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Conseguir el permiso implica pérdida de tiempo y dinero. Solo en las industrias de alimentos se registran pérdidas de $ 300 millones anuales.
En Ecuador obtener un registro sanitario les toma a algunas empresas un promedio de cuatro meses a un año. La larga espera por obtener la autorización, para poder comercializar sus productos dentro del país, les resta competitividad.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), presidida por Christian Wahli, calcula que al año el sector demanda cerca de 4.000 registros sanitarios, pero la tardanza -si se considera en el estudio cuatro meses- por cada uno implica dejar de vender unos $ 20.000 al mes; es decir, 336 millones de dólares al año.
La industria farmacéutica también afronta pérdidas.
En Farmayala aún están a la espera que les concedan tres autorizaciones que solicitaron desde el año pasado al Instituto Nacional de Higiene (INH), entidad adscrita al Ministerio de Salud y encargada de emitir esos permisos. Según el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud, las empresas dedicadas al expendio de alimentos procesados, medicamentos, productos higiénicos, plaguicidas, entre otros, que "son fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, comercialización, incluidos los que se reciban en donación" deben cumplir con el requisito.
En el INH aseguraron que la demora en la entrega de los registros obedece a que algunas empresas no han enviado los documentos completos para acceder al permiso. La respuesta del Instituto fue breve y alegaron otorgar una entrevista mañana. Sin embargo, en el sector industrial persisten las quejas, no solo porque deben acumular más papeles, sino porque el personal no es suficiente para atender la demanda.
Farmalaya dice que necesita armar hasta cinco carpetas por cada tipo de producto que requiere de un registro. La empresa debe explicar las especificaciones del producto y su elaboración. Esta información es entregada a distintas áreas: legal, técnica, química, farmacología y archivo. Es un trámite que hay que cumplir aún cuando se trata de una renovación.
"Al año tramitamos unos cinco registros (sin contar la renovación), pero en ocasiones logramos obtener apenas uno. El resto hasta un año después", aseguró una representante de Farmayala.
Otra de las razones de la demora, afirma Xavier Zamora, dueño de ProducCosmetic, es la falta de unificación de criterios para aprobar un certificado. "Muchas veces se interpreta la ley como ellos creen conveniente". Es la misma apreciación de Wahli, quien rechaza "la subjetividad de criterios que varían de acuerdo con el lugar" donde se realiza la solicitud.
Registros por caducar
A partir de 2007, una reforma a la ley disminuyó el periodo de vigencia de los registros de 10 a 5 años. Lo que significa que muchos permisos caducarán a fines de este año, en 13 días más. "Nosotros (en Anfab) calculamos en noviembre unos 4.200 registros. De llegar a conseguirse la mitad, significa que cerca de 2.000 productos saldrían de las perchas", advierte.
La preocupación los obligó a reunirse con Santiago León, ministro coordinador de la Producción, quien se comprometió a impulsar un decreto ejecutivo que permita aplicar una prórroga de un año más a los registros sanitarios que tienen su fecha de vigencia hasta junio del próximo año.
La resolución también incluiría reformas para las renovaciones. Según Whali, de llegar a aprobarse el decreto, no será necesario entregar nuevamente los requisitos para renovar un registro si en el lapso de 5 años de vigencia el producto no ha sufrido modificaciones.
El gremio además está a la expectativa de que se acoja la propuesta presentada, de hacer validar en ciertos productos el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para obtener un registro de forma automática.
Mientras los industriales están a la espera de que se eso se cumpla, el Ministerio de la Producción asegura estar ayudando a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que además de tener dificultades con los tiempos, dejan de comercializar por los altos costos que implica el pago de cada registro (de $ 800 a $ 1.000).
"Eso es pérdida de competitividad. Hemos notado que existen empresas que tienen más de 20 productos y los costos se vuelven muy elevados", afirma Ricardo Zambrano, subsecretario de la Mipymes.
El mayor valor, añade, recae en el costo de la firma de los ingenieros de alimentos. Su aprobación podría llegar a costar hasta $ 500. De ahí que el Ministerio ha contratado a un grupo de 6 especialistas para abaratar y facilitar la obtención del documento. Los industriales califican de positivas las acciones, pero esperan que las autoridades no apliquen medidas "parches" a un problema que ha existido por años.
Fuente: EXPRESO*
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