El grupo especial de la Policía fue investigado por detenciones arbitrarias y también por abuso con los detenidos, que luego denunciaron y se convirtieron en juicios.
Foto: Edú León / El Telégrafo
A inicios de septiembre de 2010, 17 ex policías de la unidad fueron detenidos por la desaparición del ciudadano George Cedeño, ocurrida un año atrás.
“Comandante (Freddy Martínez) no los abandone” era el sentir, casi generalizado, entre los policías al conocer de la detención de 17 ex agentes del desarticulado Grupo de Apoyo Operacional (GAO), a inicios de septiembre de 2010, por cometer presuntos actos de violación a los derechos humanos.
La unidad de élite de la Policía se creó en 1994 para contrarrestar el crimen organizado y apoyar al Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Pero no pasó mucho tiempo para que las organizaciones de derechos humanos les atribuyeran delitos de torturas, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, lo que generó dudas sobre sus métodos y posteriormente causó su desarticulación, en octubre de 2009.
Durante el tiempo que operó el GAO los agentes vestían de civil y permanentemente eran capacitados en técnicas antidelincuenciales por fuerzas especiales de la Policía ecuatoriana y de otros países, como Francia y Estados Unidos. Su “experticia” para resolver casos fue reconocida al interior de la Policía, por lo que con el tiempo “dejaron de rendir cuentas y eran muy influyentes en la institución”, comentó una fuente.
Esa “autonomía” con la que actuaban también generó la sospecha de sus compañeros, pues muchos comentaron que tenían casi el mismo “poder” que un comandante a pesar de que algunos de ellos eran oficiales y de tropa.
Uno de los casos que sembró dudas sobre el proceder del GAO fue el enfrentamiento armado en la vía a Pintag (Valle de los Chillos), en diciembre de 2008, y que terminó con la vida de nueve presuntos delincuentes.
Cuatro de ellos murieron al interior del vehículo en el que viajaban y se hallaron seis armas en la escena del crimen, ningún policía resultó herido, reportaron los responsables del operativo.
Esos indicios permitieron que varios activistas de derechos humanos sugieran una posible “ejecución extrajudicial” que trajo a la memoria de ciudadana el caso Fybeca, en Guayaquil, ocurrido en noviembre de 2003, que involucró al GIR.
Días después, el entonces subsecretario de Gobierno, Felipe Abril, reconoció que en cada operativo que actuaba el GAO y que había fallecidos, la justificación era la misma: “En ese momento patrullábamos el sitio, los delincuentes intentaron escapar, nos dispararon y respondimos...”.
A esa ola de cuestionamientos se sumó después el informe de la Comisión de la Verdad (publicado en junio de 2010) que contenía denuncias de violación a los derechos humanos cometidos por policías, entre ellos, del ex GAO.
Una de las víctimas de tortura fue Miguel Cadena Polanco, quien fue involucrado por agentes de la unidad en el asalto a la joyería Terranova, en marzo de 2008.
El hombre fue golpeado e intentaron ahogarlo para que se autoincrimine. Todo ocurrió en el sexto piso del edificio de la Policía Judicial, en Quito, en el que funcionaba el GAO. Un examen médico legal corroboró su denuncia y en abril de 2009 fue declarado inocente.
En marzo de 2010 el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh, también dispuso que se investigue la desaparición de George Hernán Cedeño luego de que fue detenido por ex agentes de la unidad, el 30 de septiembre de 2009, en el norte de la capital.
Como resultado de la indagación, 17 policías en servicio activo fueron arrestados (cuatro oficiales y 13 clases y policías) el 9 de septiembre de 2010, por el presunto delito de detención arbitraria con tortura. Los implicados fueron trasladados a la Cárcel 4, en el norte de Quito.
La noticia molestó a un grupo de policías que cuestionaba la falta de apoyo institucional, especialmente del ex comandante Freddy Martínez. “Hubo quienes plantearon que se los apoye con abogados, con terapia psicológica y dinero para sus familias, pero nada se concretó, pues otros reprochaban la actuación de los ex GAO”, contó una fuente.
La molestia se expresó en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S). Algunas fuentes consultadas por este Diario coinciden en que más allá de la Ley de Servicio Público, que supuestamente eliminaba medallas y condecoraciones para los policías, ese día se planteó la excarcelación de los detenidos como una condición para liberar al presidente Rafael Correa, que estaba retenido en el tercer piso del Hospital de la Policía.
Las investigaciones en torno al 30-S revelaron la participación del sargento Segundo de Policía Luis Martínez, ex miembro del GAO, en la sublevación.
Según la Fiscalía, su voz fue identificada en el audio de la radio patrulla bajo el seudónimo de “Luchador 1” y fue sentenciado por la Corte de Pichincha a dos años de prisión por intento de magnicidio, junto con otros dos policías. En el proceso del que fue absuelto el coronel César Carrión, ex director del hospital de la entidad.
El ex GAO presentó un recurso de casación, pero mientras espera la audiencia, asegura que hay autoridades de alto rango que no han sido investigadas.
Los 17 ex agentes involucrados en el caso Cedeño, en cambio, fueron sentenciados a once meses de prisión, por lo que fueron liberados en agosto pasado.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
No hay comentarios:
Publicar un comentario