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Varios planteles educativos ponen en marcha programas y campañas preventivas para tratar de evitar el consumo de drogas.
... Para que (la prevención) sea sostenida hay que ejecutar planes, programas constantemente para que poco a poco se convierta en política de Estado. Mónica Franco, Viceministra G. educativa
Es la tercera vez que ocurre en cuatro meses, dicen autoridades del plantel. La primera fue en julio; la segunda, en octubre y la más reciente, el jueves pasado.
A unos alumnos se les encontró ‘paquetitos’ de marihuana. Otras pequeñas dosis envueltas en fundas de plástico fueron arrojadas al piso mientras los policías ingresaban a las aulas y revisaban las mochilas de los estudiantes (a pedido de los docentes) de un curso del colegio fiscal Camilo Ponce Enríquez, en el noroeste de Guayaquil.
Varios estudiantes se mostraban nerviosos; un grupo bromeaba y otros preferían la seriedad y el silencio al ver que seis de sus compañeros salían del colegio en un carro de la Policía.
“No sé nada”, expresó un estudiante ante la pregunta de un equipo de este Diario sobre el hecho. “Pero no cogieron al que vende drogas”, decía otra alumna horas después del suceso. Evita dar el nombre del ‘expendedor’ por temor a represalias.
El consumo, la distribución y la venta de drogas ilícitas en los establecimientos educativos del país empiezan a desbordarse, según directivos, docentes y psicólogos entrevistados por este Diario en Quito y Guayaquil.
En los planteles de ambas ciudades, las más pobladas del país, aumentan los hallazgos de estupefacientes. En esta urbe, una adolescente murió el mes pasado por sobredosis. Unos compañeros le dieron supuestamente una sustancia ilegal.
En la Tercera Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, que hizo en el 2008 el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), el 23% de alumnos entrevistados –en 211 colegios del país– respondió que algunos compañeros llevaban drogas al plantel, las pasaban entre ellos y las probaban.
En el colegio Camilo Ponce Enríquez, docentes, psicólogos y autoridades afirman que la situación en este año ha sido ‘terrible’ porque varios estudiantes han mostrado acciones que antes no tenían, como bajo rendimiento escolar y actitudes agresivas; y muchos padres “han perdido el control sobre los hijos”. Esto, pese a las campañas, proyectos y orientaciones que tienen desde hace más de ocho años, según los entrevistados por este Diario. Un alumno incluso advirtió a un profesor:
–Voy a traer un arma para darle bala a un poco de profesores que nos controlan –amenazó el adolescente, quien vive con su abuela porque sus padres lo habrían abandonado.
“Nos botan todo el trabajo a la parte educativa y a la parte policial, en algunos casos. Cuando a la causa en sí no se va. Se está atacando el efecto y la causa es: hogares disfuncionales, hogares con una serie de inconvenientes entre económicos y emocionales”, dice el psicólogo Ángel Núñez, coordinador del departamento de Consejería Estudiantil (antes Dirección de Orientación y Bienestar Estudiantil, DOBE) del Camilo Ponce E.
Él y los directivos mencionan y muestran con documentos las acciones emprendidas para prevenir problemas sociales, como el consumo de drogas. Los profesores han recibido capacitaciones de escuelas de psicología, de programas de las unidades especializadas de la Policía (Antinarcóticos y Dinapen), de la Subsecretaría de Educación.
Con los alumnos y padres han trabajado en la misma línea. Talleres vivenciales, de ayuda emocional, campañas de prevención de drogas. El año pasado levantaron la información socioeconómica de las familias de los alumnos. La lista sigue.
“El problema no se lo puede resolver solo aquí. El Gobierno tiene que crear políticas de Estado para ayudar a estos jóvenes (...). Hasta los padres consumen. Y muchos porque no tienen trabajo están en el microtráfico.
Son realidades duras que se están dando por las líneas de pobreza que viven estas familias. El asunto es serio, no solamente unas declaraciones líricas de un plan preventivo”, expresa Pedro Reyes, rector de este plantel. El colegio tiene tres psicólogos y nueve inspectores para 1.892 alumnos, en tres jornadas.
La Constitución vigente obliga al Estado a adoptar, entre otras, medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo, reza el numeral 5 del artículo 46. No es el único apartado.
En la Carta Magna se le obliga al Estado –en más de cinco articulados– a planificar y a desarrollar programas y políticas en favor de los derechos como seguridad social y salud, ligados al llamado Buen Vivir. A las adicciones se las considera un problema de salud pública y se le impone al Estado dar tratamiento y rehabilitación a consumidores ocasiones, habituales y problemáticos (artículos 364).
Cinco leyes (de Salud, Orgánica de Educación Intercultural, de Educación Superior, de Regulación y Control del Tabaco, del Deporte) y el Código de la Niñez y Adolescencia exponen la protección y prevención de la sociedad ante las drogas.
No todas se cumplen. Por ejemplo, en el art. 347 de la Constitución se dice que el Estado debe ofrecer la infraestructura física y el equipamiento necesario de los planteles para fortalecer la educación pública. Y en ese mismo articulado se expone que se velará por la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes.
