El informe balístico sobre los proyectiles y el estriaje de las armas usadas el 30-S no se realizó.
El enfrentamiento armado entre los policías sublevados y las fuerzas especiales que el 30 de septiembre de 2010 rescataron al presidente Rafael Correa, luego de varias horas de permanecer retenido en el tercer piso del Hospital de la Policía, provocó una serie de críticas que cuestionaban la ejecución de un plan militar dentro de un recinto médico.
En los medios de comunicación, aquella noche y en los días posteriores, se dijo que los fusiles utilizados en el operativo de rescate eran de uso exclusivamente militar, pero el análisis de un experto ecuatoriano demostró que tanto las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como la Policía Nacional tenían acceso al mismo armamento y municiones.
En las imágenes captadas por los canales de televisión, la noche del 30-S, se observa que los francotiradores de la Policía, apostados en los altos de los edificios aledaños a la casa de salud, están dotados con fusiles M16 A1 y M16 A2 (ver gráfico), dos armas que son de uso policial y militar.
Precisamente, por esa razón ha sido difícil identificar a los responsables de los disparos perpetrados en contra del Hospital de la Policía, cuyos costos por reparación superaron los 93 mil dólares, según un informe de la Contraloría.
Tampoco ha sido posible identificar a quienes dispararon en contra del vehículo que recogió al Primer Mandatario desde los bajos del hospital policial y que ocasionaron la muerte del sargento Froilán Jiménez, del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que fue parte del cinturón de seguridad.
También se investiga la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños mientras participaba en la marcha ciudadana que exigía la liberación del Jefe de Estado; y las circunstancias en que fallecieron los soldados (Darwin Panchi y Jacinto Cortez, y el policía Edwin Calderón.
El experto asegura que los policías sublevados y los uniformados que participaron en el operativo de rescate “tenían fusiles de iguales características”, con lo que se desconfigura la versión de que los insubordinados solo utilizaron balas de goma, como se difundió a través de los medios.
Casi un año después del 30-S no existe un informe balístico de los proyectiles que impactaron en los cuerpos y en el vehículo del Presidente, comparado con el estriaje de las armas que tenía el personal tanto policial como militar, una prueba importante para identificar el arma que detonó los disparos.
La investigación, que era responsabilidad de la Fiscalía, no se hizo porque no se recolectaron las municiones.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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