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Rafael Correa anuncia que vetará reformas a la ley de la Función legislativa
Guayaquil, 22 dic (Andes).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que no dará paso a las reformas a la ley de la Función Legislativa, cuyo contenido –en gran porcentaje- fue aprobado este jueves por una mayoría de oposición. El oficialismo considera que las reformas, promovidas por la oposición, busca caotizar la Legislatura y desestabilizar al régimen.
“Como nosotros no nos prestamos a cantinfladas ni a circo, vamos a vetar todas las barbaridades que está haciendo la Asamblea”, dijo el mandatario al rechazar el argumento de la oposición en el sentido que dicha ley no puede ser vetada por el Ejecutivo.
“No nos vamos a prestar a esto. Ellos pueden decidir lo que quieran: esa ley tiene que pasar al Ejecutivo y yo vetaré todas las cantinfladas que está haciendo una oposición desesperada y menos que mediocre”, advirtió Correa durante un conversatorio con la prensa en Guayaquil.
El gobernante manifestó que en ningún articulado de la Constitución vigente se menciona que la Asamblea puede enviar una ley directamente al Registro Oficial. “Eso es inconstitucional por los ocho costados, es inaceptable”, subrayó.
Entre las reformas aprobadas este jueves consta que el pleno de la Asamblea podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional con la aprobación de una mayoría absoluta.
Además, que el ámbito de la Legislatura rige en todo el país lo que, según legisladores del oficialismo, podría propiciar que cualquier ciudadano sea llamado a responder ante el Parlamento.
Otras propuestas, que no se aprobaron hoy, pero que se tratarán el próximo miércoles es la posibilidad que los ministros de Estado sean llevados al pleno de la Asamblea Nacional en un supuesto proceso de fiscalización y control político.
Esto es interpretado por el oficialismo como un afán de figuración política con fines electoreros y que desviaría la atención en la aprobación de las leyes.
Otra de las propuestas -de la cual desistió de la mayoría de oposición-era establecer procesos de fiscalización a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (seccionales), a la Función Judicial y al Consejo Nacional Electoral.
Además, destituir a las autoridades de la Comisión Administrativa de la Legislatura (CAL).
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