Cuando una mañana se vio al espejo, Carmen lloró desconsolada. Decidió no soportar más los maltratos de su conviviente, quien desde hace ocho años le agredía.
Con 28 años y dos hijos, la mujer pensaba que no soportaría la separación. Pero hace dos meses sus familiares la convencieron de poner una denuncia y se separe.
La de Carmen es una de las 7 324 denuncias sobre violencia intrafamiliar que, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, se registraron en Quito, entre enero y junio del 2011. Además, los celos resultaron el principal problema que provocó estos casos (ver más en infografía).
En la capital funcionan ocho centros de Equidad y Justicia (CEJ). Allí las personas que sufren maltrato físico o psicológico pueden buscar ayuda y protección.
Al CEJ de La Delicia, en la calle Luis Tufiño y avenida De la Prensa, llegan entre 20 y 25 personas por día, para realizar este tipo de denuncias. Ese es uno de los centros integrales, en donde además de trabajo social, psicología y comisarías, hay atención de Fiscalía, Policía Judicial, Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif), Dinapen y Medicina Legal.
Hasta allí acudió Carmen. Al inicio se encontraba nerviosa, temía que su agresor le hiciera daño a ella y a sus hijos. “Él estaba mal, bebía mucho y cada vez llegaba a la casa a golpearme y a insultarme. Siempre me hizo creer que sin él incluso llegaría a morirme”.
Según los expertos del Centro de Equidad, son frecuentes los casos en los que se presenta no solo el maltrato físico sino el psicológico. Nancy Jaramillo, coordinadora de ese CEJ, dice que “llegan a menospreciarlas tanto que ellas piensan que todo lo que les dicen es verdad. No ponen la denuncia y si lo hacen, después de un tiempo quieren retirarla porque las amenazan o les perdonan”.
Para una denuncia, el o la agredida deben tomar un turno en Información y les direccionarán a la Comisaría. Es necesario, aunque no obligatorio, que tengan una copia de la cédula además de la dirección donde vive o trabaja el agresor. Eso sirve –dice Jaramillo- para que el Devif notifique al denunciado si la víctima recibe una boleta de auxilio o medidas de amparo y protección. Caso contrario, la denuncia es anulada.
Carmen no retiró la denuncia. El comisario que atendió su caso le dio una boleta de auxilio y medidas de protección para ella y sus dos pequeños. Su ex conviviente no puede acercarse a su domicilio, al trabajo de su pareja ni a la escuela de sus hijos.
La ayuda de los psicólogos fue fundamental para ella. Afirma que con las terapias comprendió que la situación no era normal y que nadie podía agredirla.
Hay casos en que las víctimas abandonan el proceso. Amanda M. quiso retirar la denuncia que hizo contra su padrastro por maltrato. En el Centro Integral Las Tres Manuelas, de la calle Loja, le dijeron que una vez presentada la denuncia, esta es numerada y archivada. “Quise retirarla porque mi mamá me amenazó que me mandaría de la casa”. La joven de 18 años no trabaja ni estudia y depende de su madre.
Según el XV Informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, los principales agresores son los esposos y convivientes con el 51%, seguido por los enamorados, con el 14%.
La teniente Verónica Espinoza, jefa del Devif de Pichincha, dijo que 260 mujeres fallecen al año como consecuencia de la violencia. Son víctimas de sus esposos, convivientes, novios, etc. A esta unidad acuden las mujeres que necesitan ayuda porque su situación se salió de control.
La funcionaria dijo que las amenazas son constantes para que la mujer maltratada regrese con sus agresores. “Cuando hay hijos de por medio, las extorsionan, les dicen que les quitarán a los niños, que ellas no pueden mantenerlos. A veces las mujeres ceden”.
Por eso para estos centros, la prevención es lo más importante. Con este se busca concienciar a los jóvenes y se emprenden campañas en los barrios para que las mujeres afectadas denuncien.
Hacer una denuncia demora alrededor de una hora. Si el caso pasa a la Comisaría, la afectada debe dar su testimonio. Si el comisario lo considera, dispone las respectivas medidas de protección como boletas de auxilio.
El tipo de agresión también influye para decidir una medida. Si una agresión imposibilita a una agraviada por más de cuatro días, el caso se remite a la Fiscalía. El proceso allí demorar entre un año o dos, dependiendo de las pruebas y la audiencia de formulación de cargos. En ese proceso el agresor puede ser detenido.
Fuente: EL COMERCIO*
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