Los soldados arrinconan contra la pared a dos hombres. Hacen un cacheo en bolsillos y maletas, no hallan nada y dejan que sigan en las motos.
La escena se repite una y otra vez. Ayer ocurrió en la av. Rodrigo de Chávez (sur de Quito) y el martes en la Gaspar de Villarroel (norte). Las operaciones militares aumentaron. La gente cree que esto se debe a la balacera del lunes en la que desconocidos asesinaron a un hombre e hirieron a tres cuando asaltaron un blindado en un centro comercial del sur.
Los soldados están en las calles hace seis meses y dicen que con en el Decreto 749 pueden controlar las armas. No obstante, en el artículo 158 de la Constitución se indica que “la protección interna y el mantenimiento del orden público son responsabilidad de la Policía”. A las Fuerzas Armadas, en cambio, se les encomienda la misión de defender “la soberanía y la integridad territorial”.
Pese a ello, montan retenes en diferentes zonas, al azar detienen a vehículos, abren las guanteras y puertas, revisan debajo de las moquetas y los asientos. El cacheo en la Gaspar de Villarroel se repite, pero Bertha García, una docente universitaria e investigadora de temas castrenses, dice que los soldados no tienen la potestad para esa tarea, tampoco para arrestar a la gente, investigar delitos, ‘construir’ pruebas, pedir documentos.
Basa su explicación justamente en las atribuciones que la Constitución establece para policías y FF.AA. En cambio, en el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública, se indica que Fuerzas Armadas actuará cuando se haya declarado el estado de excepción.
“Los militares están allí solo para hacer presencia de Estado y disuadir al delincuente, pero estos trabajan en silencio”, dice García.
De hecho, el director nacional de la Policía Judicial, coronel Joel Loaiza, reconoció ayer la escalada de violencia. “La delincuencia está un poco avezada, en el sentido de que actúa en cualquier lugar”, señala el oficial al referirse a la balacera en Quito y al robo que ese día perpetró un hombre en el interior de una entidad financiera.
Este Diario accedió a datos reveladores de Inteligencia policial, que indican que en Quito operan de dos a tres grupo armados con hasta 70 miembros cada uno. Un agente de la Policía Judicial sostuvo que son redes ‘poderosas’, que han penetrado la justicia y que tienen contactos a todo nivel.
Si sucede esto, ¿agentes encubiertos pueden penetrar a las organizaciones delictivas y desarticular sus planes? El coronel Loaiza dice que no. “Los delincuentes organizan, planifican, dirigen y controlan. Son las máximas de la administración que ponen en práctica. Se preocupan de que no sepa nadie más que ellos (de los asaltos). Hay compartimentación y es difícil penetrar”.
Pero el oficial sostiene que Inteligencia policial no está debilitada y que no ha sido desbordada por organizaciones criminales.
No obstante, el jefe de la Policía del Distrito de Quito, coronel Juan Carlos Rueda, dice que la investigación sí estuvo olvidada.
Hasta el 2010, la Policía Judicial funcionaba apenas con dineros que se obtenía, por ejemplo, del remate de vehículos.
Ayer se conoció que para este año se estableció un presupuesto fijo de USD 12 millones y para el próximo se calcula que llegará a unos USD 12 millones.
De allí, que García sostiene que es necesario trabajar más en los sistemas de investigación. “Es una respuesta apresurada, una medida desesperada sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, pues no es su misión (...) Eso muestra la debilidad del Estado”.
En entrevista con este Diario el pasado 13 de enero, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Ernesto González, reconoció que para trabajar en las calles se debe cambiar incluso el armamento. “No podemos patrullar con fusil. Debemos tener armas cortas, de defensa personal hasta cierto punto”.
Al consultarle ¿cómo trabaja Inteligencia Militar en el crimen? El oficial dijo que “FF.AA. ha estado focalizada en seguridad de fronteras. Trabajamos en coordinación con Inteligencia de la Policía, bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Por el momento, en la Asamblea reposa una propuesta para reformar la Ley de Seguridad Pública, para que los soldados intervengan directamente en el control antidelincuencial.
En la propuesta se plantea que el Ministerio de Finanzas “asignará los recursos necesarios para el entrenamiento, equipamiento de las Fuerzas Armadas, para proteger la seguridad ciudadana”.
La iniciativa se analizó en primer debate el pasado 10 de febrero, aunque la votación final todavía está pendiente.
Punto de vista
Farith Simon / Académico
'FF.AA. no pueden sustituir a Policía'
El patrullaje militar está hecho en el marco de una disposición. La legalidad va por el tema de un Decreto de emergencia, en el que se autoriza a los militares a participar en la seguridad ciudadana.
Sobre la perspectiva internacional, las Fuerzas Armadas no deberían participar en estos temas. En ese sentido hay dos dimensiones: una es que normativamente, a escala local, hay una disposición que a ellos (los militares) les permite hacerlo.
Pero por otra parte es un debate sobre el empleo de las FF.AA. en tareas de seguridad interna, pues como se ha recordado varias veces en el caso Zambrano, uno de los temas de la Corte Interamericana, las Fuerzas Armadas no deberían participar en controles internos porque no tienen el entrenamiento para ello.
Hay una interpretación del Ejecutivo de lo que dice la Constitución sobre la seguridad. Pero lo que sí no pueden hacer las Fuerzas Armadas es reemplazar las tareas y funciones de la Policía Nacional, por ejemplo en temas judiciales, investigación de la criminalidad, control del tránsito.
Debatir una cuestión de legalidad donde hay una interpretación en blanco y negro es muy delicado. La interpretación del Ejecutivo le da la posibilidad de esas tareas, mas no de reemplazar a la Policía. Si eso llegara a pasar, sería inaceptable. La discusión sobre la legalidad debería ser analizada por la Corte Constitucional, que es la única que podría decidir.
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