Emisión ilegal de licencias de conducir, revisión de transporte público en tiempo récord de 30 segundos y la legalización de autos robados dentro y fuera del país son algunas de las anomalías cometidas por ex colaboradores de la entidad.
El trabajo conjunto de varias entidades de control permitió que la madrugada de ayer, mediante un operativo simultáneo, sean desarticuladas tres presuntas redes de tramitadores que operaban en Santo Domingo de los Tsáchilas, Sangolquí y San Miguel de los Bancos.
El informe preliminar revela que se dedicaban a la emisión irregular de licencias de conducir y a la legalización de vehículos robados, a través de distintos mecanismos.
Según confirmaron fuentes de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG), las evidencias de los delitos son múltiples y permitieron la detención de ex jefes y trabajadores de dichas agencias.
En Rumiñahui
La SNTG, la Policía Judicial y la Fiscalía, tras meses de seguimiento, identificaron que en la agencia de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui (Pichincha), operaba una red dedicada a la matriculación irregular de vehículos, entre ellos buses de transporte público, a quienes en apenas 30 ó 40 segundos les realizaban la revisión técnica, sin verificar si tenían o no daños mecánicos.
Lo único que constataban, en el mejor de los casos, era que las limpiaparabrisa funcionen.
En otros casos, los carros ni siquiera eran llevados a la revisión, ya que la supuesta tramitadora, María Suasnavas Soria (ayer detenida), supuestamente se encargaba de armar los documentos y de hacerlos aprobar.
Ella actuaría en contubernio con la digitadora de la gencia, Josefina Cevallos, los revisadores Marco Gallardo y Fernando Herrera, y la empleada de la ventanilla No. 2 Elizabeth Molina (ver gráfico).
Esa asociación les habría permitido beneficiarse de cobros extras por la matriculación.
Entre las cooperativas que supuestamente utilizaron sus servicios están Panamericana, Ecuador y Marco Polo, a las cuales, según fuentes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se les volverá a exigir la revisión técnica para comprobar el verdadero estado de los automotores. Esto, a fin de evitar nuevos accidentes en las vías, como los ocurridos últimamente en Papallacta, Macas y Manabí.
En la Villaflora
En la agencia de la Villaflora, al sur de Quito, tramitadores ubicados en dos casas aledañas enganchaban a los “clientes” para “ayudarles” (con el pago respectivo y al margen de la Ley) no sólo a matricular vehículos en Sangolquí, sino a renovar u obtener por la primera licencia de conducir, para lo cual tenían contactos en varias agencias del país.
En esa red -según las autoridades- operaban los hermanos Maribel y Darwin Mesa Cruz, Édison López Ávila y Miguel Plazas Báez, sobre quienes pesan órdenes de captura. Algunos fueron detenidos ayer y por la tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos.
En Los Bancos
En el cantón San Miguel de Los Bancos (Pichincha), un juez de lo civil otorgaba, mediante sentencia, la propiedad de vehículos bajo la figura de prescripción adquisitiva de dominio. La SNTG también solicitó a la Interpol verificar si entre las sentencias judiciales constan vehículos robados en otros países (ver nota adjunta).
En Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos
Las investigaciones de la Policía Judicial y de la Fiscalía identificaron que varios vehículos robados en Colombia y Venezuela eran matriculados, adulterando documentos, en la agencia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En esa actividad, supuestamente, actuaban personas particulares, ex jefes y funcionarios de la citada agencia de tránsito.
De una lista de 89 vehículos matriculados sospechosamente en esta agencia, la SNTG pidió a la Interpol (en base a números de motor, chasis y otras carcacterísticas) certificar si sobre esos carros hay algún requerimiento, tras lo cual se determinó que 40 constaban como robados y registrados en Colombia.
La ANT estableció que los responsables del presunto ingreso irregular de la información para matricular esos vehículos robados habrían sido: Fernando Jhosua Vélez Arce, jefe de agencia desde el 11 de enero al 17 de octubre del 2011 (quien ayer no pudo ser detenido aunque sobre él pesa orden de captura); Marco Antonio Calderón Cabrera, ex jefe encargado de esa agencia del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2010; Jaime Alfredo Aceldo Rangel, revisor de documentos desde el 1 de julio de 2010 al 9 de abril de 2012, quien mantenía clave de digitador; y Pablo Ramiro Bonilla Arteaga, recaudador desde 26 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2011, quien también tenía clave de digitador. Ellos fueron apresados ayer.
Finalmente, en la agencia de la provincia de Los Ríos se determinó que habían personas ajenas a la entidad haciéndose pasar como empleados para matricular carros. Contaban para ello con la autorización de las autoridades de esa agencia.
Los implicados son Wilson Wong Valverde y Manuel Sánchez Caicedo. Además, pese a no estar la documentación en regla, el funcionario del área jurídica Ronald Montero, supuestamente, obligaba a otros empleados a matricular carros. Sumillaba expedientes para agilitar todo, saltándose el trámite regular.
