Las consignas de la oposición alimentaron los temores de la Escolta Legislativa. La reunión entre policías y servidores públicos en la Universidad Central no concretó una manifestación unificada.
La duda los carcomía y con ella entraron al pleno de la Asamblea Nacional. No eran más de 10. Cual delegados de la Policía fueron a hablar con los asambleístas de PAIS durante la sesión del 29 de septiembre de 2010. Y lo pudieron hacer porque eran parte de la escolta legislativa.
Mientras en las barras altas los servidores públicos civiles agitaban y vitoreaban a favor de sus derechos, los policías rodearon a la asambleísta Rosana Alvarado, ubicada junto a la puerta izquierda del pleno, buscando conocer si el proyecto de Ley de Servicio Público (Losep) afectaba sus derechos, como afirmaba un sector de la oposición.
Cerca de Alvarado estaba Dora Aguirre, otra militante de PAIS e integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Ella les explicó el contenido de la ley e insistió en que el artículo 115 reconocía, por primera vez, el pago de horas extras y suplementarias para los gendarmes.
“Su actitud no fue agresiva, pero simplemente no tenían autorización para ingresar al pleno. La escolta lo sabía”, sostiene Aguirre. En la grabación de la sesión 61 se escucha que desde el sector de la oposición exclamaban: “El pueblo uniformado también es explotado”.
En esa sesión el veto a la Losep era el segundo punto en el orden del día y estaban previstas más de 50 intervenciones.
Desde que se instaló el pleno, los legisladores de la oposición advirtieron sobre los posibles riesgos del veto. Fausto Cobo, militante del Partido Sociedad Patriótica (PSP), se refirió a la eliminación de ciertos beneficios de las FF.AA. y la Policía.
“No podemos permitir que los servidores públicos, en este caso las FF.AA. ecuatorianas y la Policía Nacional, que no son especiales, pero son diferentes y cumplen una misión diferente, sean en este momento escatimados.
Escatimados desde la Presidencia de la República en sus derechos, que siempre el pueblo ecuatoriano los ha reconocido”, dijo Cobo, dirigiéndose a los servidores públicos que observaban desde las barras.
Salubristas de varias zonas del país, funcionarios de dependencias judiciales, de la Contraloría y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, estuvieron presentes. Asimismo, dirigentes sindicales como Miguel García, por los servidores públicos; Nelson Erazo, de la Unión General de Trabajadores (UGT); y Mesías Tatamuez, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); fueron recibidos en Comisión General.
Todos apelaron a los derechos de la clase obrera y a los riesgos que, a su criterio, implicaba la objeción del Ejecutivo.
Mientras los asambleístas de la oposición alimentaban esas advertencias, en Alianza PAIS -primera fuerza política de la Asamblea- había confusión y desinformación, lo que generó conflictos durante la votación. Aquel día no actuaron como bloque.
Días antes la bancada se reunió con el presidente Rafael Correa en Carondelet para analizar los vetos del Ejecutivo a tres leyes importantes, entre ellas la Losep.
Esta última se trató a breves rasgos por falta de tiempo y sólo se discutió la compra de renuncias obligatorias, la extensión de la jornada laboral a los salubristas, el pago de jubilaciones con bonos y el sometimiento de todo el sector público al Ministerio de Relaciones Laborales.
La eliminación de los incentivos económicos que se entregaban como parte de los ascensos y condecoraciones en las FF.AA. y la Policía quedó fuera del debate.
Con varios temas pendientes, el bloque se reunió para definir una postura frente a la objeción presidencial; pero apenas 12 de los 57 asambleístas asistieron.
Pese a ello tomaron la decisión de ratificarse en determinados artículos, entre ellos el que mantenía los incentivos económicos para la fuerza pública y el que establecía la compra de renuncias voluntarias a los servidores públicos, pero no obligatorias.
“El debate fue intenso. María Augusta Calle y Fernando Bustamante explicaron la importancia de sostener el acuerdo de la Comisión con las Fuerzas Armadas. Siempre nos hablaron del malestar que se generaría entre los militares, pero nunca de la Policía”, contó uno de los presentes.
El día de la votación parecía que todo estaba arreglado. En su intervención Calle aseguró que PAIS se ratificaría en la mayoría de los artículos, con el compromiso de defender los intereses de los servidores públicos; pero en la practica había confusión. Incluso se propuso suspender la sesión para resolver el tema, una sugerencia que no fue acogida por el presidente Fernando Cordero. Cada legislador votó según su conciencia, en cada uno de los vetos.
Alianza País se allanó a gran parte del veto y los incentivos para los uniformados quedaron fuera de la ley, pero sí se evitó la incorporación de la compra de renuncias obligatorias, lo que calmó a los servidores públicos presentes en la sesión.
Bajo la mirada fija de los policías, la entonces presidenta de la Comisión, Nivea Vélez, expresó en el pleno su preocupación por la reacción de las FF.AA. si se incumplía el acuerdo con la cúpula militar. “Insistí en el tema con los coordinadores de PAIS, pero alguien dijo que en la Presidencia había malestar y que si no nos allanábamos podía decretarse la muerte cruzada (disolución de la Asamblea). Eso incidió en muchos”, acotó Vélez.
El factor que sí desmovilizó a los otros funcionarios públicos fue no aprobar el artículo de las renuncias obligatorias, como proponía el veto del Ejecutivo.
Y entonces, esos diez policías que ingresaron al pleno retornaron a sus puestos, convencidos temporalmente de que no serían afectados sus beneficios. Sin embargo, en otras instancias, otros policías y algunos políticos ya preparaban lo que sería la sublevación del día siguiente.
Incluso las gestiones de algunos policías para recibir apoyo de los sindicatos, en una reunión clandestina en la Universidad Central del Ecuador, ya no tuvo el resultado esperado. Entonces empezaron las insistentes llamadas y avisos de alerta a varias unidades provinciales, de que al día siguiente habría una protesta masiva.
Lo único que marcó la alerta fue un grupo de esposas de policías, que paradas en la tribuna de la Avenida de los Shyris, en el norte de Quito, gritaban en contra del Gobierno y portaban carteles que decían “Fuera Correa”.
Así lo testificaron algunas personas que se encontraban en la sede de PAIS, al frente de esa tribuna, entre ellas la asambleísta María Augusta Calle.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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