jueves, 10 de mayo de 2012

“No estaban rezando una oración celestial”

***SNN




Siete grupos reivindican en Ecuador la vía armada para la toma del poder. El régimen afirma que los diez detenidos en Quito a inicios de marzo buscaban desestabilizar al Gobierno, y son afines al Grupo de Combatientes Populares.


Los detenidos aseguran ser víctimas de persecución política.


El ministro del Interior, José Serrano, asegura a Vistazo que la información de los computadores incautados durante el allanamiento y detención a diez personas evidencia que planeaban acciones conspirativas. La defensa plantea, sin embargo, que la cadena de custodia fue irrespetada y que la acusación tiene tintes políticos.


“No estaban rezando una oración celestial”
¿Hay indicios de terrorismo en Ecuador?
No de terrorismo, sí de grupos que pretenden conspirar contra la democracia en el país. Esto queda evidenciado con el trabajo policial, que logró la detención de personas que tenían documentos sobre procesos en marcha para generar actos de violencia.

¿Cómo se originó la investigación?
A partir de bombas panfletarias que estallaron en octubre y noviembre, se abrieron las indagaciones previas que permitieron que en marzo logremos dar con los cabecillas de este movimiento.

Las detonaciones fueron reivindicadas por el Ejército Guerrillero N-15 y las Fuerzas Armadas Insurgentes del Ecuador. Ambos critican al decreto 813, que atenta contra la estabilidad laboral del sector público. No aparece el GCP.
Ningún crimen es perfecto. A través de la investigación de la policía se determina la vinculación con el Grupo de Combatientes Populares. Algunos blogs y Facebook dieron pistas. Al investigar a las personas vinculadas vimos la relación directa de Royce Gómez Romero, de GCP Guayas; Abigaíl Heras, de GCP Cuenca; y Cristina Campaña, del Comando Nacional.

¿Cómo se enteran de la reunión de inicios de marzo?
Se logra enganchar a una informante de la Policía Nacional. Se judicializa esto. Por mensajes de texto de celular se evidencia que Royce Gómez es de GCP Guayas, e invita a la informante para formar parte del grupo, y señala que las armas se hicieron para matar. Por ese enganche se conoce de la reunión de marzo, donde fueron aprehendidas diez personas.

Ellos afirman que les detuvieron con sus billeteras, celulares y cuadernos.
En la reunión se incautaron documentos que eran la hoja de ruta de actividades. No estaban estructurando una oración celestial en beneficio de los ecuatorianos, eran actos de conspiración. Hablan de la lucha armada, de conocer al enemigo. Detallan la campaña de reclutamiento, los campamentos, hablan de temas militares, cómo realizar llamadas explosivas. En una de las computadoras se detallan las formas de instrucción, fotografías de prácticas, qué hacer en caso de ser detenido, hay el curso básico de química, curso básico militar.

Según la defensa, no se respetó la cadena de custodia y pueden asomar evidencias “sembradas”. Ellos estuvieron detenidos siete horas sin cargos.
Estos documentos no estaban en las billeteras, estaban en las computadoras requisadas en el allanamiento, con autorización judicial, con fiscales. Hay una sola cadena de custodia, ellos sabían lo que se iba a encontrar en las computadoras y argumentan eso para curarse en sano. En uno de los archivos se mencionan las vulnerabilidades del GCP, tienen los códigos de radio de la Policía. Esto ya no es información, ya es evidencia contundente. Y quienes les defienden deberán responder por su vinculación.

Si hay tal nivel de organización, ¿por qué uno de los supuestos cabecillas (Royce Gómez) colgó en Facebook un mensaje tan obvio sobre su ideología izquierdista?
Por un grado de torpeza. Por mensajes de texto dio información clara, como si pensara que está más allá del bien y el mal. Pensarían quizás que sus protectores políticos les salvarían de los ilícitos.

¿El Gobierno vigila las redes sociales (Facebook, blogs, tweets) de los ecuatorianos?
Aclaremos, la pesquisa fue en el marco de una investigación judicializada, abierta por las bombas panfletarias.

La investigación relaciona al GCP con el MPD. ¿No hay una vendetta política porque ese partido que hoy usted llama fundamentalista fue en 2007 aliado del Gobierno y hoy se distanció?
Es imposible que vayamos por la misma ruta de quienes manejan el fundamentalismo, la demagogia y la violencia. Es como el agua y el aceite.

