En el país, de cada 10 mujeres que trabajan, cinco abandonarán voluntariamente algún empleo ante las insinuaciones sexuales de su jefe. Nadie denuncia: esto consagra la impunidad.
Tres denuncias por acoso sexual llegaron al Ministerio de Defensa en los últimos dos meses: involucran a uniformados. Que en la fuerza hay casos de hostigamiento es un hecho tan cierto que está por lanzarse la campaña: “No significa No”, para crear conciencia.
Poder y seducción son dos de los hilos con que se borda el telar de la historia. No solo en Estados Unidos, donde se ventila públicamente el caso del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, acusado de un delito de agresión sexual contra la empleada de limpieza del hotel donde se alojaba.
El expediente concita atención en el mundo entero. Pero historias que contienen elementos de poder –subordinación– intento de agresión o acoso sexual son frecuentes. Tanto, que de cada 10 mujeres que tienen vida laboral, cinco abandonarán voluntariamente algún empleo ante insinuaciones sexuales de su jefe, según explica a Vistazo Zaida Rovira, coordinadora Nacional de Protección Prioritaria en la Defensoría del Pueblo.
En Ecuador, el fenómeno permanece invisibilizado, en parte porque la legislación en esta materia es ineficiente y garantiza la impunidad del acosador. Y también por el silencio de las víctimas, que serán revictimizadas cuando la sociedad escrute su pasado para descalificar su condición de denunciantes, según Ana Lucía Herrera, presidenta del Consejo Nacional de Igualdad de Género.
En el caso emblemático del exdirector del FMI y la empleada de limpieza, saltan a la vista las condiciones “dudosas” de la denunciante: migrante, originaria de un país africano, posible portadora de VIH, una “aventurera” que se puso en peligro porque entró a limpiar cuando el huésped estaba tomando un baño… “Los elementos juegan contra la víctima, ahora ella debe probar que sufrió el delito”. Sin embargo, la denuncia se ventila en cortes de Estados Unidos, un país que tiene una legislación poco tolerante frente a estos temas. En Ecuador la legislación es más bien permisiva y consagra la impunidad.
Casos archivados
El tema mereció titulares de prensa, en enero de 2008. El subsecretario de Comercio del Ministerio de Agricultura, Guillermo Ortega, fue detenido bajo el cargo de acoso sexual, luego de que una ciudadana denunciara que el funcionario le pidió favores sexuales a cambio de ayudarle en el trámite de importación de mercadería desde Perú, a través de Huaquillas.
“Le solicité de manera especial que me ayudara, yo siempre había cumplido el trámite en Quito sin problema; en eso me dijo qué iba a hacer en la noche, que me fuera a visitarle en el hotel, donde me iba a firmar los documentos. Le llamé por teléfono y me precisó el nombre del hotel, y me pidió hablar con el recepcionista y subir directamente a la habitación 664…”. La denunciante Sofía Navarrete subió a la habitación, acompañada por funcionarios de la entonces Secretaría Anticorrupción y de un sargento de Policía, quien lo detuvo. La oficina de combate a la corrupción, creada por este Gobierno, dio gran despliegue a la denuncia.
Siete meses más tarde el imputado fue sobreseído: el Fiscal se abstuvo de acusarlo. En su argumento, “No se encuentran cumplidos los elementos constitutivos del delito de acoso sexual…”, según el dictamen, que subió a apelación, y que se encuentra en poder de Vistazo.
Otro expediente, menos mediático: María Espinosa, de 19 años, fue tocada en sus partes íntimas cuando viajaba en un bus de transporte público, desde Loja a Quito. El agresor, un médico cirujano que viajaba en el asiento contiguo, negó el hecho. Presentada la denuncia ante la Fiscalía, el perito encontró “Vulva congestiva, debido a tocamiento, roce o proceso inflamatorio”. El Fiscal no halló elementos acusatorios, y en su dictamen exculpó al acusado.
