Los familiares de “Arenita”, como conocían a Murillo, no realizaron la acusación particular en contra de “Lagartija” cuando se enteraron de que no hubo enfrentamientos entre hinchas en el puente de la Unidad Nacional. Los abogados del procesado por la muerte de un hincha barcelonista en el puente de la Unidad Nacional presentaron un recurso de hábeas corpus.
Por segunda ocasión, el teniente coronel Diego Sandoval, subjefe del distrito policial Durán-Samborondón, se excusó por no presentarse a rendir su versión de lo ocurrido el domingo 4 de noviembre, en el puente de la Unidad Nacional, supuestamente porque no fue notificado.
Así lo informó Hernán Ulloa, uno de los defensores de Byron Miguel Velásquez Briones, conocido como “Lagartija”, quien fue detenido el mismo día por Sandoval, según consta en el parte de aprehensión.
Más tarde, en el Juzgado Trigésimo Segundo de Garantías Penales de Durán, en la ciudadela El Recreo, resolvieron dictar orden de prisión preventiva en contra de Velásquez, por tentativa de asesinato a George Michael Murillo León, de 20 años, quien falleció en Guayaquil mientras se efectuaba el acto judicial.
Hasta ese momento, según detalla el parte policial, se presumía que los incidentes fueron como consecuencia de un enfrentamiento entre barras bravas de Barcelona y Emelec, previo al Clásico del Astillero.
Pero en el percance también resultó herido Jean Carlos Lavayen Saavedra, de 18 años, quien le contó a su hermana Jessenia que solo vio policías en el puente y que lo acontecido no fue entre aficionados.
La pariente acudió a la Fiscalía y rindió esa versión, a pesar de ser presionada por agentes para que denuncie a “Lagartija”, según comentó el día que dieron de alta a “Jota”, como llaman a su hermano.
Lavayen habita en el noroeste de la urbe porteña y deberá estar tres meses en recuperación, pues una bala lo atravesó desde su glúteo derecho hasta el abdomen.
A la versión de “Jota” se sumaron los dos testigos que inicialmente señalaron a Velásquez como autor de los disparos, pues se retractaron de sus primeros relatos juramentados que rindieron durante la audiencia de formulación de cargos. Según los jóvenes, también se sintieron presionados.
Los familiares de “Arenita”, como conocían a Murillo, no realizaron la acusación particular en contra de “Lagartija” cuando se enteraron de que no hubo enfrentamientos entre hinchas en el puente de la Unidad Nacional.
Héctor Vanegas, abogado de las familias Murillo y Lavayen, hizo públicos nueve vídeos en los que se observan a policías disparando al aire, agresiones, y a un agente recogiendo supuestamente casquillos, como se escucha en la grabación.
Hernán Ulloa revisó las versiones de los uniformados que se acercaron -hasta la mañana de ayer- a rendir su declaración de lo sucedido, en la Fiscalía Primera de Durán.
“Uno de ellos dijo que no cogió casquillos, sino que primero se agachó a agarrar un palo y luego a coger dos monedas de un dólar. ¿Pueden creer?”, exclamó el jurista.
“Ya me han amenazado”
Cerca de las 09:30 de ayer, Ulloa y Oswaldo Dávila, defensores de “Lagartija”, acudieron a la Presidencia de la Corte de Justicia del Guayas para presentar un recurso constitucional de hábeas corpus.
Los abogados sostuvieron que la detención de Byron Velásquez es injusta. “Lagartija debe estar libre. No existen suficientes elementos para vincularlo en el delito”, aseguró Ulloa.
En el documento entregado a la Presidencia de la Corte, consta una versión de Velásquez en la que se señala que “estoy empeñado por 800 dólares para que no me hagan daño o me violen, como ya me han amenazado”.
Esto lo confirmó Ulloa, quien agregó que “solicitaré, cuando se haga la audiencia, que sea transmitida en vivo por twitcam, para que todos puedan observar lo que ocurre (durante el acto judicial)”.
Una fuente policial informó que al menos 35 agentes, de los 46 que estuvieron en el hecho, ya rindieron sus versiones, pero esto no fue confirmado por la fiscal Fanny Castro.
Motivos del recurso constitucional
1.- Que es necesario agotar el recurso interno previo, previsto para presentar una demanda judicial contra el Estado, por la injusticia cometida en mi contra y por violentar los principios fundamentales de todo ser humano.
2.- Que el numeral 9, del artículo 11 de la Constitución prescribe y sistematiza el procedimiento para los casos del error judicial, inadecuada administración de justicia, que concuerda con el artículo 75 y 169.
3.- Que no existen, procesalmente o no aparecen suficientes elementos o indicios de convicción, claros unívocos, varios, relacionados, concordantes de mi participación en el presente delito y,
4.- Que en los artículos 89 y siguientes de la Constitución del Ecuador, en concordancia con los artículos 43 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establecen la posibilidad de acudir ante su digna autoridad para interponer el presente recurso de hábeas corpus, en razón de una detención ilegal o ilegítima (como es el caso)”.
Fuente: EXTRA*
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