Ayala: “Nunca actuamos como una policía secreta”
El Telégrafo
El organismo de control de la gestión pública invita a quienes tienen relación con una entidad del Estado, y a la comunidad en general, a denunciar cualquier hecho de corrupción.
Eduardo Ayala, coordinador regional de la Secretaría de Transparencia, pide poner mano dura a la corrupción. foto: archivo | El Telégrafo
La meta es llegar a cero corrupción. Así lo expresa Eduardo Ayala Guzmán, coordinador Regional de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG), institución creada por el Presidente de la República en el 2008 y que busca eliminar todo acto de corrupción en las instituciones públicas que son regentadas por el Estado, o en las que tiene mayoría accionaria el Estado.
* ¿Cuáles son las atribuciones que tiene la SNTG?
Principalmente tenemos la prevensión, investigación y el combate a cualquier hecho que podría denominarse un acto de corrupción entre los funcionarios públicos. No tenemos competencias en entidades autónomas, como lo son los municipios, prefecturas, juzgados, porque ellos poseen sus propios órganos competentes en este tema.
* ¿Ustedes necesariamente deben iniciar una investigación luego de receptar una denuncia o pueden actuar de oficio?
Nosotros podemos actuar de oficio, pero lo cierto es que el grueso de nuestro trabajo proviene de las denuncias que receptamos a diario.
* ¿Cómo la gente puede poner en conocimiento una denuncia?
Hay tres canales directos para hacerlo: “1 800 ya basta”, que funciona, evidentemente, mediante una llamada sin costo, que permite inmediatamente conocer de un hecho de corrupción que se vaya a cometer o que esté cometiéndose; la segunda forma es a través de la página web www.secretariatransparencia.gob.ec; y la tercera es acudiendo a las oficinas en el centro de Guayaquil, situadas en la avenida 9 de Octubre y Chile, pasaje Valco.
* ¿Los denunciantes son expuestos en el proceso de la investigación como testigos?
Nosotros guardamos toda la reserva del caso en cuanto a la identidad de la persona que denuncia el hecho, por eso el camino que seguimos es justamente investigar para dar con el responsable o los responsables de algún hecho de corrupción.
* ¿Cuál es la política en los procedimientos?
La política nuestra, dirigida por el secretario nacional de Transparencia, Edwin Jarrín Jarrín, consiste en actuar no como una policía secreta, sino que si alguien pone una denuncia y se considera necesario hablar con ambas partes, pues se lo hace. Lógicamente que existen tipos de denuncias que no se pueden dar a conocer al funcionario público de la entidad estatal, porque se tiraría abajo la investigación.
* ¿Qué pasa en esos casos?
En esos casos nosotros investigamos y eso sí, si tenemos verdadero indicio de responsabilidad, presentamos el informe correspondiente.
* ¿Entregan, entonces, el informe a la Fiscalía?
Nosotros podemos entregar esa información a la Fiscalía, en el caso de que veamos suficientes indicios de responsabilidad. Es eso sí, nuestra obligación entregar todo informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo importante es que nosotros guardamos con mucho sigilo la reserva del caso por el tema del honor de las personas, que está en juego cuando nos presentan una denuncia.
* Nombre unos casos que hayan descubierto los investigadores de la SNTG...
Uno es el caso de los matrimonios de cubanos donde hay 2 notarios conocidos de Guayaquil y un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores; el caso Gaspetsa, en el que aparentemente funcionarios de Petrocomercial usaban información privilegiada y, a la larga, crearon una nueva empresa; el caso del Magap en Manabí, en donde se encontraron irregularidades en alrededor de 14 contratos por $ 3,5 millones; otro es el que generó la solicitud de suspensión del Presidente de la Corte de Justicia en Guaranda, el que aparentemente se dedicaba al delito de usura. Este señor había hecho un préstamo de $ 4.000 a una familia pobre hace 16 años.
* ¿Cuántos años de cárcel puede recibir un funcionario corrupto?
El peculado ya no prescribe con los cambios en la ley y es sancionado con reclusión, por lo que puede recibir mínimo seis años de prisión, según el grado de culpabilidad.
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