En una evidente maniobra política para defender a diario El Universo, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se convirtió la mañana de hoy en un tribunal de defensa, donde cada uno de sus miembros se dirigieron en forma dura contra el Presidente de la República, Rafael Correa, profirieron amenazas legales contra el Consejo de la Judicatura y fungieron de tribunal de defensa de diario El Universo.
Lourdes Tibán, presidenta de la Comisión, dijo que este grupo legislativo será el que “abra las puertas para todos los sectores que no tengan voz en todos los espacios y comisiones”, y con ello justificó la curiosa presencia del procurador judicial del rotativo guayaquileño, Joffre Campaña, y los máximos personeros del diario, la familia Pérez.
Sin embargo reconoció que “no será la comisión la que dé una respuesta concreta, pero vamos a hacer los esfuerzos por encaminar investigaciones”. Con estas palabras se evidenció que el cuerpo legislativo en realidad no tiene competencia administrativa para dirimir esta clase de problemas, pero puede prestarse para un show mediático, disfrazado de tarea fiscalizadora.
Sin embargo, y como era de esperarse, uno por uno, los miembros de la Comisión que son abiertamente opositores y se han caracterizado por maniobras, incluso desestabilizadoras, (caso Kléver Jiménez, Lourdes Tibán, Galo Lara y el 30 de septiembre), hicieron uso de la palabra y aprovecharon para expresar toda clase de aseveraciones malintencionadas contra el Presidente de la República y manifestaciones de apoyo incondicional a la familia Pérez y a diario El Universo.
El asambleísta Enrique Herrería, aquel que el 30 de septiembre encabezaba un pedido público de amnistía a los sublevados, descalificó el proceso contra diario El Universo, ya que según él, se quiere intimidar a la prensa y este sería simplemente un mecanismo de presión dictatorial.
Herrería no pertenece a la Comisión que hoy su presidenta la denominó como “abierta”. Quizás por eso, otro mordaz opositor, Andrés Páez, también acudió al linchamiento legislativo que –bajo la premisa de la defensa a la libertad de expresión- se dio en torno al Presidente y al Gobierno, en el seno de la Comisión.
Inmediatamente, puso como ejemplo al caso El Universo, calificando a la sentencia que se dio en contra del medio, como un “disparate redactado por un sinvergüenza”, al tiempo de exhortar –pese a no pertenecer a la Comisión- a que se defina un curso de acción a lo resultante de la comparecencia de Campaña. “Para que sepa el correísmo que habemos personas dispuestas a poner el pecho a las balas y no permitiremos que la libertad de expresión sea socavada”, dijo en tono paladino.
El ex oficialista, César Rodríguez, no logró cuajar autoridad alguna en la Asamblea y expresó que la justicia está rayando en el escarmiento, expresado en la sentencia contra el medio, a la que calificó de “desproporcionada”. Nada dijo –pese a haber sido hace poco tiempo el gestor e impulsor de un Consejo de Regulación y de la responsabilidad ulterior de los periodistas- del nivel de afectación que una grave calumnia pública tiene sobre cualquier ciudadano y más aún sobre un funcionario público.
La asambleísta Cinthya Viteri dijo –cual clarividente- que el Presidente miente en torno al destino que dará a indemnización por sentencia a El Universo, calificó de “títeres” a los miembros del Consejo de la Judicatura y aseguró que la intención es que el juez Primo Díaz subrogue a la presidenta de la Corte, Leonor Jiménez, que –curiosamente- es madre de la asambleísta, para elaborar la sentencia contra el diario.
Por su parte, haciendo alarde de un debate sin sustento y, en medio de todas las cámaras presentes, el mayor argumento presentado por el asambleísta Galo Lara, fue un grotesco monigote graficado en un cartel donde aparece la figura del Presidente en el cuerpo del muñeco Chucky, protagonista de una serie de películas de terror de baja calidad. Intentó hacer alusión a los sucesos dados en torno al sistema operativo Chucky Seven.
Kléver Jiménez, por su parte, anunció que demandará en la Corte Penal Internacional al Presidente Rafael Correa por su responsabilidad el 30 de septiembre, cayendo en un papel casi delirante, donde pretende endilgar al principal afectado del intento de golpe de Estado, como responsable de los hechos. “Si nosotros como comisión no hacemos nada, no habrá esperanzas para el pueblo ecuatoriano”, dijo Jiménez, asumiendo una representación débil.
Para Campaña, quien tuvo casi una hora y diez minutos, para dar las explicaciones de las supuestas irregularidades en la sentencia emitida en contra de diario El Universo. Para el efecto, involucró directamente en el caso a los miembros del Consejo de la Judicatura, con el fin de descalificar a lo actuado por el juez Juan Paredes.
Campaña, quien protagonizó una muestra mediática que incluyó todo el cuerpo legal del caso (más de 20 expedientes) sobre la mesa de la Comisión, tampoco hizo mención alguna sobre las aseveraciones de Emilio Palacio, quien –recordémoslo- aseguró que el Presidente de la República ordenó disparar contra un hospital lleno de civiles.
El abogado se refirió solamente a lo que considera irregular dentro de la emisión de la sentencia, olvidándose del hecho inicial que ha llevado hasta estas instancias a este caso: la calumnia de Emilio Palacio, quien ahora reside en Miami.
Finalmente, se informó que Marco Murillo pedirá que comparezca Tania Arias y todo el Consejo de la Judicatura a la comisión de Derechos Colectivos, a que rinda explicaciones de estos hechos.
Como una suerte de espíritu de cuerpo, en la comparecencia estuvieron los periodistas Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), y Juan Carlos Calderón, editor de Revista Vanguardia.
Fuente: EL CIUDADANO*
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