Las dos caras de la cárcel

***SNN

Flamantes celdas, prisiones de cinco estrellas. A pesar de todo, el Estado sigue en deuda con el sistema penitenciario


El presupuesto del sistema penitenciario pasó de cien mil dólares en 2006 a 250 millones este año. Tras cuatro años de declaratoria de emergencia, no es visible una política de rehabilitación social, solo cambios de infraestructura.

Hay pabellones nuevos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Sin embargo, a pocos meses de su inauguración, un detenido falleció por presuntas torturas atribuidas a los guías penitenciarios.


¿Van de la mano la infraestructura levantada con los fondos de emergencia y una verdadera política de rehabilitación social, anunciada en mayo de 2007? Todo indica que todavía hay una brecha.


Los hechos del último fin de semana de agosto apuntan a mostrar que en la cárcel de Santo Domingo está vigente la Ley de Fuga. El Ministerio de Justicia anunció la detención de nueve guías penitenciarios y del director de ese centro para investigaciones. Las circunstancias de la muerte no han sido aclaradas. El fallecido era considerado de alta peligrosidad; había fugado en dos ocasiones del ex Penal García Moreno, en Quito. Se lo responsabilizaba –entre otros delitos– por el robo de la Custodia, reliquia religiosa del Museo de Las Conceptas, en Riobamba.


Sonia Andrade, activista de derechos humanos, dirige la Veeduría al Sistema Penitenciario en Ecuador, entidad que reúne a 12 organizaciones de la sociedad civil. El informe final de la veeduría reflejará la magnitud del problema de las cárceles en el país. “Aunque tenemos lista la información, abrimos un compás de espera; no todos los estamentos oficiales nos proporcionaron la información que pedimos”.


“Hay testimonios de que no hay adecuada infraestructura de servicios básicos en La Roca, prisión de máxima seguridad en Guayaquil; en Santo Domingo ni en Sucumbíos; conocemos que compran en tanqueros un agua de extraña coloración café”. La veeduría tiene pruebas de que en la prisión La Roca se practica el confinamiento, algo que el actual marco constitucional prohíbe.

Tras los barrotes
“Me quemaron con un mechero en el cuerpo, me pusieron gas y me llevaron a las duchas para torturarme pegándome en las costillas…”. “Me pusieron una funda de gas en la cabeza y a lo lejos escuchaba cómo me insultaban”. “Me daban de toletazos”. “Me quebraron el brazo…”.


Estos cuatro testimonios se encuentran en el expediente abierto por presunta tortura, en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Sucumbíos y Orellana en julio pasado. Esta cárcel empezó a funcionar hace menos de un año. Las denuncias fueron documentadas –testimonial y gráficamente– por el entonces defensor del Pueblo en Sucumbíos, Alberto Rivadeneira.


Ricardo Morales, subsecretario de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia, explica a Vistazo que “Éste es un caso en investigación”. No obstante, precisa que es un hecho aislado. “Los guías penitenciarios han recibido capacitación de especialistas franceses en el uso progresivo de la fuerza, cumplimos principios del derecho internacional, tratados que condenan formas de tortura, penas crueles, inhumanas y degradantes”.


Según el funcionario, 1.700 guías penitenciarios están en evaluación en el país. Alrededor de 165 recibieron cursos y está abierta una convocatoria para llenar 500 plazas. La meta oficial es mantener una escuela de formación de guías en temas de derechos humanos y en garantías previstas en la Constitución.


Pese al elevado perfil profesional, ético y moral que requiere el puesto de guía penitenciario, el sueldo mensual que recibe cada uno apenas supera los 600 dólares.


La investigadora social Margarita Camacho es quizás una de las más profundas conocedoras de la realidad penitenciaria nacional. Fue profesora voluntaria el ex Penal García Moreno, hoy Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito 1.


Como resultado de sus vivencias, y después de conocer a Margarita, un travesti que cumplía condena en el pabellón C, escribió “Cuerpos encerrados, cuerpos emancipados. Travestis en el ex Penal García Moreno”. Este ensayo refleja la realidad de la cárcel en Quito. En él relieva que tras los barrotes hay un sistema de corrupción que incluye a guías penitenciarios y que implica ejecuciones intracarcelarias, donde los responsables son los propios detenidos, a cambio de un pago.


En él describe la agonía de personas como Juana, travesti que falleció en febrero de 2008, luego de una prolongada agonía, afectado por VIH-Sida. Igual ocurrió con Francis, de origen brasilero, quien no pudo acceder al costoso coctel de medicamentos.


Cuatro años de emergencia
En mayo de 2007 el presidente Correa anunció la emergencia del sistema penitenciario nacional, aduciendo que “No es de rehabilitación sino de perdición, de él salen doctorados y perfectos delincuentes”. Y prometió que una verdadera política de rehabilitación estaba en camino.


