Parte de las evidencias que fueron decomisadas por los agentes investigadores en las diferentes incursiones que realizaron durante el operativo denominado “Halcón”. LA MISMA ORGANIZACIÓN DELICTIVA QUE LOS AYUDÓ A HUIR DE ‘LA ROCA’ LOS HABRÍA ENTREGADO A CAMBIO DE LAS RECOMPENSAS
Exuniformado capturado es, según agentes de inteligencia, el verdadero líder de la organización delictiva “Los Choneros” y principal mentalizador de la evasión. Éste se comió un chip al momento de su captura. Los líderes vendieron a los más débiles por recompensa.
El mal reparto del dinero conseguido por proporcionar información de la fuga de los 18 internos de la cárcel “La Roca” de Guayaquil habría fraccionado a la agrupación delictiva “Los Choneros”, lo que desencadenó la recaptura de 17 prófugos y la posterior detención de sus principales líderes.
Así lo informó un agente de inteligencia que participó en el operativo “Halcón”, ejecutado en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos.
C. A. Mieles Olvera, alias "El Patrón", un exuniformado de la Policía, sería el real jefe de la mencionada banda y principal organizador del escape. Mieles fue dado de baja en el año 2006, tiene antecedentes penales por narcotráfico desde 2007, y al momento de su captura, en la ciudad de Quevedo (Los Ríos), se tragó el chip de un teléfono celular.
Guillermo Balarezo, jefe de policía del Distrito Metropolitano de Guayaquil, informó que R.J Hernández Rendón, alias “Molleja”, capturado en el Callao (Perú), era el hombre de confianza de Mieles y quien habría facilitado la logística para la fuga.
DATOS
El operativo fue realizado entre la noche del martes y madrugada del miércoles últimos en las localidades de Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, y en él participaron unos 300 efectivos y 20 fiscales.
Las acciones terminaron con la detención de Ramón Joel H. R. alias “Molleja”, en Perú, a quien se lo vincula con la fuga masiva de “La Roca”, según información que maneja el Ministerio del Interior.
La red delictiva, actualmente desmantelada, controlaba, desde hace unos 8 años, la mayoría de bandas del Litoral, incluida “Los Choneros”. J. L. Zambrano González, alias “Rasquiña”, es el único de los 18 prófugos que no ha sido recapturado.
El asesinato bajo modalidad de sicariato, la venta de droga al menudeo (microtráfico) y la trata de personas serían algunos de los delitos a los cuales se dedicaba la banda capturada y por los cuales sus presuntos miembros son procesados.
En total son 12 los detenidos, entre quienes también hay policías en servicio activo y un funcionario del Registro Civil de Manabí.
Un encapuchado mencionó que la organización delictiva se “fracturó” por el supuesto mal reparto del cobro de las recompensas que ofreció el Ministerio del Interior, que oscilaban entre los 50 mil y 100 mil dólares, por información de los prófugos. Por esta razón, E. A. Arévalo Benavides, considerado el “Capo” del microtráfico en el norte de Guayaquil, habría amenazado de muerte al exuniformado.
Arévalo también fue apresado y se descubrió que tenía doble identidad, una falsa con apellido materno italiano. Este documento fue supuestamente facilitado por uno de sus compinches C. J. Navas Villalba, funcionario del Registro Civil de Manabí, también tras las rejas.
Policías implicados en banda
Otro de los detenidos es J. A. Villacís Moreno, capitán en servicio activo de la Policía Nacional, y quien según comunicados del Ministerio del Interior era quien lideraba a los cabecillas detenidos en el operativo “Halcón”. En su vivienda se encontraron dos armas de fuego.
Un investigador reveló que existen videos, tomas fotográficas, y cuentas de correos electrónicos que evidencian que todos los que participaron en la fuga mantenían una estrecha relación con el oficial de la Policía.
Villacís fue parte de uno de los cuerpos de élite de la Policía, pero hace unos meses se le dio el pase para que prestara servicios en el Distrito 9 de Octubre de Guayaquil.
Según fuentes reservadas, es aficionado al voley y tendría vínculos con un tal “Trompudo Israel”, individuo que tiene una boleta de detención por estar involucrado en alrededor de 15 asesinatos.
