En febrero, la Corte Provincial de Sucumbíos ordenó a la petrolera a pagar unos 8 646 millones de dólares para remediar zonas contaminadas durante su operación en el país andino.
Además dispuso que Chevron entregue directamente a las comunidades afectadas por la operación unos 860 millones de dólares y que se disculpe públicamente, o en caso contrario se duplicaría la sentencia.
La corte, que fue integrada por tres jueces secundarios, analizó por casi un año las apelaciones que presentaron tanto los demandantes como la compañía a la sentencia de febrero y que fueron rechazadas por los jueces.
Por lo que "se ratifica la sentencia del 14 de febrero del 2011 en todas sus partes, incluyendo la condena a las medidas de reparación moral o su alternativa y costas en esta instancia a cargo de Chevron Corporación", dijo el documento al que tuvo acceso Reuters. Ninguna de las partes estuvo disponible de inmediato para comentar sobre la resolución.
Las comunidades indígenas ecuatorianas plantearon el juicio en 1993 en cortes estadounidenses y una década más tarde fue trasladado a Ecuador, argumentando que Texaco, que fue comprada por Chevron en el 2001, vertió residuos tóxicos mientras operaba campos petroleros en el país en las décadas de 1970 y 1980, provocando severos daños en la salud y el ambiente.
La petrolera apeló la sentencia inicial bajo el argumento de que era "inaplicable" y el proceso había estado marcado por denuncias de corrupción. Mientras que para los demandantes, el monto de la indemnización no alcanzaba para remediar los daños. Tras la resolución de segunda instancia, las partes pueden apelar ante la Corte Nacional de Justicia del país.
Al enterarse del fallo, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que se alegraba por la sentencia ya que, a su juicio, es evidente el daño ambiental imputado a la petrolera.
"Creo que se ha hecho justicia, es innegable el daño que hizo Chevron en la Amazonía", añadió Correa que comparó al juicio como una "lucha de David contra Goliat".
Agregó que si el fallo es de segunda instancia, entonces podría suponer una victoria de los demandantes, ya que a la petrolera sólo le quedaría un recurso de casación, que se presenta cuando se suponen infringidas leyes o doctrina legal, o quebrantada alguna garantía esencial del procedimiento.
Un perito designado por el tribunal de primera instancia había estimado el costo de limpieza y compensación por los daños en 27.000 millones de dólares, pero Chevron mantiene que ese informe no fue independiente, sino realizado en colaboración con los demandantes.
Chevron argumenta, además, que en 1990 alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Ecuador que le exoneraba a responsabilidades medioambientales futuras, situación que, según los demandantes, no influye en un juicio privado.
Además, la petrolera ha denunciado a los abogados de los demandantes por supuesta falsificación de datos y de presionar a peritos científicos para encontrar contaminación donde no existía.
Chevron no tiene activos en Ecuador que puedan ser incautados para el cumplimiento de la sentencia, pero los demandantes podrían iniciar procesos en terceros países donde la empresa sí tiene operaciones para intentar cobrar la indemnización.
De este caso incluso se ha hablado en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que por otra causa ordenó recientemente a Ecuador a pagar 96 millones de dólares a la petrolera, lo que también fue apelada a fines de agosto por el Gobierno ecuatoriano.
Los abogados de los demandantes, que niegan las presunciones de la petrolera, han acusado a Chevron de usar su poder para tratar de impedir el fallo en su contra.
Fuente: EL COMERCIO*
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