En la legislación ecuatoriana, para que se configure el delito de acoso sexual son imprescindibles dos elementos: que el presunto acosador se encuentre en condición de ventaja (por ser jefe, superior, docente; por ser quien está a cargo de un trámite); y; que haya una amenaza o el uso de la fuerza de por medio.
“Es una limitación de la legislación ecuatoriana, es ineficiente frente a un caso de esta naturaleza”, explica Zaida Rovira, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. “Muchas veces, nos acostumbramos a justificar el acoso, sobre todo cuando es un caso aislado, como la realización de un trámite”.
Sin temor a equivocarse, la jurista sentencia que la gran mayoría de casos de acoso sexual en el puesto de trabajo queda en la impunidad: la víctima opta por el silencio, ante la perspectiva de perder su empleo. “Con frecuencia la víctima cae en un círculo vicioso; pierde autoestima, se siente humillada porque el jefe empieza a criticarla frente al resto y desvalorizarla, y termina realizando mal su tarea”. Muchas de ellas lo perderán bajo la acusación de haber hecho incorrectamente las tareas desempeñadas.
Hay otra limitación. Para denunciar ante la Fiscalía, hay que presentar pruebas. “¿Quién deja evidencia de que está acosando sexualmente a otra persona?”, pregunta Rovira. “La mayor parte de estos delitos se realiza sin testigos”.
Sin embargo, quien sufre de acoso sexual en su trabajo tiene varios caminos a seguir: asegurarse de que otros compañeros conozcan del hostigamiento, presentar quejas ante la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales que puedan hacer seguimiento al debido proceso; y, llevar la denuncia ante la Fiscalía.
Calles sin acoso
En Quito, el año pasado, se vivió un caso de Ripley. Un hombre se masturbó en un bus de servicio público y eyaculó sobre las piernas de una joven, quien pidió ayuda. El hombre salió tranquilamente del transporte, mientras un funcionario municipal declaraba que hay que concienciar a las chicas para que no se vistan en forma llamativa.
Esto impulsó el inicio de la campaña “Quiero andar tranquila. Calles sin acoso”. Uno de sus impulsores, el concejal Norman Wray, explica que es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Comisión de Equidad Social y de Género, que preside, la Secretaría de Inclusión Social y la de Seguridad y Gobernabilidad. En un estudio previo, se detectó que el transporte público es el espacio donde con mayor frecuencia se vulneran los derechos de las personas, y especialmente de las mujeres. El 44 por ciento de usuarios de trolebús sufrió algún tipo de agresión en uno de estos vehículos.
La propuesta busca concienciar y crear un sentido de solidaridad hacia las mujeres, que se ven expuestas a piropos mal entendidos y a “toques” en espacios públicos.
El sexo como Poder
El sexo es un poder que puede ejercerse en doble vía: un jefe busca poder sobre una subalterna, o a su vez ella ejerce su poder frente a él usando el mecanismo sexual como elemento de chantaje, explica la sexóloga ecuatoriana Gladys Llanos. “Esto ocurre cuando no hay una comprensión de que la ética es el límite para cada uno, y para el otro”.
“Se ha perdido el parámetro de la conciencia y la moral, son comunes los casos de cambio de parejas (swingers) y otros que llevan al hastío, al vacío espiritual”.
Olga Andújar, experta portorriqueña, es psicóloga clínica y sexóloga. Desde su perspectiva, el acoso sexual es más común en el hombre, que repite el patrón del cazador en busca de su presa. “Mientras más educada es la mujer, más denuncia”. En su país, las leyes condenan el hostigamiento sexual, y hay un protocolo establecido: primero hay una advertencia oral, luego una denuncia por escrito y con conocimiento de un superior. Finalmente, interviene el sindicato y promueve un careo entre las partes. “Es totalmente inadecuado decir que la mujer usa escote o falda alta y eso es una provocación. Es un derecho de la mujer vestirse como elija”.
Ambas expertas participarón en el Primer Congreso Mundial de Sexualidad, Arte y Espiritualidad, en Quito, del 6 al 8 de junio. Este evento busca promover una sexualidad “como un eje transversal que posibilite niveles de trascendencia y convivencia pacífica”.
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