Hace cinco años el Gobierno no investigó al MPD y su supuesto brazo armado. Recordemos, el MPD apoyó la Constituyente, la Constitución. Entonces eran aliados. Pero de GCP se conoce desde 1990, de hecho hubo ya otro operativo, Sol Rojo, a mediados de esa década.
En 2007 teníamos pocos meses de Gobierno. Jugaron con la buena fe de este régimen. No vamos a soslayar estas vinculaciones a grupos de violencia, no sabemos el nivel al que podrían llegar con la información que hemos encontrado.
 
 
Todos hablan de REVOLUCIÓN

“En tiempos de León Febres- Cordero yo hubiera sido subversivo. Ese régimen violó los derechos humanos”, confiesa el Ministro del Interior, José Serrano. Pero hoy son otros tiempos.

El secretario de Estado acusa a un grupo de 10 detenidos en Quito, a inicios de marzo, de planear actos de terrorismo.

Serrano luce indignado. “¿Usted cree que estas personas se reunieron a rezar?”.
Exhibe un informe con 29 páginas, a todo color. Son fotocopias de manuscritos, transcripciones de documentos que hablan de instrucción militar; el blanco y su aniquilación; qué hacer en caso de detención; cómo preparar la bomba papa, molotov, incendiaria, panfletaria…

Según la versión oficial, este material fue encontrado en los cuadernos y computadoras incautados a los detenidos a inicios de marzo, en la operación “Sol Rojo”, al sur de Quito.

“Por las evidencias, estas personas están vinculadas con los delitos de sabotaje y terrorismo”, asegura Serrano, en su inconfundible acento azuayo.

Las pistas conducen la investigación hacia el Grupo de Combatientes Populares (GCP), organización surgida a fines de los 80 – inicios de los 90. Su página en twitter habla de la “Lucha armada como la única vía”. En youtube, un vídeo promocional la define como “Una organización político militar que conspira contra la sociedad capitalista”.

Un dato condujo la pesquisa hacia Christiam Royce Gómez Romero, guayaquileño de 26 años, odontólogo. La Policía llegó a su página en Facebook siguiendo el rastro del GCP: sospechaba que el grupo era el responsable de la colocación de bombas panfletarias que detonaron a fines de 2011.

Royce Gómez subió en diciembre, en su muro, un manifiesto contra la visita del presidente colombiano al Ecuador. Era similar al que apareció tras la detonación de una bomba panfletaria. En enero, escribió en Facebook: “Soy un hombre de izquierda revolucionaria, firme en sus ideas… que se inspira en la ideología del proletariado…”. Según la Policía, pertenece al GCP Guayas.

La prueba contundente –explica Serrano– salió de un celular. Envió un mensaje de texto a una joven –presunta coidearia, infiltrada por los uniformados– para comentarle de la reunión del primer fin de semana de marzo, en Quito. La Policía allanó el lugar y detuvo a las diez personas: tres mujeres, una de ellas, embarazada, y siete hombres.

¿Una tramoya?
La defensa asegura que se trata de un montaje, para perseguir a un grupo que hoy está, ideológicamente, distante del régimen. Ciro Guzmán, abogado de varios detenidos, explica que la reunión de marzo fue convocada con dos intenciones: analizar el documento oficial “Marzo, Defiende la Democracia” y discutir el Plan del Buen Vivir.

La detención se produjo en un momento especial. El movimiento indígena anunciaba la marcha desde la Amazonia en defensa del agua y contra la minería: saldría el 8 y llegaría a Quito el 22 de marzo. El régimen preparaba movilizaciones a su favor.

Uno de los convocados –dice Guzmán– bajó de la web el documento del Gobierno. En la segunda página, se lee que la estrategia de comunicación estará “Encaminada a deslegitimar a la oposición y desvelar intentos golpistas”.

“Se está cumpliendo este guión al pie de la letra”, afirma Guzmán, “el oficialismo intenta desprestigiar a quienes piensan distinto”.

Los detenidos reclaman que se violó el debido proceso. Se definen como perseguidos. Desde el Centro de Detención Provisional, en Quito, Pablo Castro, de 24 años, reclama: “Tengo trayectoria política. Fui director nacional de la FESE. Promovimos la consulta y el voto a favor del texto constitucional”. Castro acompañó al presidente Correa en un viaje a Brasil, en el avión presidencial, en enero de 2009. Un mes antes de su detención tuvo un hijo.

