Gabriela Fajardo. Foto: Carlos Silva/Expreso
(EXPRESO).- La Ley de Comunicación fue el tema que recibió más propuestas, entre ellas, modificaciones. El grupo oficialista se mostró partidario de que vuelva a la comisión.
PAIS ofrece aperturas, pero no concreta ninguna
Representantes de las bancadas legislativas debatieron ayer con el titular de la Asamblea sobre la hoja de ruta de varias normativas.
Gabriela Fajardo
De forma estratégica, el oficialismo aprovechó el encuentro sobre el proyecto de Ley de Comunicación para llevar el debate al terreno de su interés: el trámite de los cuerpos legales que se desprenden de la consulta popular.
Ese gran tema no constaba en la agenda de ayer. Por ello, los representantes de minorías y de oposición llegaron a la cita, que inició a las 15:30, con un solo objetivo: que el informe para segundo debate de la Ley de Comunicación -que está aprobado hace un año- regrese a la comisión respectiva y sea modificado.
La socialista Silvia Salgado, afín a PAIS, inauguró la reunión pidiendo el compromiso de todos los grupos políticos para que “la Asamblea se comprometa a cumplir con el mandato popular”. Minutos más tarde, el oficialista Virgilio Hernández reforzó ese criterio: dijo que los resultados de la consulta son vinculantes para los legisladores.
Andrés Páez (ID) y Paco Moncayo (Alianza Libertad) respondieron. El primero, por ejemplo, sugirió establecer un cronograma para aprobar las reformas que permitan aplicar las diez preguntas de la consulta. Según Páez, eso demorará alrededor de un año. Moncayo, en cambio, mencionó que la tarea tendrá complicaciones porque hay vacíos legales respecto a cómo y en cuánto tiempo tramitar esos temas.
Alrededor de las 17:30, Cordero sintetizó la propuesta del oficialismo: que las reformas se tramiten en función de los plazos de la ley Legislativa, que los asambleístas se organicen en grupos para elaborar los proyectos, que el trámite inicie lo antes posible y que se ahonde en diálogos para consensuar las nuevas leyes. Eso sí, Virgilio Hernández aclaró que las conversaciones serán solo “con los sectores políticos que acepten los resultados de la consulta”.
Rafael Dávila (Alianza Libertad) y Magaly Orellana (Pachakutik) prefirieron no polemizar. Sin embargo, recordaron el alto porcentaje que obtuvo el voto No en el referendo y además, que esa tesis se impuso en 12 provincias. La propuesta oficialista, al menos en la cita de ayer, no iba a ser respaldada. Por ello, en los minutos finales del encuentro, se ahondó en el tema Comunicación.
César Montúfar (Concertación Nacional) sugirió que para destrabar ese proyecto de ley también debiera darse paso a otras normas: la abolición de figuras penales como el desacato y la Ley de Telecomunicaciones. Fausto Cobo (PSP) y el municipalista Jimmy Pinoargote, pidieron que esos temas debieran ser analizados en la comisión que aprobó el informe para segundo debate. Insistieron en que ese texto debe ser modificado.
El presidente Cordero se mostró favorable a que el informe vuelva a la Comisión de Comunicación. Aunque, por aspectos de procedimiento, los acuerdos solo podrán ser incluidos mediante un adéndum.
Si esto sucede, recalcó Jorge Escala (MPD), “el informe final debe garantizar el cumplimiento del acuerdo ético-político” que los grupos políticos suscribieron respecto a la ley. El objetivo, agregó el legislador, es evitar que el presidente Rafael Correa, mediante el veto, imponga sus tesis.
Mauro Andino, quien no fue parte del encuentro y solo lo observó desde las sillas designadas para el público, dijo que él no puede garantizar que el mandatario no vete la norma. Por ello, ante la sorpresiva mirada de sus correligionarios, sugirió que en los diálogos legislativos participen representantes del Ejecutivo.
A las 18:30 la cita concluyó y aunque no se firmó ningún acta, Cordero indicó que en los siguientes días se pondrán en marcha los acuerdos mínimos.
El delegado al consejo transitorio irá a debate
La cita de ayer también sirvió de escenario para que los legisladores propongan alternativas para elegir al delegado de la Asamblea que integrará el Consejo de la Judicatura transitorio. Los municipalistas, encabezados por Alfredo Ortiz, sugirieron que el Legislativo convoque a un concurso público para elegir a un funcionario con formación judicial. Pero, sobre todo, que demuestre probidad y no tenga vínculos partidistas. De esta propuesta se hizo eco el MPD, Pachakutik, Sociedad Patriótica y Alianza Libertad.
Por el lado del oficialismo, en cambio, César Rodríguez propuso que cada bloque presente una lista con los posibles candidatos. La idea, según el legislador, es tener una variedad de nombres.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, aún no ha definido la fecha ni el mecanismo para elegir al delegado. Cuando el Pleno haga el nombramiento, ese funcionario se sumará a un representante del Ejecutivo y a otro del Consejo de Participación.Los resultados de la consulta son vinculantes.
Nos obliga a establecer las reformas que se desprenden de ese mandato. Estamos abiertos a discutir con los sectores políticos que acepten esos resultados.
Virgilio Hernández - Asambleísta de PAIS
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