Cada dos horas fallece una persona y 16 quedan heridas por los accidentes de tránsito

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Transporte: planes generan polémica

Los parámetros de calidad del servicio ya son una obligación en la Ley de Tránsito

Los operadores del sector tienen 54 días de plazo para presentar una planificación que incluya la capacitación y la revisión vehicular. Expertos aseguran que la ANT debe establecer parámetros y no dejar esta labor a las empresas.

Cada dos horas en promedio fallece una persona y 16 quedan heridas por los accidentes de tránsito en Ecuador. Cada vez que sucede esto se toman decisiones para evitarlo, pero las cifras se mantienen altas.

Según estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 30 años, y la tercera de los fallecimientos en las otras edades.


Anualmente en Latinoamérica mueren 120.000 personas por accidentes, de las cuales el 40% son peatones. Además se registran alrededor de 360.000 heridos.


Después de Paraguay, el Ecuador es el país con más accidentes: en 2010 hubo 50.000 siniestros, en los que murieron 2.500 personas y 15.000 heridos graves, mientras en 2011 se registraron más de 5 mil fallecidos por esta causa, lo que significa casi 14 muertos al día y 139 heridos por este motivo.


Esas cifras dejan irreparables secuelas en los familiares de los fallecidos y en los heridos. Soraya Herrera perdió hace unos cinco años a su hija en un accidente de tránsito.


Ahora dirige el Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito Nicole Paredes (Cavat).


Hace poco la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dispuso que todas las cooperativas del país le presenten un plan de operación que incluya la capacitación de sus choferes y la revisión permanente de sus unidades, en un plazo no mayor a 60 días.


Ella coincide con otros entrevistados en que la Ley de Tránsito es muy buena, pero no se la hace cumplir, salvo cuando recién sucede algún accidente grave, y en que hacen falta soluciones integrales como el Plan Nacional de Seguridad Vial.


“La ANT solo debe hacer cumplir rigurosamente las normas de tránsito y regular a los conductores y empresas con exigencias como lo de la capacitación y las revisiones desde hace años y no solo ahora para alimentar a los medios, dando la idea de que se hace algo”.


Herrera señala que estas obligaciones debieron estar previstas desde hace años y “no continuar omitiendo el control, regulación, análisis, difusión y más”.


“¿Cómo van a poner a los mismos sujetos de control a elaborar planes de operación sin parámetros que deben ser establecidos por la ANT? Eso es una ridiculez. Es como que dejáramos a los alumnos que estructuren el pénsum de estudios”.


Esta directiva también afirma que los conductores de transporte público deben tener títulos de segundo nivel y aprobar cada seis meses cursos de actualización, lo cual debe ser normado y supervisado por las respectivas autoridades.


“Por el descontrol y por dejar manejar a cualquiera es que el 93% de siniestros viales ocurren por la impericia del chofer. Durante los últimos años la siniestralidad vial ha bajado en un 50% en países como España solo aplicando el control, regulación y revisión necesarios”.
Concluye: “La seguridad vial debe ser una política prioritaria e integral del Estado.


Todos debemos adquirir desde la escuela –como lo establece la ley- una cultura en este tema, porque todos somos responsables: choferes, peatones ciclistas, etc.”.


Más allá de la coyuntura

El ciudadano Alejandro Romero opinó que la culpa es de las autoridades que no revisan los automotores y dan el visto bueno sin merecerlo.
Además considera que a pretexto de controles se cometerían muchas injusticias, aunque la mayoría de uniformados salga solo a cumplir con sus obligaciones.


Esthela Jarrín dijo: “Es necesario que las autoridades hagan su labor no solo cuando ocurren accidentes fuertes, sino siempre, para eso les pagamos todos. No solo planes y anuncios, sino control total”.


Por su parte, Juan Ruales, director nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, ha manifestado que el 90% de los accidentes son responsabilidad del conductor, y que el 10% podría atribuirse a las malas condiciones de las carreteras o a los cambios climáticos.


Eugenio Castro, conductor, aseguró que los sindicatos capacitan a los conductores profesionales, pese a que esa labor es responsabilidad del Estado. Este diario intentó hablar con representantes de los transportistas, como Fenatrape, Fedotaxis, Transportes Occidentales, etc., pero no obtuvo respuestas.


Medidas para enfrentar

El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Mauricio Peña, expresó en el Enlace Ciudadano No. 272 que se han incrementado las muertes por accidentes de tránsito en un 8,4% debido al aumento de la velocidad en las vías, propiciado por el mejoramiento de las condiciones de las carreteras.


El presidente Rafael Correa dijo en esa ocasión que estos accidentes no son fruto de fallas en los vehículos: "Con las nuevas carreteras, la gente ha empezado a correr; no lo vamos a permitir. Estamos trabajando con intensidad para solucionar estos problemas".


Por eso el Gobierno anunció un plan emergente para la seguridad vial, que contempla la revisión de frecuencias, depuración de las escuelas de conducción y la recategorización de los conductores; a aquellos que no reúnan las condiciones mínimas se les retirará las licencias profesionales.


Señaló también que se depurarán las escuelas de conducción pues "no reúnen las características y condiciones que debemos exigir como sociedad".


Otra medida es el fortalecimiento de la presencia de la Policía Nacional y agentes de tránsito en las carreteras del Ecuador: 700 puntos de control en 370 puntos críticos.


En los próximos días se iniciará el control donde hay más accidentes: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Napo. En junio esta labor se extenderá también a Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.





Fuente: EL TELÉGRAFO