197 problemas limítrofes: ley ayudará a resolverlos.
Unas 50 mil personas viven en las zonas no delimitadas y donde aún no se ha llegado a resoluciones. Un proyecto legislativo implica acuerdos amistosos, arbitraje y consulta popular.
Con el llamativo nombre de La Manga del Cura, el pueblo ubicado entre las provincias de Manabí, Guayas, Santo Domingo y Los Ríos cuenta con más de 30 mil habitantes que desde hace décadas no saben a qué cantón y provincia pertenecen.
Las propiedades rurales están inscritas en Buena Fe (Los Ríos) o El Carmen (Manabí). Tienen servicios básicos limitados: agua entubada, energía eléctrica en algunas zonas y centros de salud y educativos entregados por esas provincias.
Allí la mayoría de moradores se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas. Sufragan en Manabí o en Guayas, en sus calles se observa la publicidad de la obra impulsada por autoridades de esas provincias.
En el Ecuador existen 197 poblaciones con la aspiración de ser parroquia o cantón y saber a dónde pertenecen, las cuales reciben pocos servicios, algunos duplicados –sin pagar impuestos- y otros no son brindados, es decir que no existe un desarrollo planificado.
Virgilio Hernández es el presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional.
Este legislador informa que este 16 de mayo la anotada comisión envió al presidente de la Asamblea el informe para segundo debate del proyecto de Ley para la Fijación de Límites Territoriales.
El proyecto consiste en la determinación de mecanismos para resolver los conflictos de límites internos. Por ejemplo, que no solo las autoridades locales puedan resolver estos litigios, sino también las locales, especialmente en los primeros niveles de solución.
Si eso no sucede, el caso será tratado en instancias superiores. Por ejemplo: la autoridad cantonal resolverá los conflictos entre parroquias, la provincial tratará los cantonales o sino el Ejecutivo tiene la potestad de solucionar estos casos.
El proyecto de Ley para la Fijación de Límites Territoriales determina dos tipos de mecanismos de resolución de conflictos limítrofes: los amistosos, que incluyen la negociación directa, es decir que las autoridades locales se reúnan para arreglar los problemas con el asesoramiento de expertos; y los institucionales, que encierran un arbitraje o una mediación en el que las autoridades de las poblaciones en conflicto deben ponerse de acuerdo en la nominación de una persona para que estructure un laudo que luego necesitará ser aprobado.
Otro mecanismo institucional es la consulta popular, como sucedió en La Concordia, modalidad que sería aplicada cuando las partes no se pusieran de acuerdo y agotaran los otros mecanismos. El Presidente puede convocar directamente a este plebiscito.
La Decimosexta Disposición Transitoria de la Constitución Política establece que para resolver cualquier tipo de conflicto limítrofe interno se remitirán los informes correspondientes a la Presidencia de la República, que, de ser el caso, instará a la convocatoria a consulta popular para resolver los conflictos de pertenencia”.
Luego de la aplicación de cualquiera de estos mecanismos, el proyecto estipula el envío del acuerdo al que se llegue al Ejecutivo, quien lo convertiría en ley y lo remitiría a la Asamblea para que emita una resolución que respete el pronunciamiento acordado.
El proyecto también determina la conformación del Consejo Nacional de Límites, en reemplazo de la Comisión Especial de Límites Internos de la República (Celir), que anteriormente trataba estos temas.
Aquel consejo será un organismo técnico con potestad para delimitar y fijar los límites internos. El personal de la Celir pasará a la anotada institución, luego de una evaluación. “Esperemos que podamos contar con esta normativa para el próximo mes”, detalla Hernández.
La comisión legislativa trabajó con el Ministerio del Interior y la Celir, el Ministerio de Coordinación Política, y autoridades municipales y provinciales para estructurar el mencionado proyecto. Esta futura ley ha sido procesada desde octubre de 2011. Si el pleno de la Asamblea aprueba el proyecto, éste irá a manos del Ejecutivo para que reciba el respectivo veto. La futura norma derogaría cerca de 900 cuerpos legales.
Por otro lado, pese a que es un mandato popular, en el caso de la consulta realizada en el cantón La Concordia, donde el 5 de febrero de este año el 64,92% decidió pertenecer a Santo Domingo de los Tsáchilas, ésta llegará recién en las próximas semanas a la Asamblea Nacional para ser ratificada.
Después de La Concordia, una población con graves problemas limítrofes y con más población es La Manga del Cura, que tiene más de 30 mil habitantes y 480 km2 indefinidos. Este caso también será solucionado mediante consulta.
Los diferendos más críticos también están ubicados en las poblaciones Las Golondrinas, El Piedrero y Matilde Esther. Francisco Salazar Alvarado, secretario general de la Academia Nacional de Historia, no está de acuerdo con el mecanismo de la consulta popular ya que “dividiría más a las poblaciones, pero sí son una buena opción los arbitrajes técnicos con personas que conozcan el lugar”.
Para el historiador, los límites de las poblaciones no deben ser barreras separatistas con influencias políticas o de otros intereses, sin embargo “deben estar basados en los accidentes geográficos que se vuelven indivisibles: un río, una quebrada, etc.”.
Salazar asegura que debido a la falta de delimitación, las poblaciones se ven afectadas por los intereses económicos, políticos o electorales de ciertos grupos o personas que se aprovechan para ahondar estas diferencias.
“En vez de separarnos más con límites, debemos generar la unidad nacional para fortalecer nuestra identidad y estar orgullosos de lo que somos, de nuestra historia, tender a la igualdad cultural. Pero las soluciones no deben ser impuestas, sino consensuadas para evitar disputas graves”, asevera.
Finalmente, este historiador manifiesta que las autoridades deben unificar a los ciudadanos para aportar a la conformación de la ‘ecuatorianidad’ porque la división no beneficia a nadie y afecta a todos de una u otra forma.
Décadas sin delimitar
Desde 1824 hasta 1897 no existió una ley de límites internos, por lo que la costumbre era crear jurisdicciones político-administrativas, pero no fijar los límites.
Algunas provincias fueron creadas vía leyes, decretos o resoluciones legislativas, lo que contribuyó a la aparición de conflictos limítrofes. En 1977 se creó la Celir para establecer un criterio técnico.
“Muchas jurisdicciones se crearon por coyunturas políticas; muchas veces se cambiaban votos por la creación de cantones, sin tomar en cuenta aspectos técnicos, lo que llevó a sobreponer normas que establecían distintos límites”, aclara el asambleísta Hernández.
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