El capitán supuestamente se encargaba de dar seguridad a los envíos de droga, pues la agrupación era intermediaria de carteles mexicanos y colombianos. Otro policía en servicio activo aprehendido fue el sargento É. D. López Pajuña, quien laboraba en la Policía Judicial de Manta, aparentemente encargado de informar respecto a los operativos organizados.
López, al igual que los detenidos R. J. Cervantes Aroca, alias “Rafa”, C. L. Rennella Venegas y M.A. Cedeño Bailón sí registran antecedentes penales, según el certificado registrado en la página web del Ministerio del Interior, la misma que no detalla los delitos. Mientras que O. J. Macías Bailón no registra prontuario.
“Es un trabajo completo porque se capturó a los fugados y a los que planearon el escape. Hemos encontrado vehículos y armas de fuego que analizaremos para comprobar si fueron empleadas en algún ilícito”, dijo un investigador.
En el informe realizado por la Policía Nacional se especifica que, en total, en todos los allanamientos se decomisaron 10 pistolas, un revólver, una escopeta, 183 cartuchos, 27 celulares y 10 vehículos.
Los doce aprehendidos están procesados por el presunto delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 369 y sancionado con el primer inciso del artículos 370 con 3 a 6 años de reclusión menor.
El fiscal Roque Macías, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes, explicó que la instrucción de los detenidos, al ser procesados y tratándose de un delito no flagrante, tendrá una duración de 90 días, plazo que podría ser extendido en caso de nuevas vinculaciones, hasta que la fiscal Diana Salazar, a cargo de la investigación, recopile todos los elementos de convicción que le puedan servir en la sustentación del dictamen.
Detalles del operativo
Eran las 02:00 del miércoles 23 de octubre cuando simultáneamente en cuatro provincias de la Costa del país se inició la operación.
El ministro del Interior, José Serrano, confirmó que detuvieron a doce individuos, supuestos cabecillas de la banda más peligrosa desarticulada en los últimos 15 años.
En la acción participaron la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dirección Nacional de Antinarcóticos y la Dirección Nacional de la Policía Judicial.
Las investigaciones para dar con todos los integrantes de esta agrupación delictiva se dieron a partir de la evasión del Centro de Rehabilitación Social, conocido como "La Roca", el 11 de febrero de 2013.
Un grupo especial se concentró en la búsqueda de los fugados y de quienes planificaron y financiaron la fuga. Las recapturas se lograron no solo con la información que revelaron los mismos delincuentes, sino también con seguimiento de las llamadas telefónicas y correos electrónicos anónimos recibidos.
Recompensas como fuente de financiamiento
Un agente de inteligencia reveló que dos recapturados al dar su versión de los hechos pidieron ayuda porque peligraba su vida y comentaron con detalle cómo fue la fuga.
La fuente insistió en que el verdadero líder de “Los Choneros” es el expolicía Mieles y no J.L. Zambrano, “JL” o “Rasquiña”, el único que no ha regresado a “La Roca”.
Otro uniformado mencionó que para obtener dinero y financiarse, los integrantes empezaron a “vender” a sus compañeros por medio de terceras personas.
Los primeros capturados fueron tres prófugos alojados en una vivienda de la península de Santa Elena. “Con el dinero que obtenían se financiaron los cabecillas para organizarse en otros países como Colombia, Perú y Brasil”, indicó.
Allanamientos realizados
Los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en la urbanización La Joya, en los conjuntos residenciales Zafiro y Esmeraldas; en Lomas de la Prosperina; en las urbanizaciones Cataluña y Colinas del Sol (Daule); en la Cdla. Quisquís; en las calles García Moreno y Piedrahíta; en la tercera etapa de la Cdla. El Recreo (En Durán), en la Cdla. La Puntilla (Samborondón); en el conjunto La Veranda y en la autopista Terminal Terrestre Pascuales. En Quevedo (Los Ríos) se allanaron dos inmuebles, la misma cantidad en Manta y en la provincia de Santa Elena. Otro allanamiento se ejecutó en Machala (El Oro).
Fuente: EL TELÉGRAFO
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