Santiago Gallegos, de 30 años, vive en Ibarra y vino a Quito para rendir pruebas de la maestría que cursa. “Tenemos inquietudes políticas, desde cuándo es delito debatir”. Su trabajo en la dirección provincial del IESS en Imbabura está en suspenso.

En la misma cárcel está César Zambrano, esmeraldeño de 18 años. “Estaba terminando el colegio, debía rendir exámenes para el ingreso a la universidad y pruebas para un trabajo. Mi madre murió hace meses y mi padre mandaba dinero de España, no alcanzaba”. Reconoce que pertenecía a un grupo juvenil auspiciado por el Municipio de Esmeraldas, “Pero yo no soy ni del MPD ni subversivo”.

El asunto tiene una dimensión política. Este Gobierno criminaliza a estas personas, pero en el Gabinete hay ministros con pasado subversivo. Se niega a calificar de terroristas a las FARC, pero acusa de actos de terrorismo a estos detenidos.

“Planteemos la legitimidad de las acciones. Antes se reivindicaba la transformación; este es un proceso demagógico. En tiempos de León Febres-Cordero, cuando la masacre de Isaías, algunos hubiéramos salido a defender la vigencia de los Derechos Humanos”, asegura el ministro Serrano. “Esa (la lucha de los subversivos contra LFC) fue una lucha legítima; este es un proceso marcado por demagogia, clientelismo y violencia”.

¿Fue un mitín político o una reunión de insurgentes en potencia? Una justicia despolitizada deberá dar la respuesta.
Dos posiciones
Qué dice la oficial
• Los detenidos planeaban acciones para desestabilizar al Gobierno, en un momento crítico, cuando una movilización social marchaba desde Zamora hacia Quito.
• Intentaban elaborar bombas panfletarias para crear confusión y caos entre los pobladores.
• El cerebro detrás de la planificación sería el Grupo de Combatientes Populares, brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE), y posiblemente financiado por el Movimiento Popular Democrático (MPD).
Qué dice la defensa
• El Gobierno preparó el documento interno “Defiende la Democracia” para “derrotar políticamente a la oposición en sus afanes desestabilizadores”.
• En un contexto de preocupación gubernamental por el anuncio de la marcha hacia Quito, el régimen siguió un guión para “Deslegitimar a la oposición y desvelar intentos golpistas” y encontró a este grupo como el perfecto chivo expiatorio.
• El grupo de personas interesadas en la realidad nacional y política se reunió para debatir el documento “Defiende la Democracia” y el “Plan Nacional del Buen Vivir”, cuando fue encarcelado.
Grupos que defienden la lucha armada en Ecuador
Según el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), en el Ecuador operan siete grupos que se autodefinen como defensores de la toma del poder por la vía violenta. El Cedema tiene una dirección registrada en Valencia, España.

Comuneros de Liberación Nacional. Reivindican la figura de Eloy Alfaro. Se expresan a través de Caminos, difundidas por la web.

Ejército Guerrillero del Pueblo N 15. Reivindicó la colocación de una bomba panfletaria junto al Ministerio de Relaciones Laborales, a mediados de noviembre pasado, en protesta por la renuncia obligatoria de servidores públicos. Acción atribuida al Destacamento Alonso Cano.

Grupo de Combatientes Populares. Su consigna es: “Mientras el sistema sea terrorista, nosotros seremos subversivos”. Según Inteligencia, por sus filas han pasado asesores de parlamentarios emepedistas. La Policía identifica al menos a cuatro dirigentes.

Fuerzas Armadas Insurgentes Revolucionarias del Ecuador. Se atribuyó la explosión de bombas panfletarias en Guayaquil, el 22 de noviembre de 2011. En un comunicado, afirman que el Gobierno se derechizó y que viola los derechos de los trabajadores.

Montoneras Liberación Nacional. Según sus comunicados, funcionan “En algún lugar de la selva amazónica”. Afirman que el Gobierno usa indebidamente el término revolución.

Movimiento de Izquierda Revolucionaria. “Lucha a muerte por una Patria nueva, la Patria socialista” es su consigna.

Partido Comunista del Ecuador. Sol Rojo. Llama a conquistar el sol rojo de la liberación. Rechazan que las autoridades hayan nombrado Sol Rojo a la captura de los diez ciudadanos en marzo, pues –aseguran– no tienen nada que ver con el grupo detenido.
 
 
 
 
María Belén Arroyo
Fuente: VISTAZO*
 
 

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