La Policía usa al sicariato para cubrir crímenes

***SNN
DIARIO HOY
Publicado el 17/Julio/2010 00:09

El funcionario planteó que uso de término policial es equivalente a que no habría una investigación profunda

"No se debe volver a utilizar la categoría "ajuste de cuentas" para clasificar a los asesinatos. La Policía tiene la obligación de investigar a fondo cada muerte a manos de sicarios". Esa fue una de las cuatro recomendaciones presentadas por el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, tras una visita oficial en el Ecuador.

Durante su misión de 15 días, el funcionario concluyó que la Policía utiliza a la categoría del sicariato "para cubrir delitos ocasionados por ellos mismos". De ahí es que se producen falencias en el sistema de justicia penal ecuatoriano. "(El sicariato) ayuda a que la Policía se abstenga de entablar procesos contra los responsables, porque (muchas veces) se trata de ellos mismos", detalló.

Alston conoció y citó la muerte de Germán Antonio Ramírez Herrera, médico legista especializado en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, quien trabajaba en el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo (Los Rios). El pasado 6 de julio, el galeno fue secuestrado por dos hombres y luego asesinado con un disparo en la cabeza. "Resulta que él tenía que comparecer para rendir testimonio contra la Policía, justo un día después de que lo mataron", narró.

Sin ningún reparo, el relator señaló que, de acuerdo a su experiencia, el médico fue asesinado "por la Policía o funcionarios carcelarios". Añadió que en esos casos, cuando la gente lee en la prensa que las autoridades sospechan que se trata de un ajuste de cuentas, "es como si en clave la Policía estuviera diciendo: "Por lo tanto, no vamos a llevar ahora una investigación minuciosa"", mencionó preocupado.

Nuevo órgano. Alston citó otro caso. El de una banda de sicarios que trabaja dentro de la Policía, la cual presuntamente realizaba ejecuciones extrajudiciales y operaba en la provincia de Los Ríos.

El 23 de abril de este año, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) presentó un informe sobre la existencia de dicha organización. La presunta banda la integraban 12 cabos y 12 gendarmes. La Fiscalía abrió las investigaciones correspondientes. Cuando se conoció el caso, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, dijo que Asuntos Internos se encargó del caso.

Sin embargo, Alston enfatizó en otra de sus recomendaciones que se debería poner fin a "la era de la Policía que se investiga a sí misma". Y propuso que el Gobierno debería crear "un nuevo ente que esté en condiciones de investigar la presunta participación de la Policía en una muerte de manera creíble, independiente, ética y ágil".

Reacciones. El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, calificó el informe de "infundado y subjetivo". "Hasta cuándo habrá supervisores internacionales que clasifican al país. Este es un país soberano", detalló. Reconoció que hay problemas en la Fiscalía, pero no en la "magnitud" que detalló el relator.

Por su parte, el presidente Rafael Correa anunció ayer que el Gobierno está reaccionando contra el sicariato.

Según el mandatario, el país ha avanzado en la lucha contra la delincuencia, pero reconoció que aún se deben dar más acciones. "Es cierto que homicidios y sicariato han crecido pero hay otros delitos que están reduciéndose", indicó. (GCA-EFE)

Ministros, acusados por muertes en frontera

El asambleísta Tomás Zevallos hizo pública su demanda puesta en contra de los ministros de Defensa, Xavier Ponce, y de Seguridad, Miguel Carvajal, por la muerte de tres personas en la provincia de Sucumbíos a manos supuestamente del Ejército ecuatoriano.

A criterio de Zevallos, las muertes de Francy Omitar Tamayo, Orlando Tapia Molano y José Sabino Timote, uno ecuatoriano y dos colombianos, fueron ocasionadas por disparos que les realizaron por la espalda el 18 de enero de 2010, cuando navegaban sobre el río San Miguel, a la altura de la cooperativa Dieciocho de Noviembre.

Esa conclusión la saca el asambleísta Zevallos luego de revisar los resultados de los protocolos de autopsia, en los cuales se concluye que los tres ciudadanos fueron disparados por la espalda. Zevallos señaló que los fusiles utilizados eran de dotación militar, por lo que se trataría de un delito de lesa humanidad.

En la demanda presentada ante la Fiscalía, Zevallos entre otras cosas pide que se dicte prisión preventiva contra los ministros Miguel Carvajal y Javier Ponce, el ex jefe del Comando Conjunto de las FFAA Fabián Varela, los comandantes del Ejército Ernesto González, Patricio Cárdenas y el comandante de la IV División, Hugo Villegas. (MP)