Durante seis años, él trabajó sin un contrato formal, con un sueldo de USD 2 000: “Nunca me afiliaron al IESS, no tuve vacaciones, no me pagaron ningún beneficio de ley o bonificación...”.
En busca de que le reconocieran sus derechos, el 7 de junio interpuso una demanda contra el propietario del centro, argumentando un despido intempestivo. Pese a que requiere con urgencia su liquidación (espera recibir USD 24 000), deberá esperar cerca de un año para que su demanda sea tramitada. El Juzgado I del Trabajo de Pichincha fijó la audiencia preliminar de formulación de pruebas para el 11 de mayo del 2012.
Su caso no es aislado. En una situación similar se encuentran más de un millón de usuarios del sistema judicial, cuyos procesos están represados por años. Esta inmensa carga procesal redunda en la lentitud de todo el sistema. “Es fundamental que se elimine la mora judicial, si se quiere realmente sentar las bases para una reforma integral”, apunta el jurista y académico Farith Simon.
Un buen ejemplo a seguir es la reforma judicial de Chile. Los miles de casos represados por años fueron resueltos por los viejos jueces, mientras las causas entrantes eran tramitadas por los nuevos funcionarios, que empezaron su gestión con una carga cero. “Así se los podía evaluar sin distorsiones, sobre los procesos que tramitaban y resolvían”.
Sobre los motivos del represamiento hay diversas posiciones: varios judiciales consultados por este Diario creen que se debe a la falta de personal e infraestructura. “El problema de la Función Judicial es histórico”, dice Gustavo Donoso, director (e) del Consejo de la Judicatura. “En el transcurso del tiempo no hubo incremento de judicaturas, pese a que la población aumentó, así como los problemas delictivos y los cambios judiciales ilegales que se han realizado. Al no seguir ese ritmo, se produjo la acumulación de causas”, subraya.
Para Simon, el problema es multicausal y está vinculado a la cultura jurídica de los ecuatorianos. Solo así se entiende el caso de Cuenca, donde el sistema es eficiente, los jueces despachan con agilidad, y no existen mayores dudas sobre su idoneidad e independencia. El juez cuencano y capacitador Simón Valdivieso recalca que en este proceso es fundamental la actitud de los operadores azuayos, que han mostrado su eficiencia pese a que trabajan bajo el mismo marco normativo que el resto del país. “Es importante la buena formación de los jueces y abogados, el haber cultivado una carrera judicial, pero sobre todo responde a un colectivo social que condiciona y exige el tipo de justicia que quiere”.
Esa excepción confirma una regla: el sistema judicial ecuatoriano es un fracaso, entre otros motivos porque las sucesivas intentonas de reforma se han quedado en la superficie. Desde 1998, cuando se creó el Consejo Nacional de la Judicatura, para que asumiera las tareas administrativas, y los jueces se dedicaran solo a administrar justicia, el sistema ha seguido deteriorándose aceleradamente, dice un funcionario judicial que ha trabajado en proyectos de reestructuctura. “Ninguna ha cuajado, aunque se ha contado con recursos propios y de organismos internacionales”.
Mientras el 2005, el presupuesto judicial fue de USD 140 millones, este año superará los 400.
Pese a todo ese gasto, la descomposición de la imagen del poder judicial es preocupante. En el 2009, apenas el 19% de los ecuatorianos confiaba en la justicia, según un informe del Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercado y Asesoramiento (CIMA). Otro punto crítico es el indicador de independencia judicial, medido en un reporte del Foro Económico Mundial (2008-2009), con base en una encuesta a 12 297 líderes de administración de negocios. Se les preguntó¿es el poder judicial de su país independiente de influencias políticas de miembros de su gobierno, ciudadanos o empresas? Ecuador obtuvo una calificación de 2 sobre 7 puntos, ubicándose entre los últimos cuatro de 24 países evaluados.
En otras mediciones sobre la tasa de jueces, la inversión por habitante, el promedio de resolución de conflictos... Ecuador también aparece a la cola en los estudios realizados desde el 2001 por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Estos resultados desnudan la falta de una política estatal a mediano y largo plazos en el poder judicial. En esta línea, la nueva reforma que emprende el Gobierno también deberá enfocarse en definir dos aspectos cruciales: el modelo judicial que se aplicará y la forma en que serán designados los nuevos jueces y funcionarios, sin que existan dudas sobre su influencia política, lo cual ha sido una constante histórica.
Esta vez la reforma será dirigida por una Comisión integrada por Paulo Rodríguez (Ejecutivo), Tania Arias (Asamblea) y Fernando Yávar (F. de Transparencia).
Más allá de los anuncios de cambio, entre los judiciales hay más dudas que certezas. Las reformas no se han consolidado porque se han manejado desde el ámbito político, dice Fabián Moreno, juez II de Contravenciones. “Cuando cambia el Gobierno, también se modifican las políticas y el sistema”.
Paralelamente, hay que trabajar en reformas legales, en sistemas de evaluación y capacitación continuas, apunta Alejandro Carrión, ex vocal de la Judicatura.
Es vital apuntalar la escuela de jueces y continuar la capacitación que no se ha podido consolidar por la inestabilidad reinante en el poder Judicial desde hace años, recalca Valdivieso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario