La libertad de expresión es un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión que incluye no ser molestado a causa de sus opiniones”. Pero también establece que “el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, fijadas por la ley, necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”.
Concordante con esto, la Convención Americana de Derechos Humanos”,
expresa en su artículo 11, “Protección de la honra y la dignidad”:
Artículo 1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad.
Art. 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada (…) ni de ataques ilegales a su honra o su reputación.
El presidente de la República ha señalado enfáticamente que las demandas planteadas tienen como único objetivo hacer prevaler el precepto constitucional del respeto al buen nombre de las personas y que, bajo ninguna circunstancia, se busca atentar contra la libertad de expresión.
Rechazó la publicación de diario El Universo que lo acusa de querer beneficiarse con un monto de alrededor de quinientos millones de dólares a través de querellas millonarias.
“Esto es mentira, yo tengo juicios por daño moral planteados en mi contra, de los que la prensa no dice nada (…) Se me demanda por cinco, diez millones de dólares. En los juicios por daño moral hay la figura de reconvención, dijo.
Aclaró que de los cinco procesos judiciales a los que hace referencia el medio de comunicación, es demandante en apenas dos y, en los demás, es el demandado. “Son dos juicios que se pusieron contra Rafael Correa y dentro de la defensa de esos se reconviene a los acusadores y se pide indemnización dentro de ese propio juicio. Yo no he planteado esos juicios”.
Reiteró que incluso está dispuesto a retirar las demandas siempre y cuando los demandantes reconozcan que mintieron.
Prevalece la integridad de las personas
León Espinoza, catedrático de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Quito, dijo a Andes que más allá de estar sustentado en lo legal, el respeto a la honra debe estar contemplado en la ética periodística.
“Los derechos tienen algunas limitaciones que están establecidas en concomitancia con la normatividad legal. Ese principio se rompe cuando se está atentando, poniendo en conflicto la libertad de expresión con el derecho a la honra, a la intimidad. Ahí debe prevalecer la integridad de la persona”, expresó el docente.
La ex asambleísta constituyente, Pilar Núñez, señala que nadie les ha adjudicado a los medios la calidad de intocables y que las empresas informativas deben rendir cuentas y ser responsables de lo que difunden.
La consultora internacional sostuvo que las empresas de comunicación, vinculadas a grupos de poder político, financiero e ideológico, están usando la posibilidad de incidir a través de la cobertura mediática en la población para plantear sus posiciones personales y convertirse en actores políticos, algo que no les compete.
Sanción moral
Para Mauro Cerbino, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), los eventuales excesos de los periodistas deberían ser objeto de una sanción mucho más fuerte que la del ámbito legal: una sanción moral de la ciudadanía.
“Eso sería mucho más interesante y tendría una sanción mucho más impactante que cualquier sentencia de un juez. No me interesa, como alguien que se ocupa de comunicación desde hace dos décadas, que los periodistas vayan a la cárcel lo que me interesa es que haya un mejor periodista, que sepan rectificar, hacer periodismo de calidad y relevante para la ciudadanía, ese es el punto”, comentó.
Cerbino considera que la demanda contra Emilio Palacio no debería incluir al directorio de diario El Universo porque éstos, a su criterio, no tienen corresponsabilidad de lo que escriba el querellado.
“Si hubiera corresponsabilidad significaría que el medio debería controlar lo que el editorialista u opinionista escribe, y entraríamos en una censura previa. El único responsable es el editorialista, sea o no orgánico (asalariado) al diario y debe estar sujeto a los criterios de responsabilidad ulterior”, explicó.
Núñez plantea que la ciudadanía debe exigir el cumplimiento de los principios que guian a la comunicación y del papel que realmente les correponde: dar un servicio público que es un bien social.
En el fondo lo que se busca es combatir a Correa
Xavier Lasso, periodista y miembro del Consejo Editorial del canal público Ecuador TV, opinó que “es una falacia” sostener que el presidente Rafael Correa pretende hacerse millonario con las acciones judiciales contra el diario El Universo, como lo publicó ayer el matutino.
Cree que en el fondo lo que el mandatario busca es sentar un precedente para que los periodistas que se han convertido, evidentemente, en actores políticos presenten disculpas por lo que el gobernante considera reiterados abusos.
Citando al sociólogo español Manuel Castells, señala que algunos medios de comunicación en el país buscan, a través del escándalo sistemático, acabar con la confianza de los ciudadanos.
Lasso cree que, en el fondo, los propietarios de los grandes medios de comunicación, acostumbrados a vender y controlar a los líderes en Ecuador, no perdonan que Correa haya surgido por fuera de esa lógica.
Por ello, sostiene, los medios tienen como estrategia ocultar los grandes avances que ha logrado el Gobierno y maximizar diariamente los problemas que no pueden dejar de existir en un país en el que el modelo neoliberal acabó con la institucionalidad del Estado.
“Fundamentalmente se trata de combatir a Correa”, sentencia Lasso y en este sentido cuestiona que incluso la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión se haya registrado para participar en la campaña electoral en contra de la Consulta Popular, impulsada por el régimen.
No obstante, Romel Jurado, del Centro Internacional de Estudios de Superiores Comunicación para América Latina (Ciespal), considera que no es bueno para los ciudadanos ni para el Gobierno, ni para los medios de comunicación polarizar las tensiones.
“Lo mejor que podemos hacer es tratar de encontrar una solución racional y razonable que nos beneficie a los ciudadanos. Necesitamos autoridades públicas, pero también necesitamos medios de comunicación para que la democracia funcione. Hay que limitar el poder de las autoridades públicas y el poder de los medios”, sostuvo.
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