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QUITO. Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional que con 54 votos de 83 asambleístas presentes, eliminó la central de riesgos y los burós privados de información crediticia y crea el Registro de Datos Crediticios.
Con 54 votos de 83 asambleístas presentes, el pleno de la legislatura se allanó al veto parcial del Ejecutivo a la Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia.
De esta forma, se eliminan la central de riesgos y los burós privados de información crediticia y se crea el Registro de Datos Crediticios, manejado por una entidad estatal que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), entidad estatal.
Esta institución tendrá competencia exclusiva para recopilar y entregar la información crediticia.
Si bien en el texto del veto presidencial se dice que hay que aclarar una imprecisión en la redacción del texto que aprobó la Asamblea, "pues de su lectura se concluye que la Dinardap sería la única entidad que podría prestar servicios de referencia crediticia, cuando en realidad podrían coexistir junto con la Dinardap otras entidades que presten este tipo de servicios”.
Paco Velasco, presidente de la comisión de lo Económico, explicó que lo que hace el veto parcial es devolver a las entidades de control su calidad de auditores de los procesos de registro del historial creditcio que estará a cargo de la Dinardap.
Además el Banco Central del Ecuador tendrá la facultad de determinar los casos que cuando haya intereses de mora en una deuda se los impute primero al capital y no a los intereses.
Otros temas modificados por el Ejecutivo y que regirán con esta ley son la ampliación de 3 a 6 años el tiempo del historial crediticio que se utilizará para los cálculos de la metodología que usará la Dinardap.
Además, el Registro Crediticio mantendrá información de los últimos seis años y no 20 años, como lo aprobó la Asamblea. También el IESS y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Isffa) estarán obligadas a entregar al Registro de Datos Crediticios la información de los créditos que entregan a sus afiliados.
El veto presidencial fue enviado a la Asamblea el 31 de octubre pasado.
Fuente: EL UNIVERSO*
De esta forma, se eliminan la central de riesgos y los burós privados de información crediticia y se crea el Registro de Datos Crediticios, manejado por una entidad estatal que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), entidad estatal.
Esta institución tendrá competencia exclusiva para recopilar y entregar la información crediticia.
Si bien en el texto del veto presidencial se dice que hay que aclarar una imprecisión en la redacción del texto que aprobó la Asamblea, "pues de su lectura se concluye que la Dinardap sería la única entidad que podría prestar servicios de referencia crediticia, cuando en realidad podrían coexistir junto con la Dinardap otras entidades que presten este tipo de servicios”.
Paco Velasco, presidente de la comisión de lo Económico, explicó que lo que hace el veto parcial es devolver a las entidades de control su calidad de auditores de los procesos de registro del historial creditcio que estará a cargo de la Dinardap.
Además el Banco Central del Ecuador tendrá la facultad de determinar los casos que cuando haya intereses de mora en una deuda se los impute primero al capital y no a los intereses.
Otros temas modificados por el Ejecutivo y que regirán con esta ley son la ampliación de 3 a 6 años el tiempo del historial crediticio que se utilizará para los cálculos de la metodología que usará la Dinardap.
Además, el Registro Crediticio mantendrá información de los últimos seis años y no 20 años, como lo aprobó la Asamblea. También el IESS y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Isffa) estarán obligadas a entregar al Registro de Datos Crediticios la información de los créditos que entregan a sus afiliados.
El veto presidencial fue enviado a la Asamblea el 31 de octubre pasado.
Fuente: EL UNIVERSO*
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