatriotas colombianos, en el kilómetro 1 de la vía Perimetral, en Guayaquil.
El extranjero logró sobrevivir a seis balazos que recibió de presuntos narcotraficantes, cuando circulaba en un auto alquilado, por el sector de Tres Bocas, mientras trasladaba a sus coterráneos como parte de una ‘vuelta’ (trabajo) que había pactado en Quito, y del que recibiría 1.000 dólares de pago.
Aunque, inicialmente se lo consideró una víctima más del hecho, la mañana de ayer fue sentado en el banquillo de los acusados, frente a los jueces del tercer tribunal de Garantías Penales de Guayas: debía responder a las acusaciones que le formuló el fiscal Julio Vacacela, coordinador de la Unidad de Acción Inmediata.
Esta fue creada ante la ola de asesinatos en la provincia mediante la modalidad de sicariato, que en el año suman 89 casos, según registros de la prensa. De ellos 58 se produjeron en Guayaquil (hasta el 28 de mayo), de un total de 147 denuncias de homicidios, presentadas en la Fiscalía de la ciudad.
Gañán fue enjuiciado por el crimen de Luis Eduardo Posada Reyes y Jaime Restrepo Romero, quienes no sobrevivieron a los veinte balazos que recibieron de una subametralladora calibre 3.80 y otra arma de fuego rústica, siete de los cuales impactaron en la cabeza del primero.
El caso forma parte de los expedientes que, desde inicios de este año tramitan los tribunales de Garantías Penales de Guayas, por delitos de asesinato (la mayoría de ellos en la modalidad sicariato), homicidio y sus tentativas.
Según cifras de la Fiscalía, en lo que va de 2011, la justicia ha logrado dictar 100 sentencias por esos actos ilícitos, 77 de ellas condenatorias, 22 absolutorias (no encontraron responsabilidad) y una mixta. De esa cifra, 64 fueron por asesinato (51 condenatorias), 23 por tentativa de asesinato (9 absolutorias), 10 de homicidio y 3 por tentativa de homicidio.
Solo en mayo, la prensa registró 15 crímenes en manos de presuntos sicarios, 9 de ellos en la urbe porteña.
A decir del fiscal Jorge Blum, la movilidad delictiva que genera el sicariato, especialmente en Guayaquil, se desenvuelve mediante tres guerras. La una generada por pandilleros, particularmente Latin King y Ñetas, como parte de un enfrentamiento tradicional en el que disputan el control interno de la pandilla.
“Después de que mataron a (José Luis) Noboa, que era líder de los Ñetas, se están peleando ese liderazgo”, señala el fiscal, al estimar que quien llegue a ese sitial recibiría entre 30 a 50 mil dólares mensuales, por las cuotas que cada Ñeta entrega a la agrupación.
A ese enfrentamiento, suma una guerra por disputa del territorio. Cada pandilla defiende su sitio de operación.
La segunda guerra es la que se genera entre la delincuencia común, a través de los líderes de las bandas, que están presos en la Penitenciaría del Litoral. “Estos dominan el interior y exterior del reclusorio, por ejemplo, los Poveda, Choneros, Queseros, Luciano, Ramírez. Esas bandas también se disputan territorio como el Guasmo, Isla Trinitaria, Malvinas para los robos y distribución de la droga”, explica Blum.
La tercera guerra es la que libran los narcotraficantes (nacionales o extranjeros) y que ha hecho que Ecuador deje de ser un país de paso de droga -proveniente de Colombia y Perú- y se vuelva un productor.
“Se disputan estos espacios los peruanos en Durán, por ejemplo, y en el norte y sur de Guayaquil, los colombianos. Estos también se unen con ecuatorianos para la producción nacional, ya han encontrado hasta laboratorios en sitios cercanos”. El rechazo de la droga que queda es la que se expende a las bandas y pandilleros, según el fiscal, lo que enlaza a las tres guerras.
“Como hay pelea de territorio en los tres, hay muertos, hay asesinatos, tipo sicariato. ¿por qué se dan?, porque son sapos, los lorean o por el no pago de la droga, pero esos traficantes también hacen préstamos y vemos mezclado el chulco con droga y robos”.
El fiscal Julio Vacacela coincide con su compañero Blum. De las investigaciones que ha realizado en ese tipo de casos, ha observado que muchos de ellos tienen que ver por disputa de territorio.
“La Policía utiliza el término de ajuste de cuentas cuando las personas tienen antecedentes delictivos; yo sí he observado que las peleas que tienen es por la disputa de los territorios, por discrepancias que surgen entre esos grupos que se dedican al expendio de droga”, explica el funcionario.
No obstante, señala que hay casos de personas que han cometido muchos actos delictivos, como por ejemplo, el asesinato de un ciudadano en la Isla Trinitaria de apellido Alcívar, quien tenía 13 detenciones.
“Cuando ocurren estos casos (es porque) se han ganado muchos enemigos y puede ser por alguna venganza. No solo es ajustes de cuentas”, recalca.
En la mayoría de hechos, los investigadores no han podido establecer la identidad del autor material o intelectual del crimen. Sin embargo, Vacacela asegura que la Unidad que coordina ha logrado establecer en algunos expedientes quiénes son los responsables e inclusive han podido obtener órdenes de detención que van ejecutando de a poco.
“Pero sí tenemos casos, especialmente esos grupos que disputan territorio por la venta de droga, que son los que más se están matando”, afirma.
Pero la poca colaboración que existe, especialmente de la familia de la víctima, frena en gran medida el proceso investigativo. A decir del fiscal, inclusive cuando tienen a los acusados en audiencia de juzgamiento, muy pocas veces se presentan los familiares, lo que debilita el juicio.
Se presume que existe temor a correr la misma suerte del fallecido. El interesado solo llega a presentar la denuncia y de ahí desaparece.
Yo sí he observado que hay muchos casos en que las peleas que tienen (las bandas) es por la disputa de los territorios, por discrepancias que surgen entre esos grupos que se dedican al expendio de droga.
Julio Vacacela
Fiscal Unidad de Intervención Inmediata.
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