FF.AA. vigilan las minas solo durante el día
Fernando Noboa se posesionó ayer como comandante naval de Operaciones Norte con un anuncio inesperado. Pese a que el miércoles concluyó el estado de excepción en el área minera, decretado por el Ejecutivo el 20 de mayo, Noboa dijo que esperarán recibir una disposición del Gobierno para que las FF.AA. abandonen las minas de Esmeraldas.
En tanto, los patrullajes aéreos, durante el día, son la estrategia que utilizan las Fuerzas Armadas para vigilar que la actividad minera ilegal no se reactive en el norte de Esmeraldas. Al parecer, nada sucede a orilla de los ríos que cruzan los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo.
Las autoridades investigan denuncias de la reactivación de la búsqueda de oro en la noche, cuando el control se torna imposible. “Tenemos información del movimiento de vehículos que circulan por esas zonas”, comenta un agente de Inteligencia de la Policía, quien tiene a su cargo verificar la seguridad en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.
“Es por ello que los militares y los policías coordinan acciones para redoblar la vigilancia en las rutas de ingreso hacia los denominados frentes mineros”, dice.
Desde el cielo, en la mañana, se pueden observar las piscinas, construidas a orillas de los afluentes. Están llenas de líquido turquesa. “Ese tono le dan los químicos (arsénico y mercurio) que utilizaban los mineros”, explica un militar. Los informes que dieron paso al operativo del 21 de mayo pasado, en el que se inhabilitó 67 retroexcavadores que operaban en 113 frentes, determinaron que la explotación antitécnica de oro afectó a 600 hectáreas.
Los mineros deforestaron varios sectores, que desde el cielo parecen agujeros en medio del bosque tropical. La amplitud geográfica y la tupida vegetación vuelven complicada la vigilancia por tierra. A ello se suma el ambiente hostil que reina en la zona.
Inteligencia de las FF.AA. refiere que las zonas mineras están penetradas por mafias del narcotráfico y otras organizaciones delictivas. Indica además que la maquinaria (que pueden comprar los campesinos) hallada en ese sector no es artesanal, sino que tiene costos elevados.
Según Germán Carrera, jefe del Comando Sectorial de San Lorenzo, encargado de la seguridad interna de los cantones fronterizos de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en esta área hay actividades ilegales como tráfico de drogas, de armas, combustibles y precursores químicos”. Pero lo que más le inquieta es que hay mucha gente que porta armas, a pesar que está prohibido por la ley.
Según las estadísticas de la Policía Judicial, desde septiembre del 2009 hasta junio de este año se ha decomisado medio centenar de armas. Muchas son cortas, como revólveres y pistolas fabricadas en Colombia, Ecuador, Brasil y Estados Unidos. ¿Cómo llegan las armas a esta zona? Ese es uno de los misterios. Pero los agentes de la Policía consideran que podrían llegar por uno de los tantos pasos ilegales que hay en la frontera.
Según un minero, el oro también atrae a delincuentes que buscan apropiarse del esfuerzo de la gente. El año pasado, por ejemplo, dos comerciantes de oro fueron asesinados cuando salían de las minas de Selva Alegre, en Eloy Alfaro. Al parecer, el móvil del crimen fue el robo.
El fin del estado de excepción fue neutralizar la minería ilegal por 60 días en esos cantones. Pero un día antes, el Juzgado XXII de Garantías Penales de Pichincha ordenó que las FF.AA. o la Policía Nacional procedan a realizar operativos de control de la actividad minera irregular.
Con esos justificativos se realizó el operativo militar, que incluyó la suspensión del servicio de telefonía móvil en San Lorenzo y Eloy Alfaro. Para los moradores ese fue un atentado a los derechos ciudadanos. Sin embargo, para los uniformados fue una estrategia para evitar que se filtre información y que unos mineros alerten a otros.
La medida buscaba evitar atentados, como la destrucción de puentes. Según Marco Chicaiza, vicepresidente de la Asociación de Pequeños Mineros del Norte, una vez que concluyó la medida, los mineros, estudian la posibilidad de realizar una marcha pacífica para solicitar que se aceleren los proyectos estatales.
Un juicio ambiental
La indagación previa que se realizó en contra de los mineros Isidro C., Walter R., Jimmy C., Juan L., Nilo E. y David H., sigue pendiente.
El Ministerio Fiscal de San Lorenzo solicitó, el 31 de mayo último, una investigación en contra de mineros presuntamente responsables de cometer delitos ambientales.
El Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo convocó el 1 de junio pasado a la audiencia de indagación previa. Pero luego el organismo judicial señaló que los fiscales de ese cantón no asistieron a la diligencia pactada.
Al parecer, a los funcionarios no les llegó a tiempo la notificación. Es por ello que está prevista una nueva convocatoria, aunque ahora serán los dos fiscales quienes deberán definir la fecha y la hora.
Sin embargo, hasta el viernes pasado no se efectuó ninguna gestión. Fuentes del juzgado dicen que el proceso judicial de los mineros está paralizado.
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