No obstante, hay docentes que exponen problemas como la escasa capacitación de su personal para abordar estas problemáticas, ausencia de psicólogos y orientadores en escuelas y centros de educación básica y falta de infraestructura.
“Los colegios deben tener canchas deportivas adecuadas, gimnasio, piscina, bibliotecas adecuadas, salón auditorio. Así el muchacho no tiene tiempo para andar pensando en fumar. ¿Qué tiene este colegio? El muchacho no hace nada (porque falta infraestructura)”, cuestiona Luis Alfonso Rodríguez, profesor del colegio Provincia de Cotopaxi, en Guayaquil.
En la escuela Flora Salazar, en el sur de esta ciudad, se le encontró –el 26 de octubre pasado– a una niña de 12 años una funda con una sustancia verde. Se presumía que era marihuana. El hallazgo fue por casualidad, pues estaban revisando las mochilas para verificar que los alumnos no ingresaran teléfonos celulares.
El rector Bero Silva comenta que enseguida llamaron a Antinarcóticos para pedir charlas para los alumnos y los padres, además de activar el Plan de Protección, dispuesto por el Ministerio de Educación. Aquí no hay departamento de orientación. “Tenemos que hacernos maestros multifacéticos, que hacemos de todo. Necesitamos médicos, orientadores...”, dice.
Desde el 2004 existe un Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, que se ha cumplido por periodos. En el del 2012-2013 se describen doce programas que se ejecutarán hasta el próximo año (por entidades estatales como el Consep y Ministerio de Salud).
En el primero de los planes se especifica que no existen líneas de acción específicas para cada ámbito de intervención. “Las acciones de prevención se han centrado en la difusión de información a través de campañas que inciden tan solo en la sensibilización de los individuos (...). El tema de drogas no ha sido tratado científicamente y con suficiente profundidad”.
La Policía Nacional imparte charlas de prevención de drogas desde el 2004, en especial, para quienes soliciten el trámite, dice Wladimir León, de Antinarcóticos. En Guayas han capacitado a más de 60.000 alumnos entre el 2011 y en lo que va del año.
Mónica Franco, viceministra de Gestión Educativa, enumera más de cinco acciones enfocadas en la prevención (charlas y capacitaciones) y en la elaboración de rutas y planes de protección, que se activaron en octubre en el país, tras la muerte de una menor por sobredosis.
No obstante, docentes cuestionan las medidas express. “Nos piden que hagamos programas de prevención, pero ni siquiera sabemos cómo hacerlos”, critica una maestra de educación básica de un colegio fiscal de Sangolquí (Pichincha), quien no da su nombre por temor a represalias de las autoridades del Ministerio.
Fuente: EL UNIVERSO*
A unos alumnos se les encontró ‘paquetitos’ de marihuana. Otras pequeñas dosis envueltas en fundas de plástico fueron arrojadas al piso mientras los policías ingresaban a las aulas y revisaban las mochilas de los estudiantes (a pedido de los docentes) de un curso del colegio fiscal Camilo Ponce Enríquez, en el noroeste de Guayaquil.
Varios estudiantes se mostraban nerviosos; un grupo bromeaba y otros preferían la seriedad y el silencio al ver que seis de sus compañeros salían del colegio en un carro de la Policía.
“No sé nada”, expresó un estudiante ante la pregunta de un equipo de este Diario sobre el hecho. “Pero no cogieron al que vende drogas”, decía otra alumna horas después del suceso. Evita dar el nombre del ‘expendedor’ por temor a represalias.
El consumo, la distribución y la venta de drogas ilícitas en los establecimientos educativos del país empiezan a desbordarse, según directivos, docentes y psicólogos entrevistados por este Diario en Quito y Guayaquil.
En los planteles de ambas ciudades, las más pobladas del país, aumentan los hallazgos de estupefacientes. En esta urbe, una adolescente murió el mes pasado por sobredosis. Unos compañeros le dieron supuestamente una sustancia ilegal.
En la Tercera Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, que hizo en el 2008 el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), el 23% de alumnos entrevistados –en 211 colegios del país– respondió que algunos compañeros llevaban drogas al plantel, las pasaban entre ellos y las probaban.
En el colegio Camilo Ponce Enríquez, docentes, psicólogos y autoridades afirman que la situación en este año ha sido ‘terrible’ porque varios estudiantes han mostrado acciones que antes no tenían, como bajo rendimiento escolar y actitudes agresivas; y muchos padres “han perdido el control sobre los hijos”. Esto, pese a las campañas, proyectos y orientaciones que tienen desde hace más de ocho años, según los entrevistados por este Diario. Un alumno incluso advirtió a un profesor:
–Voy a traer un arma para darle bala a un poco de profesores que nos controlan –amenazó el adolescente, quien vive con su abuela porque sus padres lo habrían abandonado.