La ANT, la SNTG, Policía y Fiscalía realizaron ayer un amplio operativo para capturar a los implicados e incautar los vehículos robados. Además, iniciaron acciones legales contra los involucrados en falsificación y uso doloso de documentos públicos y asociación ilícita.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
Según confirmaron fuentes de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG), las evidencias de los delitos son múltiples y permitieron la detención de ex jefes y trabajadores de dichas agencias.
En Rumiñahui
La SNTG, la Policía Judicial y la Fiscalía, tras meses de seguimiento, identificaron que en la agencia de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui (Pichincha), operaba una red dedicada a la matriculación irregular de vehículos, entre ellos buses de transporte público, a quienes en apenas 30 ó 40 segundos les realizaban la revisión técnica, sin verificar si tenían o no daños mecánicos.
Lo único que constataban, en el mejor de los casos, era que las limpiaparabrisa funcionen.
En otros casos, los carros ni siquiera eran llevados a la revisión, ya que la supuesta tramitadora, María Suasnavas Soria (ayer detenida), supuestamente se encargaba de armar los documentos y de hacerlos aprobar.
Ella actuaría en contubernio con la digitadora de la gencia, Josefina Cevallos, los revisadores Marco Gallardo y Fernando Herrera, y la empleada de la ventanilla No. 2 Elizabeth Molina (ver gráfico).
Esa asociación les habría permitido beneficiarse de cobros extras por la matriculación.
Entre las cooperativas que supuestamente utilizaron sus servicios están Panamericana, Ecuador y Marco Polo, a las cuales, según fuentes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se les volverá a exigir la revisión técnica para comprobar el verdadero estado de los automotores. Esto, a fin de evitar nuevos accidentes en las vías, como los ocurridos últimamente en Papallacta, Macas y Manabí.
En la Villaflora
En la agencia de la Villaflora, al sur de Quito, tramitadores ubicados en dos casas aledañas enganchaban a los “clientes” para “ayudarles” (con el pago respectivo y al margen de la Ley) no sólo a matricular vehículos en Sangolquí, sino a renovar u obtener por la primera licencia de conducir, para lo cual tenían contactos en varias agencias del país.
En esa red -según las autoridades- operaban los hermanos Maribel y Darwin Mesa Cruz, Édison López Ávila y Miguel Plazas Báez, sobre quienes pesan órdenes de captura. Algunos fueron detenidos ayer y por la tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos.
En Los Bancos
En el cantón San Miguel de Los Bancos (Pichincha), un juez de lo civil otorgaba, mediante sentencia, la propiedad de vehículos bajo la figura de prescripción adquisitiva de dominio. La SNTG también solicitó a la Interpol verificar si entre las sentencias judiciales constan vehículos robados en otros países (ver nota adjunta).
En Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos
Las investigaciones de la Policía Judicial y de la Fiscalía identificaron que varios vehículos robados en Colombia y Venezuela eran matriculados, adulterando documentos, en la agencia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En esa actividad, supuestamente, actuaban personas particulares, ex jefes y funcionarios de la citada agencia de tránsito.
De una lista de 89 vehículos matriculados sospechosamente en esta agencia, la SNTG pidió a la Interpol (en base a números de motor, chasis y otras carcacterísticas) certificar si sobre esos carros hay algún requerimiento, tras lo cual se determinó que 40 constaban como robados y registrados en Colombia.
La ANT estableció que los responsables del presunto ingreso irregular de la información para matricular esos vehículos robados habrían sido: Fernando Jhosua Vélez Arce, jefe de agencia desde el 11 de enero al 17 de octubre del 2011 (quien ayer no pudo ser detenido aunque sobre él pesa orden de captura); Marco Antonio Calderón Cabrera, ex jefe encargado de esa agencia del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2010; Jaime Alfredo Aceldo Rangel, revisor de documentos desde el 1 de julio de 2010 al 9 de abril de 2012, quien mantenía clave de digitador; y Pablo Ramiro Bonilla Arteaga, recaudador desde 26 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2011, quien también tenía clave de digitador. Ellos fueron apresados ayer.
Finalmente, en la agencia de la provincia de Los Ríos se determinó que habían personas ajenas a la entidad haciéndose pasar como empleados para matricular carros. Contaban para ello con la autorización de las autoridades de esa agencia.
Los implicados son Wilson Wong Valverde y Manuel Sánchez Caicedo. Además, pese a no estar la documentación en regla, el funcionario del área jurídica Ronald Montero, supuestamente, obligaba a otros empleados a matricular carros. Sumillaba expedientes para agilitar todo, saltándose el trámite regular.
La ANT, la SNTG, Policía y Fiscalía realizaron ayer un amplio operativo para capturar a los implicados e incautar los vehículos robados. Además, iniciaron acciones legales contra los involucrados en falsificación y uso doloso de documentos públicos y asociación ilícita.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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