Desde el cielo, las denominadas piscinas -construidas a orillas de los ríos- están llenas de aguas color turquesa o café.
“Ese tono se lo dan los químicos (arsénico y mercurio) que utilizan los mineros, que explotan el metal a cielo abierto”, explicó ayer un militar durante un sobrevuelo realizado en la zona minera. El color contrasta con el agua blanquecina de los ríos de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, que alguna vez fueron cristalinos.
De acuerdo con las investigaciones de los militares, la minería a gran escala, que se inició hace 20 años, se concentra en los ríos Cachaví, Tululbí, Bogotá, Santiago y Zapotillo. “Son los cinco ejes en los cuales se han establecido los frentes mineros”. También se conoce que esta actividad ilegal, que corta los árboles y abre pozos para buscar el oro, ha afectado un área de 600 hectáreas.
Uno de los sitios más destruidos está a orillas del río Tululbí, en donde hay un cuadrante deforestado y contaminado de 10 km. El único pueblito que existe cerca de los sitios de explotación de oro es Carondelet. Por este poblado, se cree, entra el equipo pesado que acelera las perforaciones del suelo y contamina los ríos.
El atentado ambiental, precisamente, motivó al operativo militar, de hace ocho días. Previamente se realizó un sobrevuelo, que permitió establecer la presencia de 132 palas mecánicas, de las cuales fueron inhabilitadas 67, que estaban operando en diferentes frentes mineros.
Ayer, en San Lorenzo se reunieron los miembros de la Asociación de Pequeños Mineros del Norte, que agrupa a 120 personas. Ahí Jesús Constantino, presidente del gremio, informó sobre la propuesta del Gobierno para regularizar la actividad. Les dijo que los mineros podrán asociarse con la Empresa Nacional Minera (Enami). Esa noticia redujo la tensión en el sector artesanal, con inversiones de hasta USD 50 000.
Pero los beneficios no alcanzarán a los propietarios de las retroexcavadoras. Hasta el momento ninguno de ellos ha presentado una demanda por la destrucción de los motores de la maquinaria pesada. Es más, la mayoría de palas mecánicas permanece en los campamentos mineros que están abandonados. Ayer los militares comprobaron que la explotación minera está suspendida en el norte de Esmeraldas.
Según el ministro del Interior, José Serrano, la tarea inmediata es evaluar cuánto ha perdido el Estado con esta explotación ilegal de las minas de oro del norte de Esmeraldas. Los montos aún no se han estipulado. Sin embargo, según él, este tipo de explotación ilegal, al ser tan rudimentaria y anticuada, desperdicia un 55% de oro. Es por esto que el metal va -con los residuos de agua y mercurio- dañando el ecosistema.
“Esta minería mete una chancadora, echa mercurio y así solo se extrae el 45% del mineral”. Este es otro de los problemas que el Gobierno ve en esta minería, a más de los problemas de inseguridad y evasión de impuestos.
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