El presupuesto para el sistema pasó de cien mil dólares en 2006 a 250 millones este año, según resaltó la viceministra de Justicia, Carmen Simone, en el discurso previo a la inauguración del pabellón Eloy Alfaro en el ex Penal García Moreno.

La última declaratoria de emergencia se produjo a fines de agosto de 2010. Gracias a ella, 40 millones de dólares fueron destinados para la habilitación de cárceles en Cotopaxi y Azuay (obras aún en estudio); la ampliación de Santo Domingo y la construcción del centro de Sucumbíos. Estas dos últimas acogen en conjunto a 1.100 detenidos del resto del país.


El plan integral contempla además la habilitación de 12 pabellones adjuntos a la Penitenciaría del Litoral. El objetivo final es crear –hasta fines de 2012– seis mil plazas nuevas para detenidos, según resalta el subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Morales. Con estas medidas, asegura, se enfrenta el hacinamiento.


Desde 2010, la Defensoría del Pueblo inspecciona las cárceles. Su informe será difundido a mediados de septiembre. ¿Sus revelaciones? De manera general, las personas privadas de libertad no están clasificadas entre procesados, acusados y sentenciados. Ésta es, en derecho internacional, una regla mínima para el tratamiento de reclusos.


“Tampoco se observa que la clasificación actual, en la práctica, obedezca a índices de peligrosidad y a características de los centros de privación de libertad”, cita el documento. Según el defensor adjunto segundo, Telmo Jaramillo, hay edificaciones antiguas “En condiciones deplorables, con filtración de humedad en las paredes y celdas sin servicios básicos. En estos centros, a los prisioneros no se les dota de colchones, frazadas ni utensilios de aseo personal”.


Las inspecciones detectaron hacinamiento en Tulcán y en Guayaquil. “Por las obras de demolición en varios pabellones, los privados de libertad fueron ubicados en corredores y servicios higiénicos”.


Aunque el informe reconoce que el valor destinado a la alimentación de cada detenido subió a 2,50 dólares por día, especifica que es imposible cubrir los requerimientos especiales, como la dieta para enfermos por diabetes.


No hay atención médica las 24 horas: los facultativos trabajan cuatro horas diarias. “No hay medicamentos para enfermedades catastróficas”. Según el defensor adjunto, “hay denuncias de malos tratos y de la existencia de zonas de aislamiento, las temidas lagarteras”.




Cárcel la roca, Guayaquil

Rehabilitación a medias Según el subsecretario de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia, Ricardo Morales, la política de rehabilitación persigue la evaluación y diagnóstico de cada detenido, para llegar al esquema ideal en que cada uno tenga ocupación en función de sus destrezas y potencialidades. Al tratarse de una población penitenciaria de más de 16 mil personas, se trata de un proceso progresivo.


“Algunos países tardaron 10 años en llegar a este modelo, nosotros vamos a la velocidad que podemos”.


No obstante, señala como importantes avances la aplicación del programa de metalmecánica y el convenio Hilando el Desarrollo. Este último consistió en encargar a 60 mujeres detenidas en cárceles de Ambato, Riobamba, Santo Domingo, Guayaquil y Quito la confección de seis mil uniformes para estudiantes de escuelas públicas. Cada una debe recibir 400 dólares como pago. El proyecto requirió una inversión de 55 mil dólares, y tuvo apoyo público y privado.


Varias cárceles tienen grupos musicales entre sus detenidos: Desde Adentro, Inclusión Salsera, Voces del Alma son algunos ejemplos positivos.


Otro de los hitos constituye el cambio integral del pabellón Eloy Alfaro, en Quito. Éste fue el sitio de castigo y aislamiento (pabellón E) del ex Penal García Moreno. Los detenidos más antiguos cuentan que en estas celdas se confinaba a los “polillas” que recibían sol por una o dos horas al día. Las celdas restauradas –con baño privado- serán ocupadas por los detenidos que están próximos a obtener la libertad. En la celda 13 guardó prisión hace 99 años el general Eloy Alfaro.


Según el psicólogo del ex Penal García Moreno, Fausto Cando, la mayor parte de personas recluidas voluntariamente busca rehabilitarse. Como prueba, dice que en 2009 trabajó con nueve y hoy tiene 400 voluntarios; el total de detenidos en ese centro bordea los mil. “Nuestro programa plantea crecimiento y desarrollo integrados, es un espacio para que los detenidos logren redimirse, es un reto encontrar sus potencialidades, aprender o recordar valores y principios, estar libre de drogas y otras sustancias para seguir adelante”.


Según la Viceministra de Justicia, la política de rehabilitación en este gobierno busca un rostro humano y responde a un modelo de reinserción. Si ésta es la meta final, el país aún no logra alcanzarla.


Por: María Belén Arroyo

Fuente: VISTAZO*