El expresidente Lucio Gutiérrez, su hermano Gilmar y el asambleísta de Sociedad Patriótica (SP), Fausto Cobo, exigen al Estado ecuatoriano el pago de $ 500 millones, como reparación ante el supuesto daño sufrido, en octubre del 2005, cuando fueron encarcelados bajo acusaciones de atentado contra la seguridad interna del Estado.
Las demandas, planteadas ante el Primer Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, se fundamentan en la sentencia absolutoria que recibió el exmandatario por parte del presidente de la Corte Provincial, Fernando Casares, tras permanecer cuatro meses y medio encarcelado, que luego fue confirmada por una Sala de lo Penal.
Las acciones judiciales contra Gutiérrez y dirigentes de SP se iniciaron tras el levantamiento popular que terminó con su caída y su posterior salida del país, en abril del 2004.
En estos casos, la Procuraduría ya emitió su pronunciamiento al Tribunal, en el cual pide negar las demandas, considerando que en octubre del 2005, Gutiérrez regresó al país y voluntariamente se entregó a las autoridades judiciales para enfrentar el proceso.
De acuerdo al texto de las demandas, que reposan en el Tribunal de lo Contencioso, Gutiérrez planteó dos, la primera se dirige en contra del Consejo de la Judicatura (CJ) y la segunda al anterior Tribunal Supremo Electoral, en cada una exige el pago de $ 200 millones.
Sobre la base del artículo 172, inciso tercero de la Constitución, Gutiérrez señala al CJ, a las juezas y jueces y por tanto, al Estado ecuatoriano como responsables del perjuicio que se les cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.
Además, las demandas invocan el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, que da paso a las demandas en contra del Estado por una inadecuada administración de justicia.
Mientras, en la segunda demanda, Gutiérrez pide una indemnización de $ 200 millones, frente a la decisión que adoptó el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), que le suspendió sus derechos políticos el 11 de mayo del 2006, con lo cual no pudo participar en la contienda electoral general del 2006.
Adicionalmente, el antes TSE lo sancionó con una multa electoral de $ 38.924, que luego fue declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Corte Constitucional el 11 de marzo del 2009.
Gilmar y Cobo
Aparte de la demanda de Lucio Gutiérrez, se presentaron otras por los asambleístas Gilmar Gutiérrez y Fausto Cobo. Cada uno exige 50 millones de dólares en reparación a los daños y perjuicios que se les ocasionó por su detención y encarcelamiento, dentro del proceso penal por supuesto atentado contra la seguridad interna del Estado.
Fuente: EL UNIVERSO*
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