La familia Saquinga, que vive en San Francisco de Guápulo, no recibe el bono desde marzo pasado.
En el último año y medio, 390 305 ecuatorianos dejaron de recibir el Bono de Desarrollo Humano (BDH), tras la depuración de beneficiarios que el Régimen inició en enero del 2013.
Para este proceso, en el que se excluyó un promedio de 716 personas por día, se realizó un censo conocido como Registro Social, y se cruzó información entre varios entes públicos.
Para llegar al barrio San Francisco de Guápulo, en el oriente de Quito, se camina entre 20 y 30 minutos. Ahí vive María Saquinga, de 46 años, quien dejó de recibir los USD 50 mensuales en marzo pasado.
A este sector, que no tiene transporte público y sus calles son de piedra y tierra, llegaron hace 15 años los técnicos del entonces Ministerio de Bienestar Social, hoy Inclusión Económica y Social (MIES), para añadirla en la base de beneficiarios.
Saquinga cree que dejó de percibir el subsidio porque sus dos hijos cumplieron este año 25 y 19 años, respectivamente.
El BDH es para jefas de hogar con hijos de hasta 18 años. La mujer destinaba estos recursos para pasajes y educación de sus hijos, que actualmente están en la universidad.
El mayor también trabaja; su esposo, en cambio, percibe USD 200 mensuales como albañil y ella estampa camisetas con una máquina que le regalaron. “Al mes saco unos USD 150 o 280, pero no siempre”.
Esta familia vive en una vivienda propia en donde ha hecho mejoras: parte de su casa tiene el piso de baldosa y el techo -antes de palos y teja- hoy es de hormigón. Su principal limitación es el agua potable.
La exviceministra de Inclusión Económica y Social, Verónica Legarda, explicó a este Diario -antes de dejar sus funciones- que la revisión de la política del bono se debió a la reducción de los índices de pobreza, en un promedio de cuatro puntos porcentuales al año, desde el 2006.
Actualmente, se entrega este subsidio a 1,5 millones de personas, mientras en enero del 2013 eran 1,9 millones, lo cual significa un 20% menos.
El economista Pablo Zambrano reconoce que esta revisión era necesaria y cree que la mejora de condiciones generales de la población también se dio después de la dolarización.
Un estudio de Fidel Jaramillo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú, muestra que los ingresos per cápita de la población crecieron un 7,8% en la última década (2003-2013), pero con mayor fuerza en el segmento más pobre, donde aumentaron un 19%.
En la base de datos del Registro Social constan a la fecha 9,4 millones de personas (65,2% de la población total del país), y de estas 2,8 millones vive en extrema pobreza.
Mejor calidad de vida
Legarda señaló que la mayor parte de beneficiarios salió porque mejoró el índice de bienestar familiar, que se calcula a partir de una metodología que evalúa mayor acceso a servicios básicos, vivienda, trabajo, educación, salud, etc.
Según reportes del Viceministerio de Aseguramiento no Contributivo del MIES, del total de excluidos, entre noviembre del 2013 y abril del 2014, la mitad fue por una depuración y por dos acuerdos ministeriales: 197 y 348, del 2013 y 2014, que establecen las condiciones de salida de los beneficiarios.
El último acuerdo aún no se publica en el Registro Oficial.
Otro 17% de beneficiarios salió por laborar en el sector público, según estos mismos reportes. Gladys Gallardo, de 68 años, cobró el bono seis años y salió de la lista en abril del año pasado. Ella atribuye su salida a que la entidad pública en donde trabajaba le afilió al Seguro Social.
Pero siete meses después de que salió de la base de beneficiarios perdió su empleo. La familia vive en el barrio Esperanza y Progreso, en el sur de Quito. La edificación, de paredes de bloque y techo de zinc, es propia.
En el interior hay muebles vetustos, dos televisores y una computadora. Gallardo quiere el bono porque aún tiene a su cargo al último de sus ocho hijos, de 22 años, quien aún estudia.
Este hogar se sostiene con la ayuda económica de otro hijo, que tiene un trabajo ocasional. “Le voy a poner las manos al Presidente (Rafael Correa) para que no quite el bono a gente pobre”.
Legarda insistió en que la afiliación de las jefas de hogar al Seguro Social no es una condición para que salgan del programa, sino tener un trabajo formal, estable y que supere los USD 280 mensuales.
La política estatal también incluye un proceso de acompañamiento y verificación con el Plan Familia, que se aplica de manera progresiva con 850 técnicas que visitan las casas.
En el Registro Social también se levanta un inventario de los bienes del hogar y se evalúa el progreso que ha tenido en el tiempo de permanencia dentro del programa. “No sale del bono porque tiene una licuadora, pero si hay lavadora, licuadora, computadora, cocina, Internet, esto refleja una mejor condición socioeconómica y mayor posibilidad de gasto”.
Karina Miranda no trabaja ni está afiliada y se dedica 100% al cuidado de sus cinco niños. Esto hizo que desde hace cinco años acceda al bono. Llegar a su barrio, Lomas de San Luis, es casi una tarea de equilibrista. Hay que atravesar un sendero empinado en las entrañas del rocoso cerro Las Cabras, en Durán, Guayas.
Ahí vive con su esposo y los pequeños. “Con el bono compro comida. Más o menos alcanza”, dice la madre de 32 años, mientras revisa las tareas escolares.
A diferencia de las madres beneficiarias, la bonificación para el adulto mayor y la persona con discapacidad es considerada una pensión, que se entrega de forma individual siempre y cuando no reciba la jubilación de algún instituto de seguridad social (IESS, Isffa o Ispol).
Si lo recibe, la persona es excluida de inmediato.
El fallecimiento es otra causa de exclusión.
Entre noviembre del año pasado y abril del 2014, 15 509 beneficiarios fallecieron. De estos, 86% era adulto mayor. En el caso de las personas con discapacidad, una causa de exclusión es recibir el Bono Joaquín Gallegos Lara, USD 240, para el cuidado de la persona con discapacidad severa.
El economista Paúl Beltrán dice que el subsidio nació como un mecanismo compensatorio para las personas más pobres, sin criterios técnicos, aunque con el tiempo cambió.
En el 2003 incorporó la corresponsabilidad (llevar a los niños a la escuela y al Centro de Salud) y desde el 2006 amplió su objetivo al incluir a estas personas al sector productivo, para lo cual se lo ligó al acceso de créditos solidarios.
Cree que se debería aplicar una entrega más agresiva de estos préstamos para reducir el número de beneficiarios. Con el recorte de beneficiarios del bono, el Fisco destinó USD 621,5 millones en el 2013, menos de los USD 850 millones, según informes del Ministerio de Finanzas.
Hasta la fecha, esta reducción significa un ahorro mensual de USD19,5 millones para el Estado. En términos anuales serían 234 millones.
En contexto En enero del 2013 el Gobierno emprendió una política de depuración de la base de beneficiarios del bono, un subsidio estatal que se entrega desde 1998.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/bonodesarrollo-subsidio-mies-pobreza-beneficiarios.html.
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