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En zonas comerciales denominadas bahías se realizan actividades como el ‘pitufeo’, que implica el lavado de dinero.
Dinero, joyas, teléfonos celulares y siete chequeras fueron decomisados en el operativo Palma Real, en el que quedó en evidencia un caso de lavado de dinero en mayo del 2011, en Quito.
Esta economía informal y factores como el uso del dólar como moneda oficial son un caldo de cultivo para actividades ilícitas como el lavado de activos, según un informe del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) que se publicó en diciembre último y tres expertos sobre este tema entrevistados por este Diario.
Lo ocurrido el domingo 13 de mayo pasado, cuando una avioneta con matrícula XB-MPL de origen mexicano se estrelló en el sitio rural Coaque del cantón Pedernales, en el norte de Manabí, evidencia que en el país se introduce dinero de dudosa procedencia, opinan los analistas. En el interior de esta nave, cuyo vuelo no fue detectado, se encontraron $ 1’340.000 y a sus dos tripulantes muertos.
Un factor que incide para que en el país se introduzca dinero de dudosa procedencia para el lavado de activos es la deficiencia en el control de ciertos sectores de la economía proclives a ser usados por los llamados lavadores de dinero, advierten los expertos Marcos López y Galo Del Pozo.
La comercialización e industrialización de las capturas del mar es proclive a ser usada como pantalla para el lavado de activos. Una economía informal en la que la mayoría de transacciones se zanjan casi siempre con una misma pregunta: ¿Desea su nombre o consumidor final en la factura?, aumenta el riesgo de que el dinero fluya sin control, según el analista López. “En el país hay negocios de alto riesgo porque exigen una gran movilización de dinero. Una piladora normalmente paga en efectivo, lo mismo sucede en las camaroneras. O en los mercados donde los chulqueros colocan dinero como préstamos”, agrega.
El sistema de alerta establecido por el Estado para detectar las denominadas “operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas” se centra en el sector financiero y en la economía formal.
En la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que data del 2005 y que se reformó en diciembre del 2010, se define como “operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas” a “los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil que estas han mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse”. En este marco jurídico se determina a veinte sectores que deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) estas llamadas “operaciones o transacciones injustificadas”.
Se incluye a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, notarías, registros de la propiedad y mercantiles, negociadores de joyas, comerciantes de antigüedades, a más del sistema financiero.
En su art. 3, literal c, se establece también que las personas naturales o jurídicas de esos veinte sectores deben “registrar las operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de treinta días”.
La entrega de esta información a la UAF es obligatoria. El problema radica en la falta de control, ya que hasta diciembre del 2011, la UAF registraba 748 sujetos obligados a reportar “las transacciones inusuales e injustificadas” y las que superan o igualan el umbral ($ 10.000).
Mientras que en un informe de labores de la UAF se determina, basándose en información entregada por distintas instituciones estatales, que solo el número de fundaciones y organizaciones no gubernamentales es de 33.522. Se identifica a 668 negociadores de joyas, 2.039 agencias y operadoras de turismo, entre otros.
Un limitante es la falta de control en torno a las transacciones menores al umbral de los diez mil dólares, según Del Pozo. En este caso, los lavadores de dinero utilizan la actividad conocida como ‘pitufeo’ para introducir y legalizar en la economía formal el dinero procedente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. El ‘pitufeo’ implica transacciones bancarias más pequeñas con el uso de un mayor número de personas para hacer circular los montos.
Dinero, joyas, teléfonos celulares y siete chequeras fueron
decomisados en el operativo Palma Real, en el que quedó en evidencia un caso de
lavado de dinero en mayo del 2011, en Quito.
“El blanqueo se hace juntando a un grupo de personas para que depositen el dinero en cuentas. Como estas operaciones son de un monto menor al umbral (menores a los diez mil dólares), no son susceptibles a ser reportadas”, advierte Del Pozo.
En el informe del Gafisud se plantea que en la ley del país se debe reducir el tope a ser reportado de diez mil a cinco mil dólares, lo que implicaría también que la UAF reciba más reportes de alerta por analizar.
Según la ley, la UAF debe también acreditar a los sujetos obligados a reportar, tras un proceso de capacitación previo a entregar esta calificación. Además, hace falta establecer la forma como ciertos sectores deben reportar las transacciones.
Por ejemplo, aún está pendiente la inclusión de sectores como los vendedores de antigüedades y los negociadores de joyas y piedras preciosas.
Del Pozo menciona que los sectores inmobiliarios, el de compra y venta de vehículos y las casas de empeño donde se negocian joyas son los más proclives a ser usados para hacer circular el dinero “sucio”, debido a la informalidad que los caracteriza. “Están en todo el país y trabajan sin control”, asegura.
Él describe un caso que acontece en Quito, donde los taxistas reciben préstamos de chulqueros. “Este dinero ingresa al país de Colombia. Una señora de Pomasqui, en la Mitad del Mundo, se encarga de dar los créditos a los taxistas para que ellos compren vehículos y luego les cobran a diario los intereses”, refiere.
Opina que a la UAF le falta un papel más “proactivo” para detectar los casos: “La parte investigativa no se hace desde un escritorio. Hay que salir para detectar las alertas. Hay que ver el nivel de las construcciones en una economía que no da para tanto”, recalca.
Las casas de empeño donde las personas reciben dinero a cambio de empeñar sus joyas u otros objetos de valor también requieren ser incluidas en el control, según el informe del Gafisud. Además, en este documento se establecen deficiencias para controlar al sector inmobiliario, ya que la información se encuentra dispersa en notarías, registradurías e intermediarios o agentes inmobiliarios. En dicho informe se determinan falencias en otros sectores regulados en la ley, como el que maneja las remesas de los emigrantes. En este documento de 363 páginas se establece que en el 2010 se lavaron 1.570 millones de dólares en el país. El Gafisud se basa en los 38 reportes enviados por la Dirección de Análisis de Operaciones de la misma UAF a la Fiscalía.
Diego Zapater, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (como se llamaba la UAF antes de la reforma del 2010), asegura que el país se ha convertido en una zona de tránsito del dinero proveniente de las áreas productoras de droga (cocaína) del Putumayo, en Colombia, y Alto Huallaga, en Perú. “La situación es grave y hay mucho que hacer en nuestro país y en el contexto internacional. Hay que mejorar la ley contra el lavado de activos”, advierte Zapater.
En el informe de labores de la UAF se detalla que de los 397 reportes de “operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas” recibidos de los sujetos obligados durante el 2011, solo se consiguió remitir a la Fiscalía 47 de estos casos.
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Casos ha enviado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a la Fiscalía para que se inicien los procesos de indagación por presunción de lavado de activos durante lo que va de este año.
Fuente: EL UNIVERSO*
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