Contraloría halló indicios de responsabilidad penal en los procesos de contratación.
Varios letreros desperdigados en la vía Quevedo-Santo Domingo advierten al viajero los beneficios del Proyecto Multipropósito Baba. Uno de ellos, la entrega de energía a 400.000 hogares, sigue en el papel porque la obra acumula atrasos en la construcción de la central hidroeléctrica de 42 megavatios.
Los procesos de contratación llevados por la empresa pública Hidrolitoral para continuar el proyecto, tras la salida de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, reprobaron el examen de la Contraloría General del Estado.
El organismo cuestionó 19'112.756,50 dólares en pagos realizados, encontró indicios de responsabilidad penal y envió, el 28 de febrero pasado, un informe al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, para que inicie acciones judiciales.
El examen especial abarcó el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. En ese lapso, la construcción de obras y servicios del proyecto la asumió Hidrolitoral por administración directa (entonces era sociedad anónima), hasta el 3 de junio de 2010, fecha en la que suscribió el contrato con la constructora brasileña OAS para concluir las obras.
Resoluciones. La emergencia nacional invocada para contratar la continuación de los trabajos queda en entredicho en el informe. Según los auditores, los decretos ejecutivos de esa declaratoria no estaban vigentes en el momento en que se emitieron las resoluciones de máxima autoridad 002-09 y 003-2010 (10 y 18 meses después, respectivamente).
La primera resolución del 8 de octubre de 2009 señaló la imperiosa necesidad de la construcción de pantallas diafragmas de hormigón plástico (que permite ser moldeado) en el vertedero pico de pato, parte del dique 1 y dique 4, para no retrasar el avance.
Por esas obras, la Contraloría detectó un presunto perjuicio de $ 4'687.974,21 ocasionado a Hidrolitoral y al Estado.
Mientras que la resolución del 1 de junio de 2010 autorizó la contratación directa de OAS. Según el informe, en esa misma fecha la Gerencia Comercial de OAS envió un correo electrónico a la Asesoría Legal de Hidrolitoral para pedir confirmaciones "en respuesta a su llamada telefónica de hoy, donde nos comunica que está todo listo para la firma del contrato".
La coincidencia de fechas evidencia que el proceso no se sujetó a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que debió llevarse a cabo una licitación, dice la Contraloría.
Otra novedad del examen fue un exceso de $ 14'424.789,29 en los rubros de transporte de materiales pagados del contrato con OAS. La cifra representa 53% más del monto que Hidrolitoral canceló a sus contratistas, mientras ejecutó el proyecto por administración directa.
"No tengo el informe definitivo que la Contraloría envió a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal", dice el abogado Ciro Camilo Morán, gerente general de la empresa desde hace tres meses.
Este Diario no obtuvo respuesta a mensajes enviados a Cristóbal Punina y Carlos Martín González, exgerentes generales de Hidrolitoral; y Nicolás Parducci Miranda, gerente general de Geocuatoriana Geofundaciones del Ecuador, cuyos nombres menciona el informe. Nelson da Graca Rodrigues, gerente del proyecto Baba, está fuera del país, según un comunicado enviado por correo electrónico a este Diario.
Según la Contraloría, Geoecuatoriana Geofundaciones del Ecuador es la compañía a la que Hidrolitoral hizo un pago injustificado de $ 1'035.720.
Permaneció en el sitio 189 días sin poder ejecutar los trabajos (construcción de pantallas). Expresa el informe que había causales suficientes para que ese contrato sea terminado por mutuo acuerdo, pero Hidrolitoral no lo hizo.
Fuente: EXPRESO*
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