“Nos botan todo el trabajo a la parte educativa y a la parte policial, en algunos casos. Cuando a la causa en sí no se va. Se está atacando el efecto y la causa es: hogares disfuncionales, hogares con una serie de inconvenientes entre económicos y emocionales”, dice el psicólogo Ángel Núñez, coordinador del departamento de Consejería Estudiantil (antes Dirección de Orientación y Bienestar Estudiantil, DOBE) del Camilo Ponce E.
Él y los directivos mencionan y muestran con documentos las acciones emprendidas para prevenir problemas sociales, como el consumo de drogas. Los profesores han recibido capacitaciones de escuelas de psicología, de programas de las unidades especializadas de la Policía (Antinarcóticos y Dinapen), de la Subsecretaría de Educación.
Con los alumnos y padres han trabajado en la misma línea. Talleres vivenciales, de ayuda emocional, campañas de prevención de drogas. El año pasado levantaron la información socioeconómica de las familias de los alumnos. La lista sigue.
“El problema no se lo puede resolver solo aquí. El Gobierno tiene que crear políticas de Estado para ayudar a estos jóvenes (...). Hasta los padres consumen. Y muchos porque no tienen trabajo están en el microtráfico.
Son realidades duras que se están dando por las líneas de pobreza que viven estas familias. El asunto es serio, no solamente unas declaraciones líricas de un plan preventivo”, expresa Pedro Reyes, rector de este plantel. El colegio tiene tres psicólogos y nueve inspectores para 1.892 alumnos, en tres jornadas.
La Constitución vigente obliga al Estado a adoptar, entre otras, medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo, reza el numeral 5 del artículo 46. No es el único apartado.
En la Carta Magna se le obliga al Estado –en más de cinco articulados– a planificar y a desarrollar programas y políticas en favor de los derechos como seguridad social y salud, ligados al llamado Buen Vivir. A las adicciones se las considera un problema de salud pública y se le impone al Estado dar tratamiento y rehabilitación a consumidores ocasiones, habituales y problemáticos (artículos 364).
Cinco leyes (de Salud, Orgánica de Educación Intercultural, de Educación Superior, de Regulación y Control del Tabaco, del Deporte) y el Código de la Niñez y Adolescencia exponen la protección y prevención de la sociedad ante las drogas.
No todas se cumplen. Por ejemplo, en el art. 347 de la Constitución se dice que el Estado debe ofrecer la infraestructura física y el equipamiento necesario de los planteles para fortalecer la educación pública. Y en ese mismo articulado se expone que se velará por la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes.
No obstante, hay docentes que exponen problemas como la escasa capacitación de su personal para abordar estas problemáticas, ausencia de psicólogos y orientadores en escuelas y centros de educación básica y falta de infraestructura.
“Los colegios deben tener canchas deportivas adecuadas, gimnasio, piscina, bibliotecas adecuadas, salón auditorio. Así el muchacho no tiene tiempo para andar pensando en fumar. ¿Qué tiene este colegio? El muchacho no hace nada (porque falta infraestructura)”, cuestiona Luis Alfonso Rodríguez, profesor del colegio Provincia de Cotopaxi, en Guayaquil.
En la escuela Flora Salazar, en el sur de esta ciudad, se le encontró –el 26 de octubre pasado– a una niña de 12 años una funda con una sustancia verde. Se presumía que era marihuana. El hallazgo fue por casualidad, pues estaban revisando las mochilas para verificar que los alumnos no ingresaran teléfonos celulares.
El rector Bero Silva comenta que enseguida llamaron a Antinarcóticos para pedir charlas para los alumnos y los padres, además de activar el Plan de Protección, dispuesto por el Ministerio de Educación. Aquí no hay departamento de orientación. “Tenemos que hacernos maestros multifacéticos, que hacemos de todo. Necesitamos médicos, orientadores...”, dice.
Desde el 2004 existe un Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, que se ha cumplido por periodos. En el del 2012-2013 se describen doce programas que se ejecutarán hasta el próximo año (por entidades estatales como el Consep y Ministerio de Salud).
En el primero de los planes se especifica que no existen líneas de acción específicas para cada ámbito de intervención. “Las acciones de prevención se han centrado en la difusión de información a través de campañas que inciden tan solo en la sensibilización de los individuos (...). El tema de drogas no ha sido tratado científicamente y con suficiente profundidad”.
La Policía Nacional imparte charlas de prevención de drogas desde el 2004, en especial, para quienes soliciten el trámite, dice Wladimir León, de Antinarcóticos. En Guayas han capacitado a más de 60.000 alumnos entre el 2011 y en lo que va del año.
Mónica Franco, viceministra de Gestión Educativa, enumera más de cinco acciones enfocadas en la prevención (charlas y capacitaciones) y en la elaboración de rutas y planes de protección, que se activaron en octubre en el país, tras la muerte de una menor por sobredosis.
No obstante, docentes cuestionan las medidas express. “Nos piden que hagamos programas de prevención, pero ni siquiera sabemos cómo hacerlos”, critica una maestra de educación básica de un colegio fiscal de Sangolquí (Pichincha), quien no da su nombre por temor a represalias de las autoridades del Ministerio.
Fuente: EL UNIVERSO*
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