Ante la noticia de que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) remitió el caso a la Superintendencia del ramo, la organización Fundamedios expresó su preocupación.
Su director ejecutivo, César Ricaurte, señaló ayer que resulta inquietante que continúe la investigación, que fue solicitada por Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República.
“Es una absoluta arbitrariedad que se busque sancionar a una canal por algo tan nimio y pequeño”, dijo Ricaurte, al recordar que el caso ya fue denunciado por Fundamedios en febrero del año anterior.
Desde su óptica, esta investigación se enmarca en la línea de “amedrentamiento” hacia los medios de comunicación del país.
Frente al avance de esta solicitud de investigación, los directivos del canal han preferido mantener calma y no buscar confrontar con Carondelet.
Francisco Arosemana, gerente general y representante legal de Corporación Ecuatoriana de Televisión Ecuavisa, señaló ayer a este Diario que la estación se pronunciará cuando las autoridades resuelvan el caso.
“Esperamos la resolución de las autoridades; nos pronunciaremos tan pronto culmine el trámite regular”, dijo.
La postura de la estación es que el hecho de haber colocado en la pantalla que se trata de una cadena nacional no implica ningún tipo de modificación esencial a las cadenas del Régimen.
Su sustento es que esa sobreimpresión es una forma de alertar al televidente que las imágenes que ve es una cadena dispuesta por el Ejecutivo, que no es parte de la programación habitual del canal.
Sin embargo, desde la casa de Gobierno se tiene otra lectura, por la que se solicita indagar a Ecuavisa. Según Alvarado, esa cadena televisiva debe ser investigada, ya que el domingo 14 de noviembre del 2010 incorporó con caracteres sobreimpresos “Cadena ordenada por el Gobierno”, a un enlace dispuesto por el Régimen.
Según el funcionario de la Presidencia, esta presunta falta se repitió el 17 de febrero y el 11 de marzo del 2011. Además, cuestiona el hecho de que Ecuavisa haya cambiado el horario de difusión de las cadenas nacionales ordenadas por el Gobierno.
Al respecto, Ecuavisa sostiene que la Secretaría de Comunicación no puede imponer un horario fijo para la divulgación de este tipo de material.
El pedido de investigación comenzó en febrero pasado, cuando Alvarado presentó la denuncia. El caso fue a manos del Conatel, que es presidido por el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero. Este organismo resolvió remitir el expediente a la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que realice el respectivo juzgamiento.
Si la Superintendencia determina la existencia de una falta, el caso regresa al Conatel para la imposición de